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El sector privado de Bolivia respondió con un desparejo aumento de precios a la decisión gubernamental de eliminar los subsidios a los hidrocarburos, y dejó a los ciudadanos librados al vaivén de los intereses especuladores. Durante el debut de los nuevos precios de los combustibles sin la subvención estatal, bolivianos y bolivianas pagaron precios con hasta un 50 por ciento de diferencia entre ciudad y ciudad por un pasaje en transporte público.
La Confederación de Choferes de Bolivia (CCB) rechazó el tope de un 30 por ciento al aumento de los boletos aprobado por la Autoridad de Fiscalización de Transportes y Telecomunicaciones (ATT). El gobierno negó toda posibilidad de generalizar un porcentaje de suba mayor, salvo en casos particulares y justificables. En el sector alimentario, los consumidores debieron soportar alzas que oscilaron entre un 20 y un 80 por ciento, para cuyo control el Ejecutivo también prometió medidas. “La primera reacción frente a medidas como la que aplicamos el domingo siempre es la especulación por parte de los privados. Le pedimos al pueblo que tenga calma y le aseguramos que estamos trabajando en controlar la situación”, remarcó el ministro de Obras Públicas boliviano, Walter Delgadillo, en diálogo con Página/12.
Esta noche, el presidente Evo Morales explicará las iniciativas complementarias que aplicará para mitigar el efecto de la eliminación de los subsidios a los hidrocarburos. Entre sus anuncios figurarán el lanzamiento de créditos blandos para la producción de alimentos, la renovación de autopartes y más definiciones sobre el aumento de salarios.
No tardaron más que un par de horas las federaciones de choferes de los distintos distritos en remarcar los precios de los boletos de transporte locales en base al alza en la nafta y el gasoil. Según cifras del Ministerio de Economía, el incremento en las tarifas de los minibuses se ubicó entre el 66 y el 80 por ciento. Frente a la situación, el vicepresidente Alvaro García Linera y algunos miembros del Gabinete convocaron a la CCB a una reunión el lunes a la noche para dialogar sobre la irregular aplicación de aumentos. Las federaciones presentaron a los funcionarios propuestas de incrementos que en algunos casos rozó el ciento por ciento.
Si bien esa reunión culminó con un cuarto intermedio que seguiría ayer, las definiciones comenzaron a conocerse a primera hora. La ATT aprobó un aumento en las tarifas de los minibuses y transportes interurbanos de no más de 30 por ciento. “Hemos visto que la incidencia del combustible es del 24 por ciento en cuanto a la estructura de costos, que no justifica los cobros que han estado efectuando los operadores. Por eso aprobamos un tope de 30 por ciento”, explicó el titular del organismo, Fernando Llanos. Según precisiones del Ministerio de Obras Públicas, la cifra es producto de un cálculo técnico en base a una estructura de costos que contempla combustible, reajuste de capital, mantenimiento y reparación, personal, depreciación, financiamiento, gastos generales y de administración, entre otros tantos puntos. “El límite deberá ser cumplido por los sectores y el que no puede, y cuenta con pruebas fehacientes que corroboren esa imposibilidad, deberá denunciarlo a la ATT para su propio análisis”, remarcó Delgadillo.
El sector empresario de transporte público de pasajeros rechazó de plano la decisión. “Exigiremos al gobierno una ampliación del límite y si no lo aceptan, la derogación del decreto”, informó el secretario ejecutivo de la CCB. Al cierre de esta edición, las federaciones que componen la confederación participaban de un plenario nacional para decidir las medidas de fuerza que tomarían.
Sin embargo, las variaciones en los aumentos también llegaron al servicio de transportes de mercadería y a los alimentos. “Hasta que no se estabilicen los precios, el pueblo quedará en manos de una brutal especulación económica. Y la culpa es del gobierno, por haber aplicado la medida sin hacer ninguna consulta al sector privado, por haberla lanzado sin consenso”, opinó el titular de la Confederación de Empresarios Privados, Daniel Sánchez Solís.
Mientras el sector privado justificó el traspaso total del aumento en los combustibles al bolsillo de los consumidores, desde la cartera de Obras Públicas adelantaron medidas para neutralizar los efectos. “Para neutralizar la especulación, desde el gobierno pensamos en medidas coyunturales que le darán certidumbre a la población, ya que sabrá quién se está aprovechando de su economía. Limitaremos el aumento de los alimentos como lo hicimos con el de los pasajes y, además, nos aseguramos provisiones de productos que integran la canasta básica para comercializar a través de la gubernamental Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa)”, explicó el ministro de Obras Públicas. En tanto, señaló que el gobierno implementará decisiones estructurales, que tienen que ver con la continuidad del proyecto: “Nos dedicaremos a fortalecer la inversión en la producción de alimentos, en mejorar los sistemas de riego y en optimizar los tiempos de siembra y cosecha”.
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