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El mundo|Viernes, 10 de junio de 2011
ALABAMA SE COPIA DE ARIZONA

Otra ley antiinmigración

El gobierno de México lamentó la promulgación de la ley HB 56, que contó con la firma del gobernador republicano de Alabama, Robert Bentley, que “criminaliza la migración” y abre espacios para la posible aplicación indebida de la legislación por parte de autoridades locales en ese estado del sur de Estados Unidos. Organizaciones defensoras de los derechos civiles lanzaron ayer una campaña contra la ley, que también contó con el rechazo del gobierno de México. En un comunicado difundido ayer, la Cancillería mexicana asegura que a partir de ahora, “tomando en cuenta los precedentes legales sentados” por cortes estadounidenses sobre la ley SB 1070 de Arizona y con la ley HB 497 que se aplica en Utah (ambas restrictivas de la inmigración), “se utilizarán todos los recursos disponibles para defender los derechos y la dignidad de los mexicanos en Alabama”.

La ley HB 56 (Beason-Hammon Alabama Taxpayer and Citizen Protection Act, según sus siglas en inglés) fue aprobada ayer y entrará en vigencia el 1º de septiembre y le da atribuciones a la policía de Alabama para detener a cualquier persona que se sospeche esté indocumentada en territorio norteamericano. También exige a las empresas que verifiquen la situación migratoria de sus empleados, medida que se extiende a los estudiantes de las escuelas públicas.

Las organizaciones defensoras de los derechos civiles destacaron que la nueva legislación “afecta potencialmente los derechos humanos y civiles de los mexicanos que habitan o visitan” Alabama. Tras la aprobación de esta ley, la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU) anunció que presentará una demanda para frenarla, al considerarla más estricta que la SB 1070 de Arizona, que criminaliza a los indocumentados y cuya aprobación el año pasado desató una fuerte protesta de grupos latinos y de derechos civiles. Según esa organización, la ley respalda “las prácticas discriminatorias e inconstitucionales de la policía, dueños de edificios y empleadores”, porque permite la discriminación de los latinos por su aspecto físico o acento.

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