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El Congreso español abrió ayer sus puertas a quienes fueron víctimas del robo de bebés en España. Los diputados escucharon la historia de las dos organizaciones que buscan a los niños que fueron arrancados de los brazos de sus familias y brindaron su apoyo para que la investigación se siga profundizando. Más aún, todos los partidos políticos se unieron en el reclamo de que se castigue a los culpables de la sustracción.
El robo de niños tiene una triste tradición en España. Poco antes del fin de la Guerra Civil (1936-1939), Francisco Franco le dio vía libre al psiquiatra Antonio Vallejo Nájera para que experimentara. “Tenemos ahora una ocasión única de comprobar experimentalmente que el simplismo del ideario marxista y la igualdad social que propugna, favorece su asimilación por los deficientes mentales”, escribió en esos años el médico. La solución que propuso Vallejo fue separar a los niños de sus madres republicanas que estaban presas para que no se propagara la “peste comunista”. También se “recuperó” a los chicos que habían sido enviados al exterior por sus padres para evitar que cayeran en las garras de la dictadura franquista. Los hijos de los “rojos” fueron enviados a instituciones comandadas por la Iglesia Católica, se les cambiaron los apellidos y perdieron el rastro de su verdadera historia. Antes de que se lo suspendiera, el juez Baltasar Garzón estimó que esta práctica, que se prolongó desde los años ’40 hasta los ’50, dejó un saldo de 30 mil niños robados.
Sin embargo, allí no terminó la historia de la sustracción de menores durante el régimen franquista. Después de los años ’50 hasta casi la década de 1990, el robo se trasladó a las maternidades y hospitales, donde las monjas que los manejaban o los mismos médicos robaban los hijos de las madres solteras, en la mayoría de los casos. El mecanismo era siniestro. Por una puerta entraban la parturienta y por la otra una mujer que nunca había estado embarazada. Esta última era la que se llevaba en brazos al recién nacido. A las familias les decían que había muerto y los médicos firmaban certificados de defunción falsos, que en algunas oportunidades llegaban a decir que los niños habían muerto por otitis. Así lo puede contar Mar Soriano, referente de la Plataforma del Grupo de Afectados de Clínicas de toda España por el robo de niños. Su hermana Beatriz nació en 1964 en la clínica madrileña O’Donnell pero les dijeron a sus padres que había muerto a causa de esa afección. Casi cinco décadas después, Soriano la sigue buscando y ayer, por primera vez, tuvo oportunidad de contar su historia ante los diputados españoles.
“Todavía estoy helada por la situación. Me sentí muy afortunada al poder darles voz a todos estos padres, incluso a muchos que ya no están”, relató Soriano a Página/12 por teléfono desde Madrid. “Les dijimos punto por punto en qué consistió nuestro trabajo. Nuestra lucha no dejó indiferente a nadie”, agregó la mujer que espera que España dé respuestas a lo que desde su agrupación llaman “desarraigo forzado”, es decir, a los casos de adopciones irregulares y a los de sustracción forzada de menores.
La Cámara baja también invitó a la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), que fue creada en febrero de 2010 y que en enero de este año presentó una denuncia colectiva ante la Fiscalía General del Estado. Antonio Barroso, quien fue adoptado ilegalmente y preside la agrupación, tomó la palabra. “La sociedad y el Estado tienen una deuda moral con las víctimas. El Estado no se dotó de los medios de control necesarios para evitar que esas situaciones se dieran repetidamente en todo el territorio y de una manera sistemática. Los ladrones de niños se servían de instituciones públicas para las que trabajaban, falsificaban documentos públicos, pervertían los registros escribiendo personas con identidades falsas”, apuntó.
Desde la Anadir, hicieron reclamos concretos como una línea telefónica gratuita y una oficina en cada comunidad que atienda las consultas de quienes dudan sobre su identidad. La Plataforma también le pidió a las autoridades que se hagan cargo de sus responsabilidades. “Es el sistema político el que debe moverse. Hasta ahora todo lo han hecho las familias”, dijo Mar Soriano a este diario. La vocera de ese grupo recordó a los congresales el compromiso que asumió el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, de designar a un fiscal coordinador especial para estos casos y de realizar análisis de ADN desde el Instituto Nacional de Toxicología. Soriano volvió a hablarles a los legisladores acerca de crear un banco de datos genéticos, siguiendo el ejemplo de las Abuelas de Plaza de Mayo. “Estamos a disposición del Estado para que nos diga cómo podemos presentarnos, qué información tenemos que dar los familiares para que eso se articule”, comentó.
Después de años de toparse con las puertas cerradas, los familiares saben que el de ayer fue un gran paso. Las bancadas parlamentarias se hicieron eco del reclamo. “Estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Es algo muy parecido a la tragedia de los niños desaparecidos durante la dictadura argentina. Estamos ante una parte de nuestra historia que era desconocida hasta ahora y que ha quedado impune”, dijo el vocero del Partido Nacionalista Vasco (PNV). “Que salga a la luz todo lo que tenga que salir”, se sumó al pedido Susana Camarero, del derechista Partido Popular (PP). Y también hubo promesas desde el oficialismo. “Vamos a hacer todo lo que haga falta para que se haga justicia”, confirmó Carmen Juanes, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Informe: Luciana Bertoia.
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