“El aislamiento prolongado es tortura”

Juan Méndez vivió en carne propia la tortura y el trato inhumano. Por ser abogado de presos políticos estuvo detenido en la Unidad 9 de La Plata desde el gobierno de Isabel Martínez de Perón hasta el inicio de la dictadura argentina. “Aunque muchos de mis colegas y amigos desaparecieron, tuve un poco de suerte de caer en 1975, cuando todavía no había desapariciones”, señala el Relator Especial sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas. Sin embargo, la presión ejercida por Amnistía Internacional –que lo adoptó como preso de conciencia en 1976– lo ayudó a salir en libertad. Finalmente, se exilió en Estados Unidos. Fue miembro de Human Rights Watch y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. También dirigió el Centro de Derechos Civiles y Humanos de la Universidad de Notre Dame, en Indiana, e integró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. Méndez regresó recientemente a Buenos Aires para participar en el Seminario sobre los Procesos de Memoria, Verdad y Justicia en el Cono Sur. “Ante crímenes de lesa humanidad o de guerra no debe haber espacio para la impunidad. Los Estados están obligados a investigar, procesar y castigar esos delitos”, afirma en diálogo con Página/12 el abogado y especialista en derechos humanos.

El último informe presentado por Méndez ante la ONU estuvo dedicado al aislamiento en cárceles. En esa oportunidad sostuvo que la utilización prolongada de esa medida, especialmente si es indefinida, debería prohibirse completamente. En aquellos casos en los que es legítimo aislar al detenido, el Relator sugirió que la pena esté sujeta a la salvaguarda de los derechos del preso y de su salud física y mental, con la debida intervención de la Justicia. “Tengo la impresión de que el aislamiento cada vez se usa más para propósitos distintos y sin límites –asegura–. De este modo se generan (en los detenidos) daños psicológicos y psiquiátricos muy graves, configurándose el sufrimiento que es parte de la definición de tortura o de tratos crueles, inhumanos y degradantes”, agrega.

–Hay países que lo aplican como forma de ejecución de la sentencia; otros lo utilizan en la prisión preventiva; y otros lo usan para quienes violan la disciplina carcelaria. En términos numéricos, tal vez Estados Unidos sea el país que más lo emplea,ya que es también el país donde se encuentra la mayor concentración de población carcelaria. Creo que tiene dos tercios de todos los presos del mundo, unos dos millones cien mil aproximadamente. Se supone que debe haber entre 20 y 25 mil presos norteamericanos, en confinamiento solitario, entre las categorías que mencioné.

–En el norte de Europa se usa bastante para incomunicar a los detenidos. Dependiendo de cómo se ponga en práctica, la incomunicación también puede resultar en aislamiento. En Japón y en China se usa mucho como forma de ejecución de la condena, un grado de crueldad que se suma a penas normalmente largas.

–En países que antes tenían límites temporales más claros, en cuanto a su longitud, la medida se está extendiendo cada vez más. Hace treinta o cuarenta años, en la provincia de Buenos Aires lo máximo que un detenido podía pasar en los calabozos de aislamiento por sanciones disciplinarias graves, como insultar a un guardia o pelearse con otro interno, era de 21 días. Hoy hay una reglamentación que permite sanciones de hasta nueve meses. No quiero decir que lo usen asiduamente, pero esa posibilidad existe. Lo mismo pasa en Brasil. Reconozco que el Derecho Internacional no tiene normas muy claras sobre esto. En definitiva, el informe busca generar una conversación entre los Estados y la sociedad civil sobre qué medidas deberían adoptarse para limitar el uso del aislamiento.

–Propuse una veda total del aislamiento prolongado y del aislamiento indefinido (la literatura psiquiátrica estima que después de 15 días de aislamiento continuo, el cerebro comienza a cambiar su funcionamiento y tener daños que pueden o no ser irreversibles en el futuro). También sugerí una veda para personas que padezcan enfermedades o discapacidades mentales y para los menores. En los casos en los que es legítimo usarlo propuse una serie de medidas de salvaguarda de los derechos.

–La medida tiene que ser decretada por una autoridad judicial y no por una penitenciaria; esa autoridad judicial debe hacerse cargo de la vigilancia de la aplicación. Además, propuse una revisión periódica con personal médico que dependa del Ministerio de Salud y no del sistema carcelario. Y sugerí la existencia de un procedimiento administrativo o cuasi judicial en el que el interno pueda tener un debido proceso para defenderse de la medida.

–Existen grandes dificultades y sus resultados pueden ser muy inciertos. Pero el tema de Verdad y Justicia va a estar presente en estas sociedades. Y estará presente cuando terminen los conflictos en Siria, Bahrein y en los países donde se están dando transformaciones sociales muy serias.

–Naciones Unidas y los organismos internacionales de derechos humanos, que no tienen permiso para ingresar al país, manejan buena información. En estos seis u ocho meses hemos hecho comunicados, a veces dirigidos al Estado, y a veces en forma pública. Yo mismo hice el briefing para la reunión especial que convocó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en julio. En representación de todos los procedimientos especiales, informé al Consejo sobre lo que estaba pasando en Siria.

–Desde mi punto de vista, la mayor parte de las violaciones consistían en represiones callejeras, con un excesivo uso de la violencia. Depende de la gravedad, se trata de casos de tortura o de trato cruel, inhumano y degradante. También hay casos de dirigentes de derechos humanos o líderes de las manifestaciones que son detenidos y torturados. En algunos casos también son desaparecidos.

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