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Mientras el ex mandatario, Fernando Lugo, reiteraba su intención de recuperar el poder, el gabinete del nuevo presidente paraguayo, Federico Franco, juró ayer en el palacio presidencial. Durante la jornada, el Poder Judicial avaló la nueva gestión desde la Corte Suprema y el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Nueve ministros juraron su cargo ante Franco, cinco de ellos del Partido Liberal, en una ceremonia en el palacio de gobierno poco después de una reunión del presidente con los responsables de las principales compañías petroleras en el país, al que Venezuela le cortó los suministros. La ceremonia empezó justo cuando concluía una rueda de prensa ofrecida por Lugo a unas manzanas de distancia. Aunque no se nombró al nuevo titular del Ministerio de Hacienda, el ex viceministro de Seguridad Interna, Carmelo Caballero, asumió como ministro del Interior en sustitución de Rubén Candia Amarilla, quien permaneció en el cargo apenas diez días, ya que había sido nombrado por el destituido Fernando Lugo. También juró oficialmente ayer –aunque fue nombrado el sábado último y ya estuvo en funciones– el ministro de Relaciones Exteriores, el liberal José Félix Fernández Estigarribia, en reemplazo de Jorge Lara Castro.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estará a cargo del diputado liberal Enrique Salyn Buzarquis y el de Salud Pública y Bienestar Social corresponderá al infectólogo Antonio Arbo. El abogado liberal Enzo Cardozo fue repuesto en la cartera de Agricultura y Ganadería luego de haber renunciado el jueves, cuando su partido decidió apoyar el polémico juicio político que se le aplicó al entonces presidente Fernando Lugo. En el Ministerio de Educación y Cultura se confirmó el nombramiento del colorado Horacio Galeano Perrone, quien fue el primer ministro en esta cartera cuando asumió Lugo, en el 2008. Además, dos mujeres se sumaron al gabinete de Franco: la oviedista María Liz García de Arnold como ministra de Defensa Nacional y María Lorena Segovia Azucas como titular de Justicia y Trabajo.
En los primeros pasos de la nueva gestión, el Poder Judicial apoyó el rechazo legislativo a la gestión de Lugo. Se conoció así la decisión de la Corte Suprema de desestimar sin más trámite la acción de inconstitucionalidad planteada el viernes, en pleno juicio, por el ex mandatario, basada en que no se le dio tiempo para articular una defensa. En una resolución que recurre a argumentos de un texto de derecho constitucional del abogado de Lugo, Emilio Camacho, la Sala Constitucional del Supremo avaló el procedimiento vertiginoso fijado por el Senado para el juicio político, por estar dentro de sus prerrogativas. “Como (el juicio político) se trata de un procedimiento que técnicamente no es jurisdiccional, las garantías propias del proceso judicial, aunque puedan ser aplicables, no lo son de manera absoluta, sino parcial”, reflejaron los magistrados. “Es un procedimiento parlamentario administrativo”, resaltaron, aclarando que se juzgan conductas políticas.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay aseveró que el nuevo presidente, Federico Franco, deberá completar el mandato otorgado hasta agosto de 2013 y descartó cualquier posibilidad de adelantar las elecciones previstas para abril de ese mismo año. “Es el legítimo presidente de la República del Paraguay y deberá completar el período constitucional 2008/2013”, indicó a través de un comunicado. “No existe ninguna posibilidad de adelantar la fecha de elecciones”, reiteró y confirmó que las elecciones generales se realizarán el 21 de abril de 2013. Ante el llamamiento a la resistencia popular de Lugo, el senador liberal Blas Llano anunció que habrá mañana una concentración frente el Parlamento en apoyo a Franco. A su vez, rompió el silencio el precandidato presidencial colorado, Horacio Cartes, al que el ex mandatario acusó de promover su destitución, quien se jactó de que al Partido Colorado le convenía electoralmente que Lugo terminara su mandato en 2013. El gobierno actual también tomó la palabra, esta vez para rechazar la decisión de suspender a Paraguay del Mercosur tomada por los otros tres Estados miembros, a los que acusó de extralimitarse.
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