Según reveló el New York Times, varias bibliotecas norteamericanas se negaron a entregar información al FBI sobre la gente que las frecuenta y el tipo de literatura que consumen. Según la ley denominada Patriotic Act, promulgada poco después del 11 de septiembre, el FBI puede revisar los antecedentes o historial de personas sospechosas tanto en materia de negocios como de préstamo y compra de libros y el uso de Internet en las bibliotecas públicas, librerías y cafés.
Los libreros de las bibliotecas de Santa Cruz, California, han manifestado su oposición al llamado Patriotic Act. En una encuesta enviada a 1.500 bibliotecas del país el último otoño (boreal) por el Centro de Investigaciones sobre Bibliotecas de la Universidad de Illinois, 219 bibliotecas dijeron que habían cooperado con las autoridades enviando informaciones sobre sus clientes. Pero el personal de otras 225 bibliotecas dijo que no. Los libreros de las bibliotecas de Santa Cruz en cambio advirtieron a sus clientes que estaban revisando sus archivos para eliminar todo lo que no fuera estrictamente necesario para la biblioteca, como forma de protegerlos.
El acceso a las bibliotecas no es más que uno de los tantos pasos que está dando el FBI para detectar a todos aquellos que puedan tener relación con el terrorismo o que lo parezcan. Otra disposición de vigilancia se conoció hace pocos días, relativa a un sistema de conexión directo entre las agencias de viajes y las autoridades federales que entraría en vigencia próximamente. Así, el nombre y los datos de quien reservara un pasaje en el futuro, entrarían directamente a las computadoras del FBI para ser controlados. Si la persona tiene un historial impecable, el pasaje será emitido sin problemas. Si en cambio hay dudas sobre, por ejemplo, sus fuentes de financiación o sus actividades, la agencia le requerirá más datos. Si en cambio la agencia le niega directamente el pasaje, “mejor que llame a un abogado”, ironizó la nota del New York Times.
Después del 11 de septiembre, el FBI hizo una campaña de reclutamiento de informantes —tal y como sucedió durante el macartismo— a todos los niveles, desde estudiantes universitarios a simples pescadores de zonas limítrofes. Algunos piensan que estas medidas son justificadas porque no se puede vivir permanentemente bajo el estrés de amenazas de atentados, de trenes y subtes detenidos por paquetes sospechosos, de gente que llega al extremo de sellar sus ventanas con plásticos por miedo a las armas químicas o que incita a los niños a que sus familias adquieran máscaras antigás. Pero otros, como los bibliotecarios de Santa Cruz, están frenando la “caza de brujas” que esta omnipresente vigilancia implica.
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