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Desde La Paz
La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó ayer la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, que llegó al escritorio del presidente Evo Morales sin modificaciones, dada la abrumadora mayoría oficialista. En las últimas semanas, la propuesta original del Movimiento Al Socialismo tuvo algunas modificaciones, luego de que organizaciones sociales se rebelaran ante la posibilidad de perder espacio en el aire. El debate parlamentario se concentró principalmente en dos líneas de texto, según las cuales el Estado Plurinacional puede pinchar teléfonos cuando lo crea conveniente.
La nueva ley establece que las frecuencias de radiodifusión se dividen en un 33 por ciento para el Estado, otro 33 por ciento para el ámbito comercial, 17 por ciento para el sector social comunitario y el 17 restante para los pueblos indígenas originarios y campesinos.
Andrés Gómez Vela, director nacional de la Red Erbol, comentó que la propuesta de ley original de la Asamblea Legislativa Plurinacional “era neoliberal. Reproducía la ley de Gonzalo Sánchez de Lozada. Como organizaciones sociales hemos solicitado espacios y algunos legisladores nos escucharon. Así logramos que hubiera más justicia en la distribución de frecuencias”. Las organizaciones sociales destacaron que en un primer momento el gobierno nacional proponía repartir las frecuencias en un 80 por ciento para empresas privadas y 20 por ciento para el Estado.
Lo que preocupa al director de Erbol es que “la autoridad que va a controlar la distribución de esas frecuencias va a ser nombrada por el gobierno. De esa manera, cada gobierno que pase va a poder presionar a los medios según sus intereses. Por este motivo exigimos que la sociedad civil tenga participación en la elección de esta autoridad, para asegurar la mayor independencia posible en la administración de frecuencias”.
La Fundación Unir también participó de las reuniones con asambleístas para plantear sus observaciones al proyecto del MAS. A los pocos días apareció una nueva versión, “que incluyó en distinta medida disposiciones que atienden las observaciones hechas por la fundación”.
Rescataron que ahora “se habla explícitamente de participación y control social y se instruye a los gobiernos autónomos para que creen espacios al respecto. Se establecen requisitos de calidad para asignar frecuencias a los medios comunitarios (los comerciales serán por licitación, los del Estado de manera directa y no se explica el caso de los indígenas) y se retira la autorización para la intervención de los correos electrónicos” (de los empleados por parte de los patrones). Según la nueva ley, las licencias de los medios pasan a ser un “derecho adquirido”. Por este motivo, los titulares de las autorizaciones transitorias especiales o concesiones para el funcionamiento de emisoras de radio y televisión tienen un año para migrar hacia las “autorizaciones” o “licencias”.
La normativa establece que los mensajes del presidente Evo Morales serán transmitidos dos veces al año en cadena nacional: uno a principios de la gestión y otro a mediados de año, así el mandatario indígena informará directamente a la población sobre sus actividades. El proyecto promueve la expansión de la cobertura de telecomunicaciones hacia áreas rurales, con lo que el gobierno nacional espera llegar con radios y televisores a 20 mil comunidades indígenas campesinas. El senador del MAS David Sánchez defendió la política del gobierno. Dijo que desde la asunción de Evo Morales creció el acceso a telefonía móvil del seis al 56 por ciento de la población, aunque la telefonía fija llega sólo al seis por ciento de los hogares e Internet tiene “baja penetración”.
El único artículo que generó discusiones fue el 111, que dice que “en caso de peligro para la seguridad del Estado, los operadores y proveedores de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación estarán obligados a cooperar y poner a disposición de las autoridades públicas legítima y legalmente constituidas, de manera gratuita y oportuna, las redes y servicios, así como la emisión, transmisión y recepción de las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación que les sean requeridas”. Ni oficialismo ni oposición pudieron negar que los Estados espían desde que son Estados, con o sin ley.
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