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El gobierno mexicano responsabilizó a policías del estado de Guerrero por la muerte de dos estudiantes, durante una protesta en la que un grupo de alumnos fue reprimido en el municipio de Ayotzinapa. Por el violento desalojo a la manifestación estudiantil, tres funcionarios tuvieron que dejar sus cargos, cese laboral anunciado por el gobernador, Angel Aguirre Rivero, y diez policías fueron detenidos, después de que las organizaciones sociales denunciaran el exceso policial. El vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), José Salinas, aseguró que, según los peritajes realizados hasta el momento, los autores de los disparos que causaron la muerte de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús –estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que el lunes cortaban la autopista México-Acapulco, junto a varios compañeros, en reclamo del reinicio de las clases, suspendidas hace un mes y medio por el nombramiento de un polémico director y el aumento de la matrícula escolar de 140 a 170 plazas para el próximo año– fueron policías de ese estado.
“Hay fotos donde se aprecia en el muro de contención de la autopista los impactos de balas hechos en forma lateral, procedentes del área donde estaba disparando la policía del estado, algunos de ellos vestidos de civil”, precisó Salinas. En un principio, las autoridades afirmaron que había habido infiltrados en la manifestación de los estudiantes e informaron sobre la detención de un joven al que acusaron de poseer un rifle AK 47. Sin embargo, más tarde el gobierno estatal exhibió una secuencia fotográfica y una serie de videos de los hechos mostró que supuestos policías federales vestidos de civil y miembros de la Policía Federal abrieron fuego sobre los manifestantes, que demandaban una cita con el gobernador.
Durante una rueda de prensa convocada ayer por las autoridades del estado mexicano, Aguirre detalló que cinco agentes de la policía “preventiva” (dependiente de la Policía Federal) y otros cinco de la policía de Guerrero fueron detenidos, sospechados de haber disparado el lunes sobre los estudiantes que se encontraban protestando. A su vez, el gobernador aseguró que no se estaba negando que haya habido presencia de armas de fuego durante el desalojo. Además de los funcionarios policiales puestos a disposición de la Justicia, el procurador de Guerrero, Alberto López –quien el día del incidente sostuvo que la policía llegó desarmada al sitio de la manifestación de los estudiantes de una escuela rural para maestros–, fue separado de su cargo. La misma suerte corrieron el secretario y subsecretario de Seguridad estatales.
“El que tenga que ser sometido a investigación lo será. He dejado claro que no fue el gobernador, no fue el gobierno el que dio la orden, para que la policía acudiera a la protesta”, deslindó Aguirre, y adelantó que probablemente hoy se reunirá con las familias de los jóvenes asesinados, pero evitó expresarse sobre los responsables de las muertes. “Se ha generado una especie de competencia, agregó, en referencia a las acusaciones mutuas hechas el martes entre la policía de Guerrero y la Policía Federal, acerca de quiénes habrían sido los que dispararon contra los manifestantes.”
Los estudiantes llegaron ayer en autobuses y bloquearon la autopista que comunica Ciudad de México con el popular balneario de Acapulco, exigiendo mayores cupos para estudiar en la escuela normal de Ayotzinapa. El caso generó reacciones de grupos defensores de derechos humanos y de políticos en general, entre ellos varios de los aspirantes a la presidencia en las elecciones del 2012. Este año, Guerrero fue escenario de numerosas protestas de educadores y estudiantes que reclamaron que el gobierno estatal no escuchaba sus reclamos.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) había liberado ayer a veinticuatro alumnos detenidos, entre ellos a Gerardo Peña, arrestado luego de los enfrentamientos, en posesión de un arma. Dos versiones circulan por estas horas sobre ese incidente: por un lado, los estudiantes sostienen que Peña fue obligado por funcionarios policiales a accionar el arma; en tanto que el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, Juan Alarcón Hernández, estima que el arma de fuego fue “plantada” por los policías.
Tras la liberación de los estudiantes, los secundarios levantaron el piquete que habían instalado en la entrada principal del Palacio de Gobierno estadual y regresaron a su escuela, aunque anunciaron más movilizaciones. En octubre, los maestros de Acapulco firmaron un acuerdo para iniciar clases en todas las escuelas, después de dos meses de huelga en demanda de seguridad para los educadores. El gobierno federal desplegó hace dos meses a miles de policías y militares para contener la violencia en Acapulco y el resto de Guerrero, afectado por acciones de unas 17 bandas de carteles del narcotráfico.
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