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Desde Brasilia
El fárrago de versiones, amplificadas en la prensa, sobre el descontento militar ante la designación de Celso Amorim como ministro de Defensa opacó una información ciertamente más relevante: el jefe del Ejército es investigado por indicios serios de corrupción, que de ser confirmados tornarían inviable su permanencia en el cargo.
Al general Enzo Martins Peri se lo vincula con una asociación ilícita formada dentro del Departamento de Ingeniería y Construcción del Ejército, donde se detectaron maniobras dolosas de todo tipo, desde concesión de obras sin licitación hasta la formación de empresas, cuyos titulares eran militares, beneficiadas con jugosos contratos.
Por ser jefe del Ejército, Peri goza de foro privilegiado y el único que puede abrirle el proceso es el procurador general de la República. A pesar del blindaje legal que lo beneficia, el militar es objeto de dos investigaciones, una a cargo del Tribunal de Cuentas de la Unión y otra en la Procuraduría de Justicia Militar, lo cual autoriza a suponer que hay elementos consistentes en su contra.
Según el diario Folha de Sao Paulo, Peri y otros siete generales habrían sido responsables por 88 contratos fraudulentos que suman unos siete millones de dólares, es decir el triple de los desvíos que se le imputaron al Ministerio de Turismo, cuya cúpula ayer fue apresada por la Policía Federal (ver aparte). Las sospechas en su contra no impidieron que Peri participara el lunes, junto a sus colegas de la Armada y la Fuerza Aérea, en la ceremonia de asunción de Celso Amorim, precedida de nerviosas negociaciones debido a la ausencia del ex titular de la cartera, Nelson Jobim. Hasta dos horas antes del acto aún no se sabía en el Palacio del Planalto si la presidenta Dilma Rousseff iba a tomar parte en el mismo.
Finalmente, la ex prisionera política Rousseff encabezó el evento, concluido por ella con un discurso del que fue excluida toda mención a los servicios prestados por Jobim, tal vez porque en su legado sobresalga la obstrucción de la Comisión de la Verdad sobre los delitos cometidos durante la dictadura.
La intervención de Amorim fue bastante medida, como corresponde a alguien consciente de estar pisando un campo minado. Se refirió a las instituciones democráticas, al respeto de que éstas gozan entre los militares, el fortalecimiento del Consejo de Defensa Sudamericano y adelantó su decisión de retirar las tropas de Haití, marcando el primer quiebre con su antecesor Jobim, impulsor del aumento del contingente hasta 2400 hombres, pese a las denuncias que pesaban contra los militares por reprimir y balear a manifestantes civiles.
En su discurso, Amorim esquivó todo comentario sobre la Comisión de la Verdad, aunque habló brevemente de derechos humanos. Se sabe que una de las principales usinas de rumores contra su designación en Defensa fue alimentada desde el Ejército, donde sectores más radicales lo consideran indigesto por ser “de izquierdas” y haberse afiliado al PT, de Lula y Dilma.
La primera respuesta a las intimidaciones contra Amorim fue dada por Marco Aurelio García, asesor internacional de la Presidencia. “No me parece que ser de izquierda sea un obstáculo para que alguien esté en el gobierno; la presidenta es de izquierda, yo soy de izquierda y si el ministro es de izquierda me parece normal.”
La segunda estuvo a cargo del secretario de comunicaciones del PT, diputado André Vargas, cuando ratificó el apoyo cerrado del partido a la Comisión de la Verdad y aseguró que Amorim la defenderá, por mucho que eso les pese a las viudas/os de la dictadura.
Hasta el jueves pasado, cuando Dilma removió del cargo a Jobim, la relación de fuerzas dentro del gobierno estaba partida, respecto de la Comisión que aguarda su aprobación en el Congreso. La presidenta, la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes, y el asesor de Defensa, José Genoíno, pujaban por la creación del organismo, contra el cual remaban los mandos militares y Jobim.
Con la caída del ex ministro conservador, cabe esperar que Dilma ordene a Nunes y Genoíno, ex preso durante la dictadura, que se sumen a Amorim en el trabajo de convencimiento de los congresistas para que el proyecto sea aprobado a la brevedad.
Seguramente los comandantes continúan oponiéndose al organismo o proponiéndole recortes, pero la caída de Jobim y las sospechas contra el general Peri los pusieron en desventaja. Al menos por el momento.
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