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Si la Liga Arabe quería detener la represión contra la oposición en Siria, logró un efecto contrario al enviar a un general sudanés involucrado en el genocidio de Darfur. La misión internacional está encabezada por el general Mustafá Dabi, a quien se lo vincula con el presidente sudanés, Omar al Bashir, acusado de haber dado refugio al líder de Al Qaida, Osama bin Laden.
Dabi carga sobre sus hombros con una orden de captura emitida en marzo de 2009 por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de guerra y de lesa humanidad, cuando el ahora observador fue jefe de Inteligencia de Sudán entre 1989 y 1995. La acusación contra Dabi fue ampliada en 2010 al cargo de genocidio en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, un conflicto militar racial entre los yanyauid y los africanos negros que causó la muerte de alrededor de 400.000 personas, según informes de la ONU y otras organizaciones humanitarias.
Pero más allá de los antecedentes de este general sudanés, las fuerzas de la oposición siria se quejan porque aseguran que se han incrementado los ataques desde la llegada de la misión de la Liga Arabe al país, el pasado domingo, ya que desde entonces murieron al menos 98 personas. La oposición cuestiona un informe elaborado por Dabi que dijo que “no vio nada terrorífico” en Homs, una ciudad al norte de Damasco donde es mayor la represión del régimen del presidente Bashar al Assad. Incluso el vocero del opositor Comité de Coordinación Local, Serrín Qabani, afirmó que cree que “la Liga Arabe ofrece cobertura al régimen sirio”.
El informe de Dabi fue rechazado también por militantes de derechos humanos, entre ellos Haytham Manna, un prominente disidente, quien señaló que los informes eran “poco profundos” y pidió a la Liga actuar rápidamente para salvar su misión en Siria. “La decisión de nombrar como jefe de la misión de observadores a un general sudanés, con antecedentes severos en la violación de los derechos humanos en Sudán, está socavando los esfuerzos de la Liga Arabe y pone seriamente en duda la crebibilidad de la misión”, dijo en un comunicado Amnistía Internacional.
A las protestas de Homs se sumaron unas 250.000 personas que ayer ganaron las calles de Idlib, en el noroeste de Siria, después de las oraciones del viernes, con el fin de reclamar más compromiso a la Liga Arabe. Desde que estallaron las protestas prodemocracia en Siria, a fines de marzo, por lo menos 5000 personas murieron, según informes de la ONU. Según la oposición, un tercio de estas muertes ocurrieron en Homs.
La organización Human Rights Watch, con sede en Washington, afirmó que el régimen sirio transfirió gran cantidad de los detenidos de Homs a zonas que estaban vedadas para la visita de los observadores extranjeros. El analista Jim Muir, de la BBC de Londres, señala que existe la posibilidad de que “la mayoría sunnita –probablemente influenciada por radicales islámicos– busque la toma del poder, con el apoyo de la comunidad alauita (que apoya hoy a Al Assad), cristianos y otras minorías, incluso con el respaldo de la clase media”.
Es posible, sin embargo, que se ponga en marcha un acuerdo establecido en El Cairo, el pasado 19 de diciembre, entre el principal dirigente de la oposición, Burhan Ghaliun, y el secretario de la Liga Arabe, Nabil Elaraby. Si se cumple este acuerdo antes de febrero, Al Assad debe retirar sus tropas de las calles de las principales ciudades, liberar a los presos políticos, permitir la entrada al país de periodistas y organizaciones humanitarias y abrir un diálogo con la oposición. Según la ONU, existen unos 14.000 presos políticos en Siria, pero de acuerdo con Ghaliun, esta cifra se eleva a 100.000 personas, muchas de las cuales corren el riesgo de ser asesinadas.
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