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Desde Londres
En los últimos 70 años el Reino Unido formó siete comisiones para investigar la prensa y formular recomendaciones sobre su futuro. En 1990, a la luz de la cobertura periodística de la familia real, la Comisión Calcutt advirtió a la prensa que era la última oportunidad de autorregularse. El fracaso de esta autorregulación fue evidente con el escándalo de las escuchas telefónicas a celebridades y gente de a pie que estalló en julio del año pasado. El jueves 29 de noviembre la Comisión Leveson, nombrada para investigar la “cultura y práctica de la prensa”, propuso la creación por ley de un organismo supervisor que vigilara un reforzado código autorregulatorio de la prensa.
El primer ministro David Cameron rechazó la promulgación de una ley porque “pondría en peligro la libertad de prensa” y está llevando adelante un diálogo con los otros partidos políticos y los llamados Barones de la Prensa para llegar a un acuerdo sobre el tema. A nivel político, la respuesta de Cameron equivale a un doble salto mortal para evitar el antagonismo de la poderosa prensa británica y el de las víctimas de la intrusión periodística. Hacked Off, la organización que representa a las víctimas, cuenta con figuras de fuerte impacto popular como el actor Hugh Grant y los padres de Madeleine McCann, la niña desaparecida en Portugal hace cinco años, y ha organizado una campaña de recolección de firmas en favor de la regulación, que sumó en pocos días más de 140 mil personas.
La violación de la intimidad es un punto central de la Comisión Leveson, de otras anteriores y del debate en general sobre la regulación de la prensa. La interferencia de los mensajes electrónicos de una adolescente desaparecida, la acusación y envilecimiento de asesinos o violadores que resultaron no serlo, las campañas contra personas que no habían cometido ningún crimen, la persecución incansable de celebridades que tuvo uno de sus puntos cúlmines con el accidente y muerte de Lady Di en 1997 son algunos de los capítulos más notorios de la poderosísima prensa amarilla británica. Pero Leveson también tocó el aspecto político. La comisión descubrió una incestuosa relación entre la prensa y la clase política, entre el Grupo Murdoch y los partidos Conservador y Laborista, entre la policía y los periódicos. “No hay pruebas de acuerdos por debajo de la mesa. Fue mucho más sutil que eso. Durante los últimos 35 años, la relación ha tenido una insalubre proximidad”, señaló el juez Leveson.
La autorregulación, consagrada en 1953 como una suerte de principio sagrado, le ha dado a la prensa un poder especial en el universo mediático. “La televisión y la radio tienen un regulador independiente, Ofcom, que los obliga a tener una cobertura mucho más equilibrada que contemple todas las opiniones en torno de un tema y no pueden lanzar campañas, por ejemplo la corrupción. La prensa no tiene esta limitación. El escándalo de los pagos a los diputados surgió en la prensa escrita. En este sentido es la que mejor puede desafiar el poder político”, indicó a Página/12 el especialista en Medios de la London School of Economics Charlie Beckett.
La prensa señala que una regulación pondría en peligro este lugar crítico e investigativo del poder de turno y la existencia de una verdadera pluralidad mediática. El problema es que esta pluralidad mediática está en peligro desde que a principios de los ’80 la primera ministra Margaret Thatcher autorizó al grupo Murdoch, que poseía un 40 por ciento de la prensa escrita, a lanzar la cadena televisiva Sky. Con esta medida, la Dama de Hierro le dio al grupo una influencia sobre la opinión pública que pronto la convirtió en la “Darling” de la clase política. Unido a Thatcher por la ideología y sus propios negocios, Murdoch apoyó a los conservadores, fue crucial en la derrota del laborista Neil Kinnock en medio de una recesión (“El último que se vaya que apague la luz”, tituló The Sun el día de los comicios) y dio el salto a la tienda del Nuevo Laborismo luego de que Tony Blair cruzara medio globo para explicar al News Group los cambios que había realizado en su partido.
En este sentido, el escándalo de las escuchas, que desnudó un verdadero servicio de espionaje en el hoy fenecido dominical News of the World, fue un duro golpe para el grupo pero está lejos de constituir un 7D a la argentina. El juez Brian Leveson subrayó que el régimen de propiedad mediática no es satisfactorio pero, al no ser parte del mandato específico de la comisión que presidió, no se explayó sobre el tema. El líder del Laborismo, Ed Miliband, que apoyó plenamente las recomendaciones del juez Leveson, propuso un retorno a la era pre-Thatcher para la propiedad de los medios. Pero, por el momento, el eje del debate es regulación o autorregulación. La misma prensa está dividida entre los que aceptan la necesidad de un sistema cualitativamente distinto al actual, aunque sin regulador externo (centroizquierda del espectro, el The Guardian o el The Independent) y los que buscan una autorregulación con algunas medidas vistosas como las multas de hasta un millón de libras, pero dominada aún por los directores de los periódicos (grupo Murdoch y prensa de derecha). “Creo que la comisión es una señal de alarma para la prensa, un momento histórico en el que los diarios van a tener que elegir entre vivir en el pasado o rehacerse para seguir vivos a futuro”, indicó a Página/12 Charlie Beckett.
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