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Página/12
en Francia
Por Eduardo Febbro
Desde París

“Quisiera volver pronto a casa, pero no nos dicen nada. No sé cuánto tiempo voy a permanecer aquí. Hace cuatro meses que estoy preso y es muy largo. Hasta pronto. Murad.” Murad Benchellali escribió estas líneas desde la base norteamericana de Guantánamo (Cuba) hace exactamente un año. En ese entonces no sabía que, al igual que los otros presuntos islamistas arrestados por las fuerzas norteamericanas en Afganistán durante la ofensiva contra el régimen talibán y la red Al-Qaida, quedaría atrapado en Guantánamo como un hombre al desamparo, sin estatuto, acusado de “ser algo proscrito”. El padre de Benchellali todavía no sabe por qué su hijo fue arrestado, ni lo que hizo exactamente, ni que “crímenes” se le reprocha, ni cuáles son los cargos que pesan sobre él y los otros seis franceses que se encuentran en la misma situación. Recién ahora se abre una ventana, al menos una perspectiva para que, más allá de las faltas cometidas, esos “prisioneros de Guantánamo” dejen de ser individuos cercados en una isla sin tiempo. Después de casi un año de combates jurídicos, las familias de los franceses de Guantánamo lograron que las condiciones de su detención sean consideradas ilegales.
A pedido de la Justicia francesa, el Grupo de Trabajo sobre la detenciones arbitrarias perteneciente a las Naciones Unidas consideró el miércoles pasado que el arresto de tres franceses y de un español en la base de Guantánamo era “contrario” a las normas del derecho internacional.
La decisión del Grupo sólo concierne a tres de los seis detenidos franceses, pero no puede menos que aliviar la soledad “jurídica” en que se encuentran tantos los detenidos como sus familias. Desde hace un año y medio, los franceses permanecen en una suerte de “zona gris”, carente de estatuto, encarcelados en condiciones excepcionales, sin otra posibilidad de justicia que la norma militar que los Estados Unidos les aplica a los 650 prisioneros oriundos de 40 países detenidos en Guantánamo desde finales del 2001. En su fallo, el Grupo de Trabajo de la ONU estima que “la detención de Murad Benchellali, Jaled Ben Mustapha, Nizar Sassi y Hamed Abderrahaman Ahmed está en contravención con el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Estados Unidos es signatario”. En una petición inédita que pone en tela de juicio los criterios utilizados por la administración Bush, la ONU solicitó al gobierno norteamericano que “haga lo necesario para remediar esta situación y ponerse en conformidad” con los principios fijados por ambos textos. Para el abogado de tres de los seis franceses, Paul-Albert Iweins, el fallo significa la “victoria del derecho”. Estados Unidos siempre consideró que los prisioneros transferidos a Guantánamo no eran más que “combatientes ilegales carentes de todo derecho en el marco de las convenciones de Ginebra”. Sin embargo, el fallo de la ONU no sólo les reconoce un “derecho” sino que, además, legitima el conjunto de las críticas y demandas hechas por los organismos defensores de los derechos humanos. El recurso presentado por Iweins argumenta que no existe ningún cargo contra los presos, nunca pudieron consultar a un abogado, su testimonio jamás fue recabado por un magistrado, no se les autoriza ninguna comunicación con el exterior, exceptuando la visita de los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR, el único habilitado a entregarles las cartas de sus familiares.
Nada prueba que Washington responderá a las recomendaciones del Grupo de Trabajo. Hasta ahora, pese a los trámites “informales” del Ministerio francés de Justicia y a las constantes iniciativas de los familiares de los detenidos, Estados Unidos nunca dio curso a las demandas. Los fracasos sucesivos de las gestiones se deben también a una guerra interna que sacudió los medios judiciales franceses, opuestos en su interpretación del estatuto jurídico de los prisioneros de Guantánamo. La complejidad de los elementos en juego es aún tal que nadie sabe exactamente cuántos son los franceses llevados de Afganistán. La cifra oficial es de seis, pero otras fuentes hablan de ocho personas. Los abogados de Murad Benchellali y Nizar Sassi, de 22 y 24 años, presentaron una querella por “arresto arbitrario”, pero el Tribunal de París se declaró “incompetente” y desestimó reconocerles a los detenidos el status de prisioneros políticos. Los abogados presentaron un recurso pero, el pasado 20 de mayo, la Corte de Apelaciones francesa estimó que el derecho francés no podía aplicarse a estos casos y que, por añadidura, Estados Unidos actuó en Afganistán en el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Murad Benchellali y Nizar Sassi crecieron en los alrededores de Lyon, en el barrio Minguettes, en la localidad de Vénissieux (centro-oeste de Francia). Vivieron entre torres gigantescas, en medio de esas zonas suburbanas llamadas “ciudades dormitorios” que crecieron como hongos en la época en que la vieja Europa necesitaba inmigrados, mano de obra barata y obediente para construir rutas y puentes. Sus trayectorias son casi comunes. Desde muy temprano, ambos estuvieron ligados a cierto islamismo “romántico militar” heredado de un entorno familiar muy militante y sin dudas facilitado por las condiciones de “apartheid” en las que, a lo largo de los años ‘80 y ‘90, se mantuvo a los hijos de inmigrados árabes. La madre de Nizar sólo recibe de su hijo cartas “fugitivas” escritas en un formulario especial de la Cruz Roja. “Lo que más me gustaría es que mi hijo sea juzgado en Francia”, dice la mujer. La familia de Benchellali soporta una situación similar. Yadel, uno de los miembros del Comité de Apoyo a los Franceses de Guantánamo, cuenta que las pocas cartas que reciben “tienen un tono desesperado”. Ounsi, secretario general del Comité, niega las acusaciones de “terroristas” que pesan sobre los hombres: “No existe ningún elemento para probar que son peligrosos terroristas internacionales”, dice furioso. Para los habitantes de Minguettes, resulta imposible entender cómo Nizar y Benchellali pasaron a formar parte de la red de Osama bin Laden. “Eran muchachos como todos, sin historias”, aseguran los vecinos.
Los defensores de los derechos humanos coinciden en afirmar que, para Washington, Guantánamo es un “símbolo” más que una cárcel donde se encerró a temibles terroristas. El abogado Willam Bourdon, una de las grandes figuras del derecho francés, estima que Estados Unidos quiere “tranquilizar a su opinión pública. La imagen de Guantánamo forma parte del amplio operativo comunicacional. Murad y Nizar pagan los platos rotos”. El problema que se plantea, por encima de las posibles culpabilidades, es el del derecho. Ounsi explica: “Nosotros no afirmamos que Murad o Nizar son culpables o inocentes. En realidad no sabemos. Las imágenes del 11 de septiembre los hicieron culpables ideales. Nosotros, lo que pedimos es que, si son culpables, que sean juzgados como se debe”.

Se abre una ventana en la “zona gris” del Pentágono

Desde hace casi un año y medio, prisioneros despojados de todo derecho se pudren en las prisiones militares improvisadas por el Pentágono en Guantánamo. Hasta ahora, sin esperanzas. Pero una intervención de la Justicia francesa ante la ONU señala el comienzo de un cambio.