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La masacre de Curuguaty es una herida abierta en Paraguay. El 15 de junio pasado, cuando campesinos ocupaban una tierra en litigio entre el Estado y la firma Campos Morombí, de la familia Riquelme, sucedió lo peor: la intervención de la policía generó un enfrentamiento que dejó como saldo 17 muertos, entre ellos 11 campesinos y 6 policías. Por la masacre de Curuguaty, el presidente Fernando Lugo fue sometido a un juicio político exprés y destituido del cargo a la semana siguiente. Por la masacre de Curuguaty, doce campesinos fueron detenidos en medio de denuncias de irregularidades en el proceso judicial, en que la defensa presume que tanto policías como labriegos fueron emboscados en el momento en que negociaban una salida al conflicto.
Cuatro de los doce campesinos llevados a prisión, Luis Olmedo, Lucía Agüero, Juan Carlos Tillería y Alcides Ramírez, iniciaron una huelga de hambre hace dos meses exigiendo su libertad. El evidente deterioro de su estado de salud y la falta de respuesta de las autoridades levantó una polvareda de protestas a las puertas de la fiscalía. En una de las movilizaciones, Lugo leyó una carta pública en la que denunció al poder político que lo derrocó. “El Caso Curuguaty es parte de la conspiración de los golpistas, que condujo a la parodia de juicio político que terminó con mi destitución.” Lugo arremetió contra su ex vice hoy presidente, Federico Franco. “El gobierno golpista no tiene ningún interés ni voluntad política en investigar seriamente y esclarecer el caso.”
El 2 de octubre, el Ministerio Público presentó un informe técnico y los supuestos avances de las investigaciones de la masacre con que se acusa a los campesinos de preparar una emboscada a los policías y de ser los primeros en disparar. El fiscal de Curuguaty, Jalil Rachid, señaló que “la actitud de la policía siempre fue la de pacificar”. Las pruebas que Rachid usó para acusar a Rubén Villalba, líder de la ocupación del predio, fue una foto en la que se lo ve con un rifle apuntando a los policías. El fiscal dijo que los campesinos estaban posicionados estratégicamente “en forma de embudo”. “Es una forma casi perfecta, la distancia con relación con ellos está entre 15 a 20 metros, de entre sí”, dijo Rachid. El fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, agregó, que según las evidencias obtenidas, no había infiltrados entre los campesinos, un argumento de peso de la defensa. “No había gente infiltrada entre los campesinos, eso se deduce por el tipo de armas (...) la policía fue emboscada”, dijo Díaz Verón.
La teoría de la defensa contradice la estrategia de la fiscalía. Hay muchos cabos sueltos. El abogado Guillermo Ferreiro sumó como prueba la investigación realizada por la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (Peicc), liderada por el liberal de línea progresista Domingo Laíno. Dijo Ferreiro, en diálogo con Página/12, que tanto policías como campesinos fueron emboscados por desconocidos cuando un grupo de avanzada de la policía estaba reunido conversando con los campesinos. “La versión que todos leímos en la prensa relataba que Rubén Villalba le dispara al jefe policial Lovera y así se inicia la balacera. Los policías que estaban en ese grupo dicen no saber quién les disparó, hablan de tiradores profesionales y de ráfagas, varios se niegan a afirmar o desmentir que eran campesinos, pese a la insistencia de los periodistas.” Ferreiro dijo que el fiscal Rashid ocultó la evidencia que le entregó, en la que se establece el uso de armas automáticas. “Esa evidencia no aparece en las fotografías que presentó como pruebas.” El abogado agregó que la pericia realizada por la propia policía estableció que de las armas incautadas a los campesinos, sólo una dio positivo a la prueba del hisopo, es decir, sólo una había disparado recientemente.
Ferreiro dijo que en el acta que la fiscalía presentó para acusar a los 12 detenidos no se mostró ningún indicio ni relación fáctica que los involucre directamente. “Algunos de los acusados no estaban ni siquiera en el lugar, otros estaban de paso.” Ante el deterioro de la salud de los cuatro presos en huelga de hambre, el abogado pidió al fiscal y al juez del caso, José Benítez, el arresto domiciliario de sus clientes. Lo rechazaron. Entonces presentó un hábeas corpus ante la Corte Suprema. En el medio, Ferreiro denunció el hostigamiento del gobierno de Franco. “La ministra de Justicia dijo que ellos están en huelga de hambre por culpa de sus abogados y que nos van a denunciar para revocarnos la matrícula.”
El jueves pasado los cuatro presos debieron ser internados de urgencia en el hospital nacional de Itauguá y al día siguiente el juez Benítez ordenó el arresto domiciliario. Otro de los abogados de la defensa, Vicente Morales, confirmó ayer a este diario que los cuatro campesinos levantaron la huelga de hambre. Y que los otros ocho acusados seguirán recluidos en el penal de Coronel Oviedo a la espera de un juicio que podría empezar recién en un año. La masacre de Curuguaty es una herida que aún no cicatriza.
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