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El yerno del rey Juan Carlos fue imputado ayer por presunta malversación de fondos públicos y citado a declarar, con lo que Iñaki Urdangarín se convertirá en el primer miembro de la familia real española en rendir cuentas a la Justicia desde que se instauró la actual monarquía parlamentaria. El marido de la infanta Cristina, un ex jugador de handball de 43 años, tendrá que presentarse el próximo 6 de febrero ante el juez que instruye el llamado “caso Nóos”, en el que investiga presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude, falsedad documental y prevaricación.
Los delitos se remontan a la época en que Urdangarín presidía el Instituto Nóos, una fundación sin fines de lucro de Palma de Mallorca que según la causa cobró 2,3 millones de euros por organizar eventos y desvió más de la mitad del dinero a empresas con fines de lucro de Urdangarían y un socio. El marido de la segunda hija de los reyes de España, que actualmente vive en Washington con ella y sus cuatro hijos, tendrá que acudir en persona a declarar al juzgado de instrucción de Palma en el que tiene lugar la investigación, y si no lo hace podría ser detenido, advirtió el juez del caso.
“De no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, la orden de citación podría convertirse en orden de detención”, dijo el magistrado José Castro en su auto de imputación, luego de autorizar el levantamiento del secreto de sumario. El juez cree que Urdangarín y su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres –imputado ya desde hace tiempo–, “organizaron un entramado societario utilizando un grupo de sociedades mercantiles, a través de las cuales desviaban los fondos públicos y privados (procedentes de patrocinios de empresas) que recibía el Instituto Nóos, apoderándose de los mismos”.
“Respetamos la actuación de los jueces”, se limitó a decir ayer la Casa del Rey. El portavoz del duque de Palma, Mario Pascual Vives, quien también es su abogado, defendió por su parte la inocencia de Urdangarín y lamentó el “clamor popular” que según él existía en España para que fuera imputado. “De todo lo que ha ido saliendo, de todas las valoraciones, de todas las informaciones, pues lógicamente han dañado o pretendían dañar dijéramos su honorabilidad”, dijo Vives en referencia a los medios que publicaron revelaciones sobre el caso.
En el marco de este escándalo y en una decisión sin precedentes, el rey Juan Carlos decidió el 12 de diciembre apartar a Urdangarín de los actos oficiales de la Casa Real, aunque no borrarlo del registro de los miembros de la familia real. Su comportamiento “no parece ejemplar”, argumentó entonces el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno.
Los partidos políticos expresaron ayer su respeto a la Justicia, tras la imputación de Urdangarín. El Partido Popular (PP) del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pidió que “por el bien de todos, se conozca toda la verdad cuanto antes”. El opositor Partido Socialista (PSOE) confió en que “se esclarezca todo lo ocurrido”. Más duras en sus valoraciones fueron las formaciones de la izquierda parlamentaria minoritaria. “Esto no ha hecho nada más que empezar”, aseguró Izquierda Unida (IU). Con la imputación de Urdangarín se acusa a “algo más que a una persona”, añadió la formación, que pidió que se aclaren “los silencios y posibles encubrimientos”.
La situación llevó a la Casa del Rey a tomar anteayer otra decisión histórica: hacer público por primera vez cómo reparte el rey Juan Carlos el dinero que recibe anualmente de los Presupuestos Generales del Estado. El paso fue interpretado en España como un ejercicio de transparencia en un esfuerzo por recuperar la confianza que pudiera haber perdido la institución entre los ciudadanos debido al “caso Urdangarín”. Hasta ahora, sólo era pública la cantidad que el rey percibe anualmente y que, según establece la Constitución, distribuye libremente y en parte entre los miembros de su familia sin tener obligación legal de informar sobre cómo lo hace.
Los españoles pudieron saber el miércoles pasado que este año, la dotación de la familia real ascendió a 8,43 millones de euros, tras haberse reducido desde los 8,9 millones de 2010 por la crisis económica. Un año antes, además, se había congelado por primera vez, a petición del propio monarca, que quiso expresar así su solidaridad en tiempos de crisis con la sociedad española. De ese dinero, la reina Sofía, la princesa Letizia y las infantas Elena y Cristina se repartieron 375.000 euros en gastos de representación. Aunque se sabe que la reina y la princesa de Asturias recibieron cantidades más altas que las infantas, en el caso de las cuatro no se han desglosado las partidas, como sí se ha hecho con las del rey y el príncipe.
La mayor partida del dinero total que recibió el rey en 2011 estuvo destinada a los gastos de personal: es decir, algo más de cuatro millones de euros se destinaron al pago de salarios y otros conceptos laborales. Más allá del dinero que el monarca recibe anualmente y distribuye libremente, la familia real española genera otros gastos como el de escoltas, que asume el Ministerio del Interior, o el mantenimiento de palacios.
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