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La Suprema Corte de Estados Unidos aparecía dividida ayer sobre la constitucionalidad de la reforma sanitaria de Barack Obama cuando uno de los jueces, cuyo voto será decisivo, se mostró escéptico en varias ocasiones sobre el futuro de la ley. El juez Anthony Kennedy, que vota tanto a derecha como a izquierda, podría de nuevo ser clave en un debate que desencadena pasiones en Estados Unidos.
Los nueve jueces, cinco nombrados por un presidente republicano y cuatro por uno demócrata, deben decidir si la medida más controvertida de la reforma de salud impulsada por el presidente Barack Obama, llamada “mandato individual” y que consiste en la obligación de suscribir un seguro de salud antes de 2014 o afrontar sanciones económicas, es constitucional. La Corte examinaba una demanda contra el mandato individual presentada por 26 estados, todos republicanos, una asociación de pequeños empresarios y cuatro particulares.
Paul Clement, el abogado de los estados demandantes, alega que la “ley amplía de manera espectacular la autoridad federal” e “impone nuevas obligaciones a todo el mundo, desde los estados hasta las compañías aseguradoras, desde empleadores privados hasta los individuos”. En nombre del gobierno de Obama, el fiscal general adjunto, Donald Verrilli, argumenta que esta disposición “para una cobertura mínima entra perfectamente dentro de los poderes del Congreso” para regular el comercio interestatal.
Con la excepción del presidente del tribunal, John Roberts, que parecía más ambivalente, los jueces conservadores de la Corte parecieron alinearse detrás de la opinión de que el Estado federal está forzando el comercio al solicitar que todos los individuos compren un seguro sanitario.
Una enmienda de la Constitución estadounidense prohíbe que las personas se vean forzadas a comprar productos, pero los jueces más liberales del tribunal insistieron en que el mercado de la salud era diferente del mercado automotor o de la alimentación. El objetivo del gobierno de Obama es que 32 millones de estadounidenses hasta ahora sin seguro de salud empiecen a tener uno y colmar un agujero presupuestario de 43.000 millones de dólares generado por las personas que no cuentan con cobertura médica. La discusión se produjo el segundo del tercer día de audiencias en lo que es quizás el mayor caso que trata la Corte.
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