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Desde Madrid
José Luis Rodríguez Zapatero logró ayer por lo pelos que el Parlamento le aprobara el decreto-ley por el que flexibiliza las negociaciones colectivas entre empresarios y trabajadores, una nueva vuelta de tuerca en la pérdida de derechos laborales, tal y como le ha sugerido el Fondo Monetario Internacional. El gobierno introdujo el decreto luego del fracaso de las negociaciones entre empresarios y sindicatos y lo presentó a la votación parlamentaria ayer en una jugada de alto riesgo que estuvo a punto de acabar con el Ejecutivo socialista, lo que hubiera terminado por forzar elecciones anticipadas, un fantasma que acosa cada día más a los socialistas.
“Nunca habíamos obtenido tanto a cambio de una abstención.” Los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, que habían entrado a la sesión parlamentaria con la firme decisión de votar en contra, no se lo podían creer. Luego de arduas horas de negociaciones, tanto ellos como los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió, que tampoco querían salvar con su voto a la cuestionada administración socialista, terminaron aprobando la medida, que es ampliamente rechazada por los sindicatos.
La medida se aprobó por 169 votos a favor, del bloque socialista, y 159 en contra. La clave estuvo en las 20 abstenciones de los diputados nacionalistas. Entre los que se opusieron estaban los conservadores del PP, que consideran la reforma demasiado limitada, y los grupos de izquierda que la ven como un ataque a los derechos de los trabajadores. Los socialistas habían comprendido la noche anterior que se estaban jugando una dura partida, razón por la cual encargaron a la ministra de Economía, Elena Salgado, que se pusiera al frente de las negociaciones con los nacionalistas, que en estas ocasiones siempre suelen pedir transferencias de competencias y dinero para sus autonomías al Estado central.
El PSOE sigue de este modo aplicando las recetas del Fondo Monetario Internacional con la intención de calmar a los mercados, que durante esta semana atacaron con dureza a España, aumentando el riesgo país y el diferencial de Madrid con respecto a los bonos alemanes cada vez que emite títulos públicos. Rodríguez Zapatero se ha propuesto acabar la Legislatura en abril del próximo año, realizando en el camino las reformas que pide el fondo y asumiendo los costos políticos del ajuste. Este suicidio anunciado de los socialistas es interpretado por el movimiento de indignados, que desde el pasado lunes se ha lanzado a las rutas con la idea de converger en Madrid dentro de un mes, como una medida tendiente a aliviarle la tarea al Partido Popular si es que, como anticipan los sondeos, se impone en las próximas presidenciales.
“Esto demuestra que PSOE y PP son lo mismo”, clamaban ayer los indignados en las plazas. La medida aprobada ayer por los socialistas afecta a la forma en que se regulan las negociaciones colectivas, especie de paritarias a la española que tradicionalmente se han resuelto entre empresas y sindicatos de una manera regulada y que ahora permite a las empresas saltearse los convenios con mayor facilidad legal y hasta contratar trabajadores por debajo del mínimo pactado con las centrales obreras.
El gobierno volvió a usar ayer el miedo a que los mercados aumenten la presión sobre el país para justificar la medida. Los sindicatos estuvieron a punto de llegar a un acuerdo con la patronal antes de que el gobierno decidiera promover la reforma por decreto, pero los empresarios patearon el tablero de la negociación luego de la estrepitosa derrota de los socialistas el pasado 22 de mayo, especulando con que la debilidad del gobierno les daría más espacio para imponer sus puntos de vista.
La negociación con los nacionalistas levantó sospechas en la oposición. Mariano Rajoy exigió, luego del resultado de las votaciones, que el gobierno explicara cuál fue la “oferta irresistible” que le hizo al PNV para lograr su abstención. “Esto es muy peligroso porque si el gobierno de España ahora va a tener que hacer grandes concesiones para sacar adelante lo que se le ocurra en los próximos meses, la situación va a empeorar y se va a poner mucho más difícil para el próximo gobierno”, advirtió, en una clara muestra de cómo se ha descompuesto el clima político en España durante los últimos meses al compás de la crisis.
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