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Desde Londres
El Reino Unido tiene hoy su 7D. La Comisión Leveson que nombró el gobierno para investigar la prensa escrita a la luz del escándalo de las escuchas telefónicas presenta su informe. Nadie sabe si la comisión recomendará una forma más estricta de autorregulación de la prensa o si se inclinará por la creación de un ente regulador independiente, pero su dictamen ya ha generado una fuerte ofensiva mediática “en favor de la libertad de prensa” y contra periodistas favorables a un fuerte esquema regulatorio. La misma coalición gubernamental conservadora-liberal demócrata aparece dividida y podría presentar por separado su respuesta al informe.
El escándalo de las escuchas tiene siete condenados, 14 procesados, más de 40 libres bajo fianza, unas 600 víctimas identificadas, un periódico cerrado y decenas de arreglos extrajudiciales, como las 200 mil libras (más de 300 mil dólares) que pagó News International al actor Jude Law o las 63 mil (alrededor de 100 mil dólares) que pagó al ex viceprimer ministro laborista John Prescott. Pero hoy, tanto los medios como el gobierno estarán pendientes de otra cosa. El escándalo, que comenzó en 2005 con denuncias de escucha ilegal al príncipe Guillermo, se volvió incontenible en julio del año pasado, cuando se supo que News of the World había interferido el celular de una adolescente desaparecida para obtener primicias. El primer ministro David Cameron dudó, pero la indignación colectiva y una catarata de nuevas denuncias que afectaban ya no a famosos sino a gente común y corriente en el ojo de la noticia (víctimas de violaciones, familiares de las víctimas de atentados terroristas o de los caídos en Afganistán e Irak) lo forzó a crear una comisión para investigar la “práctica y cultura de la prensa” y proponer medidas que eviten una repetición de estos hechos.
El primer ministro anunciará su reacción por la tarde, un par de horas después de que se presente el informe. Los analistas políticos británicos estiman que después de recibir testimonios durante nueve meses de decenas de políticos, celebridades y víctimas de las escuchas, la Comisión Leveson se verá obligada a proponer algún tipo de regulación de los medios. “A menos que Leveson sucumba a la retórica cruda que han empleado algunos periódicos, lo más probable es que proponga una modesta regulación de la prensa”, señaló en The Independent el comentarista Steve Richards. Cualquiera sea la recomendación, Cameron tiene dos opciones: aceptarla plenamente o agradecer los servicios prestados diciendo que la incorporará a la propia propuesta del gobierno.
En el primer caso, si la propuesta contiene un sistema regulatorio independiente, Cameron provocará la furia de los mismos medios que buscó conquistar desde que se convirtió en líder del Partido Conservador, en 2005. La relación con el poderoso grupo Murdoch, deteriorada al máximo por su decisión de crear la Comisión Leveson, se volverá irreparable. Otros sectores de la mayoritaria prensa conservadora, impacientes con los vaivenes de su gobierno, profundizarán sus críticas. En caso de que agradezca los servicios prestados, quedará ante la opinión pública como esclavo de los grandes grupos mediáticos, a la zaga del Partido Laborista, que está a favor de un marco regulatorio independiente y expuesto a la hostilidad de celebridades del calibre del actor Hugh Grant.
La presión de algunos medios ha sido feroz. “Los periódicos están en guerra. Han criticado, ridiculizado e intentado minar a la Comisión Leveson. Han tratado de ensuciar el nombre de supuestos enemigos de la libertad de prensa que simplemente estaban a favor de un sistema regulatorio”, señaló este lunes en su editorial The Guardian. Entre los medios de derecha –y también para Cameron– la campaña se inscribe en el marco de un rechazo a toda regulación e intervención del Estado en la vida social. Pero el tema es complejo. Los conservadores están divididos entre los que prefieren un sistema autorregulatorio mucho más duro que el actualmente existente y los que quieren un ente regulador independiente. El mismo The Guardian no descarta la idea de una autorregulación que contenga en su interior suficientes garantías de independencia para que no se repitan los abusos del pasado. La palabra la tienen hoy el juez Brian Leveson, que preside la comisión, y el primer ministro David Cameron.
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