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Mujer de rasgos mestizos y apariencia frágil, Walda Barrios luchó en los años ochenta en Guatemala, y hoy, a sus 64 años, combate las injusticias del modelo patriarcal. “Existe un machismo y sexismo al extremo”, dice convencida Barrios, consejera asesora de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, una organización que promueve la participación de la mujer en la política y acompaña las iniciativas de ley que la benefician. Barrios estuvo en Buenos Aires participando de la conferencia “Guatemala hoy: situación socio-política, derechos humanos y perspectivas a futuro” y luego dialogó con Página/12. La situación en su país es alarmante para el género: los crímenes contra las mujeres crecen año a año, como una espiral. Según información de la Comisión Presidencial contra el Femicidio, el año pasado fueron asesinadas 705 mujeres, frente a las 675 del año anterior.
Guatemala, de 14 millones de habitantes, es considerado junto con México uno de los países con mayor índice de femicidios en el mundo. Así, entre 2000 y 2010 fueron asesinadas por violencia de género 5200 mujeres en ese país, según cifras policiales. El femicidio, la violencia que el hombre ejerce contra la mujer por el solo hecho de ser mujer, es un fenómeno que se da en su país como una continuación del conflicto armado, tras la firma del acuerdo de paz en 1996. Académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Walda Barrios señala que la agresión contra la mujer está relacionada con que, desde la firma de la paz, las mujeres comenzaron a participar más en política. el movimiento social se reorganizó y surgieron cantidad de organizaciones de mujeres en todo el país. “Las feministas guatemaltecas vemos un continuum de la violencia, pensamos que la saña de los asesinatos de mujeres responde al mandato patriarcal de recluir a las mujeres en sus casas.”
Miembro del partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, fusión de otrora grupos guerrilleros, Barrios señala que hoy quedan las secuelas de la política del terrorismo de Estado y genocidio del pasado, que dejó 200 mil muertos. “Es una sociedad post conflicto, una democracia enferma. Hemos tenido 36 años de conflicto armado durante los cuales el aparato de Estado se usó para la represión. Eso no se desmontó con la firma de la paz”, afirma, separando las palabras con pequeñas pausas, quien fue candidata a la vicepresidencia en 2007. A Walda la violencia la tocó de cerca. Su tío, Hugo Barrios Klee, quien era integrante del Comité Central del Partido Guatemalteco del Trabajo, fue secuestrado junto a la militante comunista Fantina Rodríguez. Fueron los primeros secuestrados desaparecidos.
Durante el conflicto, el cuerpo de la mujer era usado como botín de guerra y arma de contrainsurgencia. “Las mujeres eran violadas en público en las plazas y luego asesinadas ante la mirada de sus esposos. El uso de la violencia sexual era una manera de humillar a las comunidades”, rememora Barrios.
La violencia de género no sólo ocurre entre la población campesina o empobrecida; por estos días la prensa guatelmateca señala un caso emblemático: el de Cristina Siekavizza. La mujer, de clase media alta, desapareció misteriosamente en julio del año pasado. Un mes después, una empleada del hogar familiar reveló que el esposo de la víctima, Roberto Barreda, la había golpeado hasta la muerte. Barreda huyó con los dos hijos que tuvo con Siekavizza sin que hasta ahora se conozca su paradero, ni el de los niños, ni el de la víctima. Su caso echa por tierra el prejuicio de que son las mujeres de clases populares las únicas víctimas de la violencia.
Los crímenes contra la mujer suelen estar mezclados con la problemática de las maras (pandillas), el sicariato, el narcotráfico y la trata de personas. Uno de los rituales de iniciación en las maras para una mujer es que la violen y golpeen. El uso del cuerpo de la mujer como territorio arrasado. A esto se suma la presencia en el país de carteles mexicanos como Los Zetas. Las autoridades guatemaltecas dicen que este poderoso grupo narco controla zonas rurales de algunas provincias de Guatemala y está reclutando a pandilleros de la Mara Salvatrucha –la más peligrosa de Guatemala– para entrenarlos en campos paramilitares.
En México, país vecino, la ONU recomendó al gobierno revisar las estrategias de seguridad a partir del documento emitido por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que señala su preocupación por la persistencia de delitos contra las mujeres. “La estrategia de combate al crimen organizado, combinada con una persistente impunidad y corrupción, ha contribuido a la intensificación de patrones ya existentes de discriminación y violencia de género.” Según el informe, existe una conexión entre el número creciente de desapariciones de mujeres y el fenómeno de trata de personas.
Desde 2008, la legislación de Guatemala reconoce el delito del femicidio y comenzaron a funcionar tribunales especiales para juzgar esos delitos; así y todo los indicadores aumentan porque hay impunidad. “Hay 600 asesinatos en el año y dos condenas; los crímenes contra la mujer son de dos a tres por día. ¿Para qué sirve la ley si no se aplica? Por eso los perpetradores no se desalientan.” Tampoco hay campañas masivas desde el Estado de educación contra la violencia, denuncia Barrios.
Amnistía Internacional, en su informe 2012, señaló que en Guatemala persistieron los elevados índices de violencia a pesar de que se promulgó la mencionada norma. “La Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer parece haber tenido un escaso impacto en la reducción de la violencia contra las mujeres y en la rendición de cuentas de los responsables.”
Barrios insiste en que mientras no haya justicia, ni reparación histórica, su país no saldrá de la espiral de violencia. “Los que perpetraron los crímenes de lesa humanidad usando el aparato del Estado están allí, burlándose del resto de la sociedad. Las miles de personas inocentes masacradas deben algún día ser reivindicadas en procesos de recuperación de memoria histórica.”
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