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En el Congreso uruguayo algunos oradores se animaban a decir que la sesión era histórica. Tras una tarde y una noche de debate, la coalición gobernante Frente Amplio se aprestaba esta madrugada a sacar una ley que evita la prescripción de los crímenes de la dictadura (1973-1985) y, en los hechos, deja agonizante a la Ley de Caducidad, suerte de amnistía que impide que se juzgue a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante esos años.
El diputado frenteamplista Jorge Orrico rompió el hielo al inicio de una sesión en la que había 62 anotados para hablar. Orrico presentó el proyecto que restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos por el aparato estatal hasta el 1º marzo de 1985, cuando se recuperó la democracia. El diputado explicó que el texto que fuera aprobado el martes en el Senado determina que esos delitos son crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman. Asimismo, determina que no podrán prescribir las causas abiertas contra uniformados entre el 22 de diciembre de 1986 (cuando se sancionó la Caducidad) y la vigencia de la nueva ley.
Como en una película que se ve por segunda vez, diputados oficialistas y de la oposición se enfrentaron con similares argumentos que los senadores el día anterior. Fieles a su electorado de derecha, nacionalistas y colorados levantaron la voz para decir que el proyecto violaba la Constitución y la voluntad popular expresada en dos plebiscitos. Así lo expresó uno de ellos, el nacionalista Javier García: “El Frente Amplio ha decidido llevarse por delante la voluntad popular y pisotear la decisión de la gente”.
García hacía alusión a los referendos de 1989 y 2009, en los que una mayoría de uruguayos apoyó la vigencia de la Ley de Caducidad. Tan solo cinco meses atrás, el Frente Amplio impulsó un proyecto legislativo que anulaba la Caducidad, pero que generó fisuras al interior del oficialismo. Esta vez, los frenteamplistas se aseguraron de que no emergieran voces disidentes. Les alcanzaba con que voten sus 50 diputados.
Con esta ley sustitutiva, el gobierno uruguayo busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sostuvo, en el caso Gelman, la obligación del Estado uruguayo de juzgar a los responsables de la desaparición de María Claudia Iruretagoyena García, nuera del poeta argentino Juan Gelman.
A su turno, el dirigente frenteamplista Luis Puig tomó la palabra. “Aquí se protegieron los actos del terrorismo de Estado, se impidió investigar, se dio la espalda a las víctimas. Todo eso bajo el amparo de una ley aprobada por amenaza militar”, dijo. Y agregó: “Tanto la Suprema Corte de Justicia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos catalogaron a la Ley de Caducidad como un ‘obstáculo para el desarrollo de la justicia en el país’. Lo interrumpió la secretaria del diputado colorado Aníbal Gloodtdofsky, que se encontraba presenciando la sesión. “Justicia para todos, incluso para los que mataron ustedes”, dijo la señora al dirigirse a Puig, para luego retirarse del recinto. Mientras hablaba el diputado, la noticia sobre la condena a los represores de la ESMA aparecía en las páginas digitales de los diarios. Puig precisamente elogió los pasos dados por Argentina en materia de derechos humanos.
En la misma línea, el diputado Carlos Varela destacó en diálogo telefónico con Página/12 que el proyecto establece que los delitos cometidos durante la dictadura son imprescriptibles y que queda en el campo de la Justicia avanzar en la investigación. “La ley deja vigentes todos los delitos para que puedan ser sancionados. El Ejecutivo ya no interviene para decidir si se abre o no un caso. Los denunciantes son los mismos afectados.”
Tras la sentencia de la CIDH, el actual gobierno de José Mujica desarchivó en forma conjunta unos 88 casos que se habían incluido en la caducidad y sobre los cuales no se podía avanzar en la investigación. Tanto su gobierno como el anterior de Tabaré Vázquez habían excluido casos aislados de homicidios y los “vuelos de la muerte”, lo que llevó a prisión a 20 ex militares y policías, entre ellos al ex dictador Gregorio Alvarez (1981-1985), condenado a 25 años de cárcel.
Se le pregunta a Varela si pudiera haber una reacción del sector militar similar a la que hubo con los jefes de las Fuerzas Armadas en Brasil cuando el gobierno de Lula da Silva propuso crear una Comisión de la Verdad. “Es un sector minoritario. No hay indicios de que vaya a suceder ninguna reacción de la cúpula militar. Pasamos por dos plebiscitos, pasamos por la votación de otra ley que fracasó a último momento. No hubo pronunciamientos ni inquietud de los militares”, dijo el diputado. Y agregó un dato no menor. “La Corte Suprema probablemente reciba recursos de inconstitucionalidad. Pero ésa, ésa será otra batalla.”
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