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Decenas de miles de personas recibieron en Ramalá al presidente palestino. Mahmud Abbas regresó a su tierra tras la histórica votación en la que las Naciones Unidas aprobaron el ingreso de Palestina como Estado observador. En respuesta, el gobierno israelí anunció que confiscará 120 millones de dólares de los impuestos recaudados que corresponden a la Autoridad Palestina.
Abbas fue recibido por un ambiente festivo y multicolor: una marea de banderas de color blanco, verde, rojo y negro ondearon en una plaza inundada por militantes de todas las facciones palestinas y engalanada con carteles con su imagen junto a la del fallecido presidente Yasser Arafat, además de una gigantesca fotografía de Jerusalén. En su discurso, Abbas abogó por la unidad nacional, en alusión a las diferencias entre las dos principales facciones palestinas, Al Fatah (que gobierna Cisjordania) y Hamas (que controla la Franja de Gaza), y la calificó como el siguiente paso de sus gestiones hacia la independencia.
También recordó el apoyo mayoritario de la comunidad internacional a su causa y las presiones que siguieron a la votación en la ONU para que cambiara el texto de la resolución, a las que dijo haber hecho caso omiso porque era el deseo del pueblo palestino. Palestina obtuvo el jueves el estatus de Estado observador no miembro de la ONU en una decisión que cosechó el apoyo de 138 estados, y en la que los países que votaron en contra fueron solo nueve, entre ellos Estados Unidos, Israel y Canadá.
El viernes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció su intención de incrementar y acelerar la construcción de asentamientos en respuesta a la resolución aprobada por la comunidad internacional, a la que consideró un ataque contra el sionismo. “Israel seguirá construyendo en Jerusalén y en todos los lugares del mapa de intereses estratégicos de Israel”, declaró Netanyahu, según recogió ayer la prensa israelí. “La medida unilateral de la Autoridad Palestina en la ONU es una flagrante violación de los acuerdos vigentes y, por consiguiente, el gobierno israelí rechaza la resolución de la Asamblea General”, añadió.
La Casa Blanca emitió un comunicado en el que consideró contraproducente la decisión israelí de incrementar en 3000 el número de viviendas en territorio ocupado y de mapear en E-1, una zona a las afueras de Jerusalén que de construirse cortaría la continuidad territorial entre el norte y el sur de Cisjordania. La construcción de esas viviendas fue criticada por los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Francia y Reino Unido. El ministro de Exteriores británico, William Hague, incluso manifestó sus dudas sobre la voluntad de paz de Israel. “Las colonias israelíes son ilegales de acuerdo con el derecho internacional y destruyen la confianza entre las partes”, dijo el sábado. Su colega francés, Laurent Fabius, sostuvo que los asentamientos limitan la expansión territorial de un futuro Estado palestino. “Las autoridades israelíes deberían demostrar clara voluntad de retomar las negociaciones”, dijo.
La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, consideró en la noche del viernes que el anuncio de Israel pone en peligro todos los esfuerzos por encontrar una solución negociada al conflicto con los palestinos. La encargada de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Catherine Ashtonn, dijo ayer que está extremadamente preocupada por la dimensión de los planes de Israel. “La Unión Europea constató varias veces que cualquier construcción de asentamientos es ilegal de acuerdo con el derecho internacional y supone un obstáculo a la paz.”
Ayer, en tono desafiante, Netanyahu señaló en la reunión semanal de gabinete que piensa hacer caso omiso a las advertencias que vengan de fuera, incluidas las procedentes de Washington. “La respuesta al ataque al sionismo y al Estado de Israel debe reforzar y enfatizar la implementación del plan de asentamientos en todas las zonas en las que decida el gobierno”, dijo parafraseando al ex primer ministro israelí Isaac Rabin.
De este modo, el gobierno de Israel dejó en claro nuevamente que el abrumador apoyo diplomático de la semana pasada en el seno de la Asamblea General de la ONU no será gratis. En este sentido, confirmó que bloqueará este mes 460 millones de shekels (120 millones de dólares) que recauda para la Autoridad Palestina (AP). “Habíamos avisado de antemano que lo que iban hacer no quedaría sin respuesta. No tengo intención de traspasar ese mes el dinero a la Autoridad Palestina. Voy a usarlo para pagar sus deudas que debe a la compañía de electricidad y otros organismos israelíes”, declaró el ministro de Economía, Yuval Steinitz (Likud).
Aunque la suma bloqueada a los palestinos es vital para el funcionamiento de la Autoridad Palestina y representa del 50 por ciento del exiguo presupuesto del Gobierno, la decisión no provocó por ahora demasiadas reacciones por parte de los palestinos, que ya contaban con que habría represalias y están aún embriagados con su triunfo diplomático.
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