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El mundo|Sábado, 25 de febrero de 2012
LA OPERACION PREVE LA QUITA DE 107.000 MILLONES DE EUROS DE SU DEUDA EN MANOS DE BANCOS E INVERSORES

Grecia lanzó el canje en medio de protestas

Según los expertos, la quita y el cambio de condiciones hará que los bonos griegos pierdan el 70 por ciento de su valor nominal. No obstante estos esfuerzos, pronostican que Grecia requerirá de un tercer paquete de ayuda.

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La columna de manifestantes que ayer salieron por las calles de la capital griega a protestar en contra del ajuste.

Grecia lanzó ayer la oferta oficial para realizar un canje de bonos estatales, que prevé la quita de 107.000 millones de euros de su deuda en manos de bancos y otros inversores privados. La canciller de Alemania, Angela Merkel, elogió los esfuerzos económicos que realiza Grecia. Sin embargo, los analistas económicos vaticinaron la pérdida del 70 por ciento del valor nominal en los bonos con esta operación.

“Lo que se aprobó en Grecia los últimos días es mucho, mucho”, dijo Merkel, reconociendo los duros programas de ahorro impulsados por el gobierno griego. Con respecto a expulsar a Grecia de la Zona Euro, la canciller descartó de plano esa alternativa. “Ese camino es imprevisible e implica los mayores riesgos”, señaló ante una conferencia económica de su Unión Cristianodemócrata (CDU) en Stralsund, norte de Alemania.

Mientras el gobierno griego lanzaba el canje, cientos de manifestantes tomaron las calles para protestar en contra de las medidas de ajuste aprobadas como moneda de cambio para acceder al canje de deuda. Los sindicatos griegos anunciaron nuevas medidas de fuerza en los próximos días.

El proceso de canje de deuda está previsto dentro del último plan de rescate por un valor de 130.000 millones pactado por el Eurogrupo en la noche del lunes al martes pasado y que en la práctica supondrá la condonación del 53,5 por ciento del monto de los bonos tenidos por los acreedores privados.

Los bonos serán sustituidos por nuevos títulos de deuda griegos por un valor del 30,5 por ciento de los actuales, de 20 años de vencimiento a contar desde 2023, más otros con un valor del 15 por ciento emitidos por el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF), con vencimiento a dos años.

Con esta condonación se pretende reducir la abultada deuda estatal de 360.000 millones de euros, alrededor del 160 por ciento del PIB del país, hasta el 120 por ciento en 2020, considerado un nivel sostenible.

El proceso de canje, que durará alrededor de dos semanas, será seguido por las autoridades griegas en tiempo real, lo que permitirá saber de forma diaria cuántos inversores aceptaron canjear los bonos.

El anuncio formal del programa de canje se produjo después de una reunión del Consejo de Ministros en la que se trató la aplicación de las últimas medidas de austeridad aprobadas en el Parlamento.

“Estamos haciendo un esfuerzo titánico para asegurarnos el apoyo financiero para el país”, dijo a los periodistas el jefe del gobierno, Lucas Papademos, al abandonar esa reunión. La legislación sobre la quita, aprobada el jueves por el Parlamento heleno, incluye un mecanismo llamado Cláusulas de Acción Colectiva (CAC), que obligará a los tenedores de la deuda griega a acudir a la quita si hay una mayoría de acreedores que apoya la reestructuración. Una vez que la mitad de los tenedores por el monto de deuda acepten acogerse a la quita, se dará por comenzado ese proceso.

Las agencias de calificación anunciaron que el uso de estas cláusulas será considerada un impago que activaría los seguros de impago crediticio (CDS). Según algunos analistas, eso podría extender la inestabilidad financiera por el contagio a los bancos que hayan emitido este tipo de seguros. Charles Dallara, director del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), que representa el interés de los grandes bancos en las negociaciones sobre la quita, aseguró el jueves en el canal inglés BBC que la mayoría de los inversores está dispuesta a acogerse a la quita de forma voluntaria. “No consideran esto como una cuestión de caridad, sino que la evalúan con una perspectiva de costos y beneficios a largo término”, explicó el banquero.

El gobierno dedicará buena parte del nuevo préstamo europeo a financiar esta operación a través de incentivos a los bancos (30.000 millones de euros) y fondos destinados a la recapitalización bancaria (50.000 millones), algo que ha motivado la denuncia de la izquierda griega.

Según los expertos, la quita y el cambio de condiciones hará que los bonos griegos pierdan el 70 por ciento de su valor nominal. No obstante estos esfuerzos, el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schuble, sentenció que Grecia requerirá de un tercer paquete de ayuda.

En una nota enviada a los parlamentarios alemanes en la que pedía la aprobación del segundo envío de ayuda a Grecia, Schuble advirtió que no hay garantías de que el camino emprendido lleve al éxito. “Posiblemente no es la última vez que el Parlamento alemán deba votar ayuda financieras a Grecia”, sentenció. El lunes próximo, el Parlamento alemán deberá votar el segundo paquete de rescate para Grecia, por 130 mil millones de euros, acordado el 20 de febrero en la Eurozona.

Schuble defendió la estrategia adoptada para superar la crisis griega: “Participación importante de los acreedores privados, reformas vinculantes y verificables en Grecia, nueva ayuda puente de la comunidad internacional”. Sin embargo, ratificó sus temores ante la comisión presupuestaria del Bundestag y habló de “nuevas exigencias” cuando expire el segundo paquete griego, en 2014.

El ministro del gobierno de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Angela Merkel no fue el único político alemán en advertir sobre la posibilidad de que la ayuda sea insuficiente. El vocero socialdemócrata ante la comisión presupuestaria, Carsten Schneider, y su par de los verdes, Priska Hinz, dudaron de que Grecia pueda volver a financiarse en el mercado en 2014 y dieron por hecho que hará falta un tercer paquete en los próximos años.

Alemania es el mayor contribuyente a la ayuda a Atenas y uno de los tres países donde debe ser votada en el Parlamento. Los otros dos son Finlandia y Holanda, que está previsto que la aprueben en las próximas dos semanas.

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