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Llega a un año de gobierno en Perú Ollanta Humala con algunos ruidos en Cajamarca, donde un conflicto minero se desbordó y terminó desnudando serias fallas de gestión, y con ruidos en palacio, con dos cambios de gabinete que reflejan la tensión entre el sector tecnócrata neoliberal que maneja la economía y una izquierda que duda entre pasarse a la oposición o luchar por más protagonismo dentro del oficialismo. Con un planteo similar al de Lula, sin resultados espectaculares como le pasó a Lula en los primeros años, y con un presidente que no es Lula, y una base política que no es el PT de Lula y un electorado que tampoco es el de Lula.

Pero llega a su primer año de gobierno con índices de popularidad razonables, mayoría parlamentaria gracias a una serie de acuerdos con partidos de centro y de derecha, con resultados macroeconómicos envidiables, con un frente social en el que la mayoría de los conflictos están siendo negociados y los demás no parecen articularse en un frente opositor consolidado, con un nuevo acercamiento a los sectores de izquierda que, más allá de algunos gestos, nunca terminó de irse del gobierno, y una convivencia razonable con un fujimorismo reducido a poco más que un discurso de mano dura.

Humala es difícil de encasillar. Militar, tomó un curso en la Escuela de las Américas y en el 2000 encabezó un levantamiento en contra de Fujimori. Cuatro años después pidió el retiro con rango de comandante y se volcó a la política, fundó el Partido Nacional y se hizo fuerte en los mismos sectores populares que apoyan al fujimorismo. Se alió con la izquierda y lo vincularon con Hugo Chávez. Perdió con Alan García las elecciones presidenciales del 2006 y volvió a la carga en el 2011 con mejor suerte. Pasó a la segunda vuelta con un programa político llamado La Gran Transformación, de corte muy estatista.

Pero al llegar al ballottage, Humala confirmó que el programa que él proponía no era del agrado de amplios sectores de la población, que preferían la continuidad del modelo neoliberal que en los últimos veinte años había atravesado las administraciones de Fujimori, Toledo y Alan García. Entonces lanzó un segundo programa de gobierno, Hoja de Ruta, con el que involucra a sectores de centro, parte de ellos comprometidos con el gobierno de Toledo (2001-2006). Con ese programa, que a diferencia del programa original garantiza la continuidad del modelo económico al respetar compromisos adquiridos con la inversión y mantener el equilibrio macroeconómico. Humala gana las elecciones. Su jefe de campaña en el 2011, el mismo que financió su campaña en el 2006, es un empresario de izquierda llamado Salomón Lerner. Lerner estuvo de acuerdo con la Hoja de Ruta, ya que además continuidad económica incorporaba un fuerte componente de inclusión social. De hecho, una de las promesas de campaña que Humala cumplió fue la de crear el Ministerio de Inclusión Social para manejar los planes del gobierno. Cuando asumió en julio del año pasado, Humala nombró a Lerner como su primer jefe de gabinete. Ese primer gabinete incluyó figuras de izquierda o centro progresistas en algunas carteras como Relaciones Exteriores, Educación, Medio Ambiente y el Ministerio de la Mujer. Pero los ministerios vinculados con la economía fueron en otra dirección. Ahí, el presidente peruano siguió el consejo de Lula de dejar las finanzas en manos de los neoliberales. En Economía, Humala nombró a Luis Miguel Castilla, el viceministro de Hacienda de Alan García. Otros nombramientos en las áreas de planeamiento y producción recayeron en figuras alineadas con Castilla. Y en el Banco Central, Humala selló la continuidad de Julio Velarde Flores, un ex consultor del Banco Mundial que venía presidiendo el Central desde el 2006, designado por García.

En sus primeros meses de gobierno, Humala cumplió con algunas de las promesas de campaña que emanaban de su discurso de priorizar la inclusión social. Además de crear el nuevo ministerio aumentó el salario mínimo, renegoció los contratos mineros con ganancias para el Estado estimadas entre mil quinientos y tres mil millones de dólares e hizo aprobar en el Congreso una ley de consulta previa a las comunidades amazónicas para proyectos de explotación de recursos naturales, una vieja demanda de los movimientos sociales. También hizo algunas reformas al código laboral e impulsó algunos programas sociales. Pero en un país con una enorme tasa de desigualdad y exclusión social, acumuló un importante superávit fiscal y sus socios en la izquierda lo acusan de no haber sabido repartir bien los recursos obtenidos por la renegociación con las mineras.

En el verano la tensión latente en el gobierno peruano estalló por un conflicto en la mina de oro de Yanacocha en Cajamarca, a partir de una gran inversión y proyecto de explotación que anuncia Newmont, la minera estadounidense con sede en Denver. Se trata de una mina con antecedentes de mala relación con una población en la que predomina la prédica antiminera. Se hace un estudio de impacto ambiental y el proyecto se aprueba, pero con gran oposición de la población, encabezada por el presidente de la región, un izquierdista duro que entabla una alianza con los indígenas y los ambientalistas para frenar el proyecto. Para destrabar el conflicto Lerner, el entonces jefe de ministros de Humala, contrata a un equipo de peritos internacionales para revisar el estudio de impacto ambiental. Pero la oposición a la mina rechaza el peritaje. Lerner va a Cajamarca a conversar, pero las negociaciones son caóticas, con decenas de interlocutores para el sector antiminero: aborígenes, ambientalistas, líderes sociales, funcionarios del gobierno regional cada cual con sus demandas y su particular agenda política. Las negociaciones se estancan y Humala empieza a pensar en un plan B. Entonces Humala pierde la paciencia y decreta el estado de emergencia y manda a los gendarmes a repartir palos. Todo esto ocurre mientras Lerner todavía estaba negociando. Sintiéndose desautorizado, el jefe de ministros presenta su renuncia en diciembre. Con él se va buena parte de los cuadros de izquierda que ocupaba cargos en el gobierno. Se van el ministro de Energía y Minas, el de Medio Ambiente y la de la Mujer, amén del equipo de gestión de la jefatura de gabinete y las diversas direcciones y oficinas que dependen de ella. La sangría se traslada al Congreso, donde Humala perdió por izquierda a ocho miembros de su bancada, pérdida que el oficialismo supo compensar con creces a través de acuerdos parlamentarios con los sectores más republicanos del centro y el centroderecha que son visceralmente antifujimoristas, como los socialdemócratas que lidera Toledo y los liberales que se referencian en Mario Vargas Llosa.

Buscando una actitud más dura con los manifestantes en Cajamarca, el presidente nombra como sucesor de Lerner a su ministro de Interior, un ex militar que había sido instructor de Humala llamado Oscar Valdez. Se trata de un funcionario con muy poca experiencia política y menos representatividad, cuyas políticas de mano dura terminan con diecisiete muertos en protestas sociales en lo que va del año, seis en Cajamarca. Entonces entra en juego la primera dama, Nadine Heredia, protagonista fundamental del gobierno de su marido. Hace un mes nombró a un obispo y a un sacerdote para que negocien con los antimineros de Cajamarca, puenteando al primer ministro Valdez. A la semana siguiente Humala le comunicó a Valdez que debía renunciar para facilitar una segunda renovación del gabinete. El recambio ministerial ocurrió la semana pasada. Otra vez no involucró al sector económico, que sigue firme bajo el timón de Castilla. El nuevo primer ministro, Juan Jiménez Mayor, era el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Humala. Profesor de Derecho Constitucional, había sido funcionario del gobierno provisorio de Valentín Paniagua, que fue muy elogiado por sus políticas de derechos humanos durante la transición del fujimorismo a la democracia. Jiménez Mayor promete retomar el diálogo con los sectores sociales y encarar políticas preventivas a través de la inversión pública para evitar estallidos, sin dejar de tener una actitud firme a la hora de encararlos.

En el nuevo gabinete el sector de Castilla gana espacio con la nueva designación en Agricultura, pero también queda confirmado el referente del sector progresista, el canciller Rafael Roncagliolo. Más aún, Humala reflotó su vieja amistad con Lerner y volvió a convocarlo, esta vez para que represente a Perú en la Unasur, bajo la órbita de Roncagliolo. Lerner aceptó con la esperanza de que la recuperada actitud dialoguista del gobierno y el reencuentro con Humala sirvan para retomar la agenda redistributiva de la Hoja de Ruta, que quedó pendiente o se demora demasiado. Lerner no dice que hay que cerrar Yanacocha ni que hay que olvidarse de la minería. “Es una lástima que toda la atención se concentre en Cajamarca cuando hay dos o tres proyectos mineros en marcha que son igual de importantes y no generan tanta oposición,” comentó el otro día, de paso por Buenos Aires, camino a una misión en Paraguay.

Para el analista Ricardo Uceda, director ejecutivo del Instituto de Prensa y Sociedad con sede en Lima, Humala no puede prescindir de la minería. “Es cierto que hay problemas y conflictos sociales por la minería. Pero para Humala es muy importante porque financia su programa de inclusión social. Hay mucha desigualdad y una necesidad muy grande de recursos para cubrir esa de-sigualdad. En la visión del gobierno hay que favorecer las inversiones para cerrar la brecha social.”

Así llega Humala al primer año de su gobierno. Con una economía que crece a un saludable cinco y pico por ciento, con los famosos superávit gemelos, con Perú firmemente anclada en el eje económico derechista del Pacífico que integra con Chile, Colombia y México y que fundamentalmente mira al Asia, a esos grandes compradores que son China e India. Llega también con idas y vueltas y errores varios de gestión, con la carga de diecisiete muertos por la protesta social y una prometida agenda de inclusión social que parece postergarse cuando entra en contradicción con el afán fiscalista del ala económica del gobierno.

Pero llega bastante entero, con no pocas promesas cumplidas, con un marco de alianzas que le permite cierto margen de acción dentro del frágil sistema político peruano, con el crédito todavía abierto de buena parte de la izquierda y la derecha, con un modelo inspirado en la experiencia exitosa de Lula en Brasil y la esperanza de alcanzar los mismos resultados.

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