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El presidente islamista egipcio, Mohamed Mursi, mantiene sin cambios un controvertido decreto que amplía sus poderes tras un encuentro con la jerarquía judicial del país destinado a intentar salir de la crisis política más grave desde su elección, en la víspera de manifestaciones de opositores en todo Egipto. La validez de la declaración constitucional que blinda los poderes del jefe de Estado será examinada el próximo 4 de diciembre por la Justicia. Los partidarios del mandatario, que también iban a protestar, anularon anoche su llamado a manifestarse hoy para “evitar enfrentamientos” con los opositores.
Los disturbios que sacuden al país desde hace varios días dejaron un muerto.
El portavoz de la presidencia egipcia, Yaser Ali, afirmó que “no va a haber reformas” del acta constitucional, aunque precisó el significado de algunos polémicos artículos, durante una rueda de prensa tras la reunión que mantuvo Mursi con los magistrados en El Cairo. Ali precisó que las decisiones declaradas inapelables y definitivas en el primer artículo del acta son solo las de soberanía e insistió en que esta medida es provisional y terminará con el anuncio de una nueva Constitución y la elección de una nueva Cámara baja del Parlamento.
Mursi precisó a los jueces que sólo eran irrevocables las decisiones que conciernen a los temas relacionados “con sus poderes soberanos”. Mursi reafirmó igualmente el carácter temporario del decreto. Antes del encuentro, el ministro de Justicia, Ahmed Mekki, sugirió que Mursi estaba dispuesto a restringir el ámbito de sus decisiones que escapan a todo recurso ante la Justicia, para calmar la rebelión de los magistrados y la cólera de la oposición.
Durante la reunión con el jefe del Consejo Superior de Justicia, Mohamed Metuali, y otros seis jueces, Mursi expresó su respeto a la autoridad judicial, sus miembros y sus competencias, e insistió en su independencia como garantía de seguridad para los ciudadanos. Según Ali, los jueces y el presidente expresaron su determinación de evitar la discordia entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
El Consejo Superior de Justicia, que no valoró el encuentro, calificó el domingo de “agresión sin precedentes contra la independencia del Poder Judicial” la declaración constitucional, aunque pidió a los magistrados que no sigan la huelga convocada por el Club de Jueces. Este decreto ha tensado la relación entre Mursi y el Poder Judicial y desencadenado numerosos disturbios en Egipto, que hasta el momento se han saldado con un muerto y más de 440 heridos, según los datos difundidos ayer por el Ministerio de Sanidad.
Pero incluso antes de que comenzara el encuentro, un tribunal administrativo de El Cairo anunció que estudiará el 4 de diciembre los pedidos de anulación del controvertido decreto. Este procedimiento desafía las mismas disposiciones del decreto presidencial, que prohíbe todo examen por la Justicia de las decisiones del mandatario.
Los Hermanos Musulmanes, formación a la que pertenece el presidente, anularon una manifestación convocada para hoy “para evitar todo enfrentamiento o disturbios”, declaró Ahmed Sobei, miembro del Partido de la Libertad y la Justicia (PLJ), brazo político de la cofradía islamista.
En la plaza Tahrir de El Cairo, donde desde el viernes se yergue una aldea de carpas, un cartel proclama: “Prohibido a los Hermanos Musulmanes”.
Los partidarios del presidente participaron ayer en los funerales de un joven islamista que murió el domingo por la violencia en Damanhour, en el delta del Nilo, mientras que los opositores a Mursi se reunieron en una mezquita de Tahrir para las exequias de un militante muerto durante la noche por las heridas que recibió en las protestas de la semana pasada. El juez Abdelmequid al Moqanan, vicepresidente del Consejo de Estado, explicó que alegan que el jefe de Estado no tiene derecho a tomar estas medidas sin recurrir a un referéndum supervisado por los jueces.
Mientras tanto, los representantes de los medios de comunicación egipcios se retiraron de la Asamblea Constituyente, dominada por islamistas, que está elaborando una nueva Constitución para el país, debidos a que se ignoraron todas sus propuestas para proteger la libertad de prensa.
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