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Desde Madrid
Crisis económica, desempleo, ajuste drástico del gasto público, altos niveles de inmigración. La mezcla no puede ser más explosiva. Desde 2008 España vive la paulatina pauperización de un importante sector del colectivo inmigrante, alrededor del 13 por ciento de la población total de la península, que padece la crisis por partida doble: es el sector más castigado por los despidos, debido a su baja cualificación y amenaza con transformarse en el chivo expiatorio político a medida que la debacle económica se extiende en el tiempo. El gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha optado por una política que a grandes rasgos se puede resumir en: aumento de las restricciones legales para perseguir a los sin papeles, convenios con países africanos para repatriar a sus ciudadanos y una serie de incentivos para los nuevos desempleados con el objetivo de inducirles a regresar a sus países de origen por su propia voluntad. Políticas sociales, cero.
Según el censo oficial, son 5.708.940, es decir, el 12,2 por ciento del total del padrón. Como la legislación española permite censarse sin estar legal, esta cifra se puede considerar más que representativa. Parecen pocos si se los mira con la perspectiva de la Argentina de principios del siglo XX, son demasiados si el punto de vista es el de una sociedad como la española, acostumbrada a ser tierra de emigración más que de acogida, y que vio crecer el porcentaje de extranjeros a un ritmo vertiginoso. En 1981 eran 200 mil, el 0,52 por ciento del total de habitantes; veinte años después, en 2000, no llegaban al millón, el 2,28 por ciento y cuando asumió Zapatero en 2004 ya se habían multiplicado por tres, llegando a 3,3 millones, la mayor parte provenientes de Marruecos, Ecuador, Bolivia. La mayor parte convocados por una economía floreciente necesitada de mano de obra barata, sobre todo en el sector de la construcción y de los servicios.
El estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 dejó un reguero de desempleados en el sector que fungía de motor de la economía peninsular. Las consecuencias se sintieron de modo inmediato en el colectivo inmigrante. Hoy, uno de cada tres extranjeros presentes en territorio español ha perdido su trabajo, en otras palabras, son casi el 50 por ciento del total de desempleados que suman algo más de cuatro millones de personas, el 20 por ciento de la población activa.
Ante esta situación, el gobierno socialista recurrió a la política de la mano dura, volviendo aún más rígida la ley de residencia, aunque sin llegar a los extremos que se han visto en los últimos años en Italia, donde ser un “sin papeles” pasó de ser un delito civil a uno penal. En España ser inmigrante ilegal sigue siendo considerado una falta administrativa sin pena de cárcel, en teoría, ya que los residentes ilegales pueden acabar en un Centro de Internamiento de Extranjeros –los tristemente célebres CIE–, si son encontrados sin documentación por la policía.
Para descongestionar los CIE, el gobierno de Zapatero firmó acuerdos con varios países africanos y latinoamericanos para facilitar la repatriación forzada de los ilegales, a los que se los despacha expeditivamente en aviones con el pasaporte inutilizado durante los próximos cinco años para volver a pisar suelo español. Ante las críticas del Partido Popular durante las últimas elecciones generales, en 2008, por la supuesta mano blanda del gobierno, los socialistas levantaban con orgullo las altas cifras de repatriaciones forzadas.
Otras medida insólita para descongestionar una situación explosiva, que comienza a traducirse en aumento de criminalidad en las grandes ciudades y depauperización de algunas zonas urbanas, surgió del ministro de Trabajo Celestino Corbacho, quien inventó un incentivo para repatriar inmigrantes sin empleo: el gobierno les anticipaba de un tirón todo el subsidio de desempleo si abandonaban el país comprometiéndose a no regresar por cinco años: 50 por ciento antes de partir, el otro 50 por ciento apenas llegaban a sus países de orígenes. Como el subsidio máximo en España no supera los mil euros, a muy poca gente le salía rentable una movida de esta naturaleza, por lo cual la política no terminó en naufragar en el olvido.
El golpe de la crisis también terminó por sentirse en los países de origen de los inmigrantes, sobre todo en los más empobrecidos, como Ecuador o Bolivia, debido a que los residentes en España disminuyeron de forma drástica el envío de divisas a sus familiares, aunque en los últimos meses las cifras del sector también han marcado un ligero repunte debido a la tibia recuperación de la economía, que este trimestre creció algo más del 0,2 por ciento. Demasiado poco para tapar semejante agujero.
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