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Entre todos los condenados por el Supremo Tribunal Federal –la corte suprema de Brasil– a raíz de un juicio por corrupción, dos nombres saltan con fuerza específica: José Genoino y José Dirceu. El primero era el presidente del partido cuando aconteció lo ocurrido. El segundo es, además del gran artífice de la victoria de Lula en 2002, uno de los mejores cuadros de la izquierda brasileña desde la redemocratización, o sea, los últimos casi treinta años.
La causa se remonta a los primeros años del primer gobierno de Lula da Silva, cuando –acorde con la fiscalía general– el PT, partido del presidente, estableció un régimen de compra de votos de parlamentarios aliados, a través de pagos mensuales –de ahí el término “mensalao”–. A cada votación de algún proyecto importante para el Ejecutivo, los legisladores comprados recibirían una paga mensual, es decir, la mensualidad, para votar a favor.
Eso nunca se pudo comprobar. Hay coincidencias, es verdad, entre pagos y votos. Pero también hay pagos sin votación y votaciones sin pago. Lo que se comprueba es la entrega de sumas consistentes del PT a partidos aliados. El PT admite haber asumido el compromiso de cubrir deudas de campaña de aliados, práctica absolutamente común en Brasil a la hora de formar alianzas. Basta con ver las alianzas de la oposición para comprobar que son tan esdrújulas como las del gobierno.
Quien denunció todo el esquema ha sido uno de los beneficiados, el diputado federal Roberto Jefferson, presidente del PTB (Partido Laboral Brasileño). A cambio de apoyar al gobierno recién estrenado de Lula, además del control de algunos sectores del aparato público, Jefferson admitió haber recibido en la época –2004– alrededor de cuatro millones y medio de reales, o sea, unos dos millones de dólares. En efectivo, sin recibo, sin papeles, sin testigos, sin nada.
Un dato curioso: Jefferson tuvo su mandato en suspenso y sus derechos políticos suspendidos por diez años, por sus pares, por no haber logrado comprobar sus acusaciones. Y, además, por haber confesado dejarse corromper.
La denuncia explotó y provocó, entre otros daños severos al PT y al gobierno de Lula, la pérdida de los principales nombres de su primer mandato. Empezando por el presidente de la Cámara de Diputados, Joao Paulo Cunha, y pasando por el presidente del PT, José Genoino, junto a más de dos docenas de ministros y parlamentarios de partidos aliados.
Algunos fueron absueltos por falta de pruebas. Otros –pese a la falta de pruebas, como Dirceu y Genoino– han sido indiciados judicialmente.
Ha sido uno de los casos más complejos juzgados en las últimas décadas por la suprema corte brasileña. Además de todos los encausados –un grupo de publicitarios, funcionarios intermedios de partidos aliados, jefes de otros partidos–, el blanco de atenciones estuvo en el trío José Dirceu, José Genoino y el entonces tesorero del PT, Delubio Soares.
Con una fuerte presión de los grandes medios de comunicación, los once ministros del Supremo Tribunal Federal –ocho de los cuales indicados durante los mandatos de Lula da Silva y de Dilma Rousseff– decidieron, por mayoría muy amplia, que tanto Dirceu como Genonio y Soares son culpables de una serie de delitos, que van de corrupción activa a desvío de recursos públicos.
Quedan algunas cosas pendientes, como, por ejemplo, decidir si también son culpables de haber formado una pandilla criminal para comprar votos de parlamentarios para que aprobasen proyectos del Poder Ejecutivo.
El resultado –que daña de manera indiscutible tanto al PT como a por lo menos dos de sus figuras más relevantes, Dirceu y Genonio, como a Lula– ha sido divulgado en un período delicado, que va entre la primera y la segunda vuelta de elecciones municipales. En San Pablo, segunda mayor ciudad latinoamericana y tercer mayor PIB de Brasil, los efectos han sido palpables.
Pero, más allá del ocasional período electoral, ese resultado hiere de manera profunda, además de las figuras históricas de Dirceu y de Genonio (el tercer gran masacrado, Soares, ni de lejos tiene una biografía comparable a los otros dos), al PT y, en última instancia, a Lula da Silva. El partido definitivamente perdió su imagen mítica de combatiente de las viejas políticas. Quedó asentado, acorde con los magistrados, que el PT se igualó a todos los demás partidos, y de ahí, quizá, venga la furia con que ahora es condenado tanto en la opinión pública como, principalmente, en los grandes medios de comunicación.
No se sabe cuáles serán las penas impuestas a los condenados. Es considerable el riesgo de que tanto Dirceu como Genoino –los dos víctimas de cárcel en la dictadura militar que imperó en Brasil de 1964 a 1985– sean condenados a prisión en régimen cerrado.
No se sabe cuáles serán las consecuencias de ese juicio en el futuro no sólo del PT –que, por lo visto, logró salir bien de las elecciones municipales de ahora, y con el gobierno de Dilma Rousseff logrando salir más o menos entero–, pero principalmente de Lula da Silva.
La saña de la derecha, fuertemente acuartelada en los grandes medios, es palpable. La campaña contra el PT y los acusados ha sido de una intensidad pocas veces vista en la historia brasileña. No será ninguna sorpresa si el paso siguiente sea una gran campaña para que el mismo Lula sea enjuiciado.
Un punto se destaca en toda esa historia: no hay una única –única– prueba de que Dirceu haya comandado el esquema de compra de votos. Y más: tampoco hay una prueba, una aunque sea, de qué votos han sido comprados.
Lo que sí quedó asentado es que vastas sumas de dinero de campaña electoral recaudado por el PT han sido distribuidas entre aliados. Hay indicios convincentes de que parte de esos recursos tuvieron como origen el desvío de recursos públicos, lo que configura crimen. Quedó comprobado que una vieja práctica de la política brasileña –mezclar el público con el ocasional interés de uno y otro partido– se dio una vez más. Delubio Soares, el antiguo tesorero del PT, admitió haber administrado la “caja dos”, es decir, dinero no declarado, ilegal por lo tanto, en la generosa distribución a los aliados, para cubrir gastos de campaña electoral. Un viejo hábito nacional, que tuvo y tiene participación de todos los partidos. Quedó comprobado que hubo crimen.
No hay una sola prueba de que Dirceu y Genoino hayan participado de la trama. No hay nada que muestre su inocencia. Pero tampoco hay nada que pruebe su culpa. Los mismos integrantes del Supremo Tribunal Federal que los condenaron dejaron claro, en sus votos, que decidieron a base de inducciones, ilaciones, conducciones.
En otros tiempos, cuando valían los principios fundamentales del derecho, cabía a los acusadores comprobar la culpa de los acusados.
Al menos en eso, el Supremo Tribunal Federal de Brasil ofrece una innovación: ahora les toca a los acusados demostrar que son inocentes.
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