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En tres horas, durante la madrugada de ayer (desde la 1.50 hora argentina), uno de los pabellones del penal granja del Barrio San Pablo, en Comayagua, al centro de Honduras, se transformó en un horno cerrado donde murieron incinerados más de 350 presos. Las autoridades por el momento tienen en mano dos hipótesis y ambas, curiosamente, cargan las responsabilidades sobre los presos (en su versión suicida-salvaje) o sobre los delgados hilos del destino (en este caso, hilos eléctricos) que provocaron un cortocircuito y permitirán a la prensa denominarlo como accidente o, en el mejor de los casos, una tragedia. Las primeras versiones de los que lograron romper los techos y eludir los disparos de los guardias que pretendían evitar las fugas narraban escenas literalmente dantescas.
“Nos estábamos quemando, sentíamos pánico y más cuando no nos abrían las celdas”, reveló uno de los sobrevivientes mientras lo trasladaban a una ambulancia con las plantas de los pies, las piernas y parte de los brazos al rojo vivo, la piel caída en escamas. “No nos abrían los portones hasta que llegó un enfermero (quien rompió tres candados) y por fin logramos salir”, alcanzó a decir antes de que lo llevaran. El enfermero mencionado era un preso encargado de la enfermería. De los penitenciarios, nada.
Durante tres horas se desató el incendio y la guardia no abrió las puertas siquiera a los bomberos que acudieron casi al instante. El penal, con módulos y una granja con huertas a su alrededor, se encuentra a 90 kilómetros de la capital, Tegucigalpa, en el Barrio San Pablo, dentro de la ciudad. Difícil responsabilizar a las estructuras: el penal tiene capacidad para 450 internos, pero las autoridades habían alojado casi 900. A las 22.50 del martes (1.50 del miércoles, hora argentina) se desató el incendio. La versión de la gobernadora del departamento de Comayagua, Paola Castro, aseguró a los medios que “a las 23.10 (2.10 argentina) recibí una llamada de un interno. Me dijo que otro reo había dicho: ‘Voy a meter fuego a esto y nos vamos a morir todos’. Y le metió fuego y nos estamos quemando, nos estamos muriendo todos”. La versión de la funcionaria, parte interesada en el asunto, no refirió que las celdas habían quedado cerradas y que cuando las llamas empezaron a tomar altura, los presos comenzaron a romper el techo para escapar. Los que lo lograron tuvieron que sortear las balas de los guardias, que interpretaban que, fuego o no fuego, salir por los techos del módulo era intento de fuga.
Los presos que se salvaron del siniestro relataron escenas dantescas de compañeros que quedaron calcinados abrazados a los barrotes. “Murieron prendidos fuego, se tiraban a los baños”, narró uno de los sobrevivientes. Desesperados, unos 300 familiares, entre hombres, mujeres y niños, que clamaban por información en las afueras del penal, se enfrentaron con la policía a pedradas. Cuando las autoridades leyeron una lista de sobrevivientes, los familiares de los ausentes se desesperaron, rompieron el cerco del penal y se agolparon en el patio frontal. Los guardias lo tomaron como una rebelión y respondieron a los tiros. Las fuentes periodísticas sostienen que al aire. Habrá que ver si fue así con el paso de las horas.
“Hay 272 muertos confirmados, pero creemos que son más de 300”, informó el ministro de Seguridad de Honduras, Pompeyo Bonilla. “Es bastante grave la situación –declaró el director de Centros Penales, Danilo Orellana, sin revelar a qué nivel se refería con ‘bastante’–, la mayoría murió por asfixia y calcinados (...) Tomaron fuego varios módulos y se investigan las causas.” Orellana añadió que se investigan dos versiones, que el incendio habría sido provocado por un cortocircuito y la otra por uno de los reclusos, que según las autoridades prendió fuego un colchón con aparentes fines suicidas.
Ayer, el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, aseguró que “haremos toda la investigación para determinar qué provocó esta lamentable e inaceptable tragedia, para sentar responsabilidades” y anunció la “suspensión de los cargos para garantizar un proceso investigativo de total transparencia”.
Miguel Insulza, secretario general de la OEA, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el envío de una comisión específica que investigue lo ocurrido. El sistema carcelario de Honduras tiene capacidad para alojar seis mil presos, pero el número ronda las 12.500 personas. Un infierno al borde del estallido. En mayo de 2004 lo anunció: un incendio en el penal de San Pedro Sula había dejado 104 muertos.
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