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Desde París
Nicolas Sarkozy dejó atrás la cuestionada ley sobre la reforma provisional y divisa los primeros caseríos de su renacimiento. El presidente francés promulgó la ley que millones de franceses impugnaron en la calle y se prepara a remodelar su gabinete en la línea recta que lo separa de su proyectada reelección en 2012. La ley que hacía pasar la edad mínima para jubilarse de 60 a 62 años y de 65 a 67 los años requeridos para cobrar una pensión plena fue publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado. El último obstáculo lo levantó el Consejo Constitucional, adonde el Partido Socialista se había dirigido para impugnar varios aspectos de la ley. El Consejo la validó y sólo quedaba que el presidente la promulgue.
“Con esta ley hemos salvado nuestro régimen de jubilaciones”, afirmó Sarkozy. Los sindicatos y la izquierda no comparten el entusiasmo presidencial y consideran que la ley es “injusta” porque su costo recae casi exclusivamente sobre las espaldas de los trabajadores. El 70 por ciento de los franceses también la juzgan “injusta”, pero el Ejecutivo la mantuvo pese a las ocho manifestaciones y huelgas organizadas por los sindicatos, a la caída en picada en los sondeos y a las sospechas rasantes sobre el ministro de Trabajo, Eric Woerth, retratado en varios episodios que lo comprometen con el escándalo L’Oréal.
La CGT y otras centrales obreras convocaron a una jornada de protesta y manifestaciones para el 23 de noviembre. La CGT llamó a “proseguir la lucha” contra esta reforma mientras que, ayer, la primera secretaria del Partido Socialista, Martine Aubry, criticó la “brutalidad” con que procedió Sarkozy al promulgar la ley apenas horas después de que fuera validada por el Consejo Constitucional. La batalla social que llegó a sacar a más de tres millones y medio de personas a la calle en un solo día ha quedado atrás y ahora comienza otra etapa. Sin embargo, los estigmas de la lucha todavía manchan el horizonte diseñado por los consejeros presidenciales.
La remodelación del gabinete es inminente. Fuentes cercanas al Ejecutivo la anuncian para el lunes o martes, cuando Sarkozy regrese de la cumbre del G-20 que se celebra en Seúl. Durante varios meses se especuló con que Sarkozy iba a cambiar a su primer ministro, François Fillon, para reemplazarlo por Jean-Louis Borloo, ministro de Ecología. Pero en las últimas horas el nombre de Fillon se quedó entre los que permanecerán en el próximo gobierno.
Nicolas Sarkozy tiene una ventaja y varias desventajas: su ventaja es que la oposición socialista aún no encarna un proyecto de sociedad verosímil. Sus desventajas son las secuelas de la confrontación social en torno de la ley provisional, su discurso policial y anti extranjeros del verano, ello derivó en la expulsión de los gitanos de Francia, una neta pérdida de credibilidad reflejada en los sondeos –apenas 30 por ciento de aprobación– y la cola del escándalo L’Oréal.
Este megaenredo políticofiscal relacionado con la heredera del emporio L’Oréal, Lilian Bettencourt, y el ministro de Trabajo, Eric Woerth, sigue vigente en varias direcciones. Sus coletazos hirieron a una de las instituciones básica de una República, la Justicia, empañaron el principio de igualdad y, ahora, derivaron en otro oscuro caso de espionaje de la prensa. A casi todos los periodistas que investigaban el caso Bettencourt les robaron sus computadores, sus llamadas telefónicas fueron controladas fuera de todo marco legal.
En este contexto, el diario Le Monde presentó en septiembre una denuncia por “violación de la ley sobre el secreto de las fuentes periodísticas”. La prensa sospecha que el poder, acorralado por una avalancha de denuncias y revelaciones de la prensa, buscó por todos los medios identificar a las fuentes de los periodistas para cortar la corriente de informaciones. Policía o servicios secretos, varios órganos del Estado aparecen implicados en estas prácticas cuya existencia, sin embargo, es negada por el gobierno.
A título de ejemplo, la última edición del semanario de derecha liberal L’express aparece con una foto de Nicolas Sarkozy en primera plana y el título “espionaje telefónico, hasta donde va el poder”. El semanario satírico Le Canard Enchaïné acusó a la presidencia de supervisar el espionaje de la prensa, lo que le valió un juicio por difamación. Estos chanchullos no son una exclusividad de la derecha. En sus años como jefe del Estado, el difunto presidente socialista François Mitterrand mandó a espiar a periodistas y hasta a las mujeres que le gustaban. Sarkozy abre un nuevo capítulo con un pasivo importante. El escándalo L’Oréal y el humo de la batalla social se proyectan en la recta final de su mandato.
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