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Desde Lima
La trayectoria política de Alan García, dos veces presidente del Perú (1985-1990 y 2006-2011), ha estado marcada por las acusaciones de corrupción. Tal como ocurrió al finalizar su primer gobierno, García enfrenta ahora una investigación judicial por enriquecimiento ilícito durante su reciente gestión presidencial. La investigación fue abierta esta semana por la Fiscalía de la Nación luego de que se supo que García adquirió en octubre de 2012 –quince meses después de dejar la presidencia– una residencia por 830 mil dólares en el acomodado distrito limeño de Miraflores. García pagó 530 mil dólares en efectivo al momento de la compra y los otros 300 mil con un crédito bancario a tres años. La resolución fiscal señala que hay indicios de un incremento patrimonial no justificado del ex presidente.
Al día siguiente de anunciada la investigación fiscal en su contra, García se presentó ante la prensa para hacer un balance de lo que asegura han sido sus ingresos desde que dejó la presidencia, pero no permitió preguntas de los periodistas. García se defendió de las acusaciones en su contra por enriquecimiento ilícito diciendo que ha tenido un período de extraordinaria bonanza económica desde que dejó la presidencia en julio de 2011 y que eso explicaría sus gastos, entre ellos la compra de la residencia por la que está siendo investigado. El ex presidente aseguró que en los últimos 18 meses ha tenido ingresos por 3 millones 352 mil soles (aproximadamente 1 millón 340 mil dólares). Aunque su pensión como ex presidente le dejó en estos últimos 18 meses 254 mil soles (unos 101 mil dólares), justificó el resto de los ingresos que asegura haber tenido diciendo que por dar 18 conferencias en diversos países había recibido 2 millones 120 mil soles (unos 848 mil dólares); que le habían pagado otros 803 mil soles (321 mil dólares) por su trabajo como asesor y director de un Instituto de Gobierno en la Universidad San Martín de Porres de Lima, dirigida por quien fuera su ministro de Educación, José Antonio Chang, quien ha sido denunciado por corrupción; y que la venta de tres libros le habían dejado 175 mil soles (70 mil dólares). García no presentó ante la prensa documentos que sustenten estos ingresos. Ayer entregó a la fiscalía 200 páginas de documentos que, dijo, respaldan sus declaraciones sobre los mismos. Ahora le toca a la Fiscalía investigar la veracidad de estos abultados ingresos que García asegura haber recibido en el último año y medio.
La investigación fiscal no es la única que deberá afrontar García. En el Congreso se ha pedido la formación de una comisión que investigue las adquisiciones inmobiliarias de Alan García. Y ya existe una comisión especial dedicada a investigar la corrupción en el gobierno de García, lo que incluye un posible desbalance patrimonial de los altos funcionarios de ese gobierno, entre ellos el propio ex presidente. Esta comisión citará en los próximos días a García y solicitará el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria del ex presidente. “En los cinco años del gobierno de Alan García ha habido muchísimos escándalos de corrupción, nosotros estamos investigando los más emblemáticos y daremos nuestro informe final en mayo. En el gobierno de García la corrupción fue enorme y hubo mucha impunidad”, le dijo a Página/12 el congresista oficialista Sergio Tejada, presidente de esta comisión investigadora.
El Partido Aprista de García ha respondido solicitando en el Congreso la creación de una comisión investigadora por la compra en el año 2011 por parte del ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) –declarado rival político de García– de una casa en la playa por 277 mil dólares y la compra que hace poco hizo la suegra de Toledo de una residencia en Lima por 3 millones 750 mil dólares. Toledo ha respondido diciendo que la casa de verano la adquirió con el producto de la venta de un terreno en 150 mil dólares y un crédito bancario por el mismo monto y que su suegra, una ciudadana belga, compró su residencia con su propia fortuna.
Para Alan García, que tiene una larga experiencia en enfrentar investigaciones por corrupción, se repite la historia del final de su primer gobierno, cuando al poco tiempo de dejar el poder fue denunciado e investigado por enriquecimiento ilícito y se le abrió un proceso penal en la Corte Suprema. En esa ocasión, después de haber lanzado su famosa frase “el que no la debe no la teme”, el ex presidente huyó del Perú en 1992 para eludir a la Justicia. Se refugió en Bogotá y París hasta que los cargos en su contra prescribieron y pudo regresar al Perú en el año 2001. Durante su autoexilio para evitar ser juzgado por corrupción compró un departamento en París y otro en Bogotá.
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