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Desde Estambul
La guerrilla separatista del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK por sus siglas en Kurdo) ha anunciado de forma unilateral un cese de hostilidades tras asegurar que negoció con el gobierno turco.
El líder guerrillero Murat Karayliyan hizo el anuncio el miércoles pasado en el diario Milliyet: “Ha habido importantes avances y deben ser anunciados; el Estado turco ha solicitado un alto el fuego sobre las bases del diálogo con nuestra cúpula –en referencia al fundador de la guerrilla Abdullah Öcalan, actualmente encarcelado–. Nuestros líderes habían previsto retirarse de las negociaciones, pero finalmente se han vuelto a comprometer para darle una nueva oportunidad a la paz”, señaló.
El gobierno turco se ha apresurado a negar las negociaciones secretas, sentenciando que “no negocia con terroristas”. El PKK está considerado por Turquía, los Estados Unidos y la Unión Europea como una organización terrorista. El conflicto lleva más de 30 años y ha dejado más de 40.000 muertos.
Pero la prensa turca, citando fuentes anónimas cercanas a la negociación, informó que el Ejecutivo habría enviado a sus miembros a la prisión-isla de Imrali para ultimar con Öcalan las condiciones del alto el fuego. También señalaron que el cese de hostilidades concluye el 20 de septiembre, a una semana del referéndum constitucional. Mientras tanto, en las últimas semanas no hubo informaciones sobre enfrentamientos entre el ejército y la formación guerrillera que opera a lo largo de la frontera iraní, lo cual refuerza la sensación generalizada de que la tregua se concretó.
En Turquía gobierna en la actualidad la agrupación conservadora de corte islamista moderado Partido de la Justicia y Desarrollo (AKP por sus siglas en turco), liderada por el carismático primer ministro Recep Tayyip Erdogan. A su vez, en Turquía, república fuertemente ligada a los valores laicos y jacobinistas de inspiración francesa, las fuerzas armadas y la judicatura tienden a entorpecer las diligencias de los islamistas, por temor a que el país siga los pasos de la vecina Irán.
Pero lo cierto es que tras la máscara del Islam el gobierno empuja una agenda robustamente neoliberal que además ha puesto en práctica una forma hasta ahora inédita de hacer política en Turquía: el diálogo.
“Este alto el fuego es el resultado de los encuentros en secreto entre Imrali (Öcalan) y el AKP”, se quejó Oktay Vural, diputado del opositor y conservador Partido del Movimiento Nacional. “La escena es bastante obvia: Imrali, el AKP y el BDP (pro kurdo) están jugando al mismo juego turbio y esto debería ser expuesto al público”, concluyó.
Desde el gobierno se intenta evadir la disputa porque podría dañar seriamente su reputación en un momento delicado. El AKP pretende recabar apoyos para modificar la Constitución que rige el país y que fue redactada por militares golpistas en 1982. Para ello está previsto una consulta popular el próximo día 12 de septiembre.
La intención del gobierno es remodelar la judicatura y limitar el poder del ejército. El jefe del ejército, general Ilker Basbug, ha llegado a amenazar de forma explícita al Ejecutivo, recordándole que, según la Constitución actual, “las fuerzas armadas se reservan el derecho de actuar si ven comprometidos la integridad y los principios laicistas de la república”.
Al mismo tiempo, Erdogan busca darle un nuevo impulso al frustrado proceso de paz que inició hace un año. Entonces el gobierno negociaba con el partido pro kurdo la posible desactivación de la guerrilla a cambio de más autonomía. Como gesto de voluntad, un grupo de 34 guerrilleros descendieron desde las montañas de Kandil, en el norte de Irak, para entregarse a las autoridades. Antes de ser puestos a disposición judicial (fueron liberados a las pocas horas), los guerrilleros fueron recibidos con grandes ovaciones en un acto organizado por el partido pro kurdo, lo que levantó ampollas en Ankara.
Entonces el Tribunal Supremo turco tomó cartas en el asunto ilegalizando el partido kurdo, procesando a los activistas y congelando de este modo el proceso.
Algunos analistas han sugerido que el boicot de la judicatura está relacionado con el compromiso de ésta a salvaguardar los valores seculares de la república, y por ello trata de obstaculizar las gestiones que puedan proporcionar éxitos políticos a los islamistas.
Por otro lado, en los últimos días se han multiplicado las voces de quienes claman que en el seno del poder judicial y las fuerzas armadas hay interés en darle una continuidad al conflicto.
Recientemente, seis familias de militares caídos en servicio han iniciado los pertinentes trámites para llevar a los tribunales a oficiales acusados de conocer de antemano los ataques guerrilleros que acabaron con la vida de sus familiares. “Miraban cómo moría mi hijo a través de sus aviones no tripulados como si fuera una película de ciencia ficción, no hicieron nada para evitarlo”, comentó Hasan Say, padre de Ayhan Say, que murió en una emboscada en la región de Çukurca.
Desde la asociación de abogados que lleva el caso aseguran que existen documentos que prueban que algunos militares “no sólo conocían de antemano al menos cuatro ataques de la guerrilla separatista, sino que además les proporcionaron ayuda”. De poder probarse estas conexiones, quedaría patente que en los sectores más duros de las fuerzas armadas y la judicatura no interesa tanto la resolución del conflicto, sino que importaría más poder utilizarlo como una efectiva arma política para debilitar a los islamistas en el poder.
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