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Desde Medellín
Tras hundirse el más reciente acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, el gobierno colombiano confía en que los actuales “convenios son suficientes para mantener una buena relación con el gobierno del presidente Obama”. La afirmación la hizo el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, primero en pronunciarse después de que este martes el acuerdo fue declarado inconstitucional por la forma en que se tramitó. La Corte Constitucional le dio la razón a la oposición al determinar que es necesario que el convenio sea aprobado por el Congreso, donde el recién flamante presidente Juan Manuel Santos tiene las mayorías. El jefe de Estado dijo que la decisión no afectará la ayuda de Washington a Colombia, su principal aliado en América latina, y que evaluará si vale la pena llevarlo al Parlamento.
“El gobierno acata y respeta la decisión de la Corte Constitucional y confía en que Estados Unidos siga prestando el apoyo a Colombia en la lucha contra el narcotráfico”, anunció el ministro de Defensa para quien el hundimiento del acuerdo “no es tema fácil”. Ahora el Ejecutivo tendrá que llevar el proyecto a Diputados y Senado, a lo que los funcionarios de Alvaro Uribe se negaron el año pasado, aduciendo que no se trataba de un nuevo acuerdo sino de la extensión de unos pasados. Mauricio González, presidente de la Corte Constitucional, explicó que este nuevo documento incluye nuevas obligaciones y es más que un acuerdo.
Gracias al hoy ilegal convenio, 600 militares y 800 contratistas de Estados Unidos podrían acceder y usar siete destacamentos a lo largo y ancho de Colombia y “las demás instalaciones y ubicaciones que convengan a las partes”. Estas son tres bases aéreas en Palenquero, Malambo y Nariño; los fuertes militares de Tolemaida, Florencia, así como las bases navales en Cartagena y Bahía Málaga. Las críticas del momento se dirigían en parte hacia la operación de aviones C17 para el transporte de tropa, por tratarse de acciones relacionadas más con el combate directo que con el objeto general del acuerdo: “Ampliar la cooperación regional y mundial para contrarrestar el problema de las drogas, el terrorismo y la proliferación de armas pequeñas y ligeras”.
También se señaló la pérdida de soberanía nacional con la ocupación norteamericana y la probable inmunidad que tendrían los contratistas y militares. Además, se habló del riesgo que representa para la región que Colombia, estratégicamente ubicado en el norte con dos mares, se convierta en destacamento militar de un país imperio.
Con la decisión de la Corte, no se sabe, por ejemplo, qué pasará con los 42 millones de dólares que el Congreso norteamericano aprobó para invertir en la infraestructura de la base de Palenquero. En la Casa Blanca quedaron a la espera de las gestiones que consiga el equipo de Santos. “Aquí hay un parte de tranquilidad en el sentido de que la ayuda que hemos venido recibiendo va a continuar como la hemos venido recibiendo en los últimos años”, declaró el presidente aún inseguro sobre si llevará el acuerdo al Congreso. “Vamos a evaluar el paso siguiente. De pronto podemos acordar unas normas, inclusive más ambiciosas con Estados Unidos, lo cual podría ameritar la llevada al Congreso del acuerdo”, explicó. Para el ministro de Defensa, lo que sigue es analizar qué temas tenían fundamento en este acuerdo y cuáles no.
Hasta ahora, según afirmaron desde Chile militares norteamericanos, a las siete bases que el documento autoriza ocupar por Estados Unidos no ha llegado personal adicional al que ya está reglamentando en acuerdos anteriores. El subsecretario de Defensa adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Frank Mora, aseguró ayer que Estados Unidos “no ha aumentado su presencia militar en Colombia” y que unos 250 militares presentes en territorio colombiano “tenían acceso a esas bases” antes de la firma de octubre de 2009.
Para Mora, de paso en Santiago de Chile con el secretario de Defensa adjunto, Paul Stockton, y el subsecretario del Ejército, Joseph Westpahl, “Colombia está asumiendo más responsabilidades, pero eso no significa que no exista asesoramiento”. Stockton cree que “Colombia es una historia de éxito en la transición, desde depender del apoyo de EE.UU. hasta ser capaz de proveer su propia seguridad”.
El acuerdo hoy sin piso legal fue demandado por inconstitucional por el colectivo de abogados José Alvear, y fue firmado el 30 de octubre pasado provocando polémica y rechazo en el continente.
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