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La Corte Suprema de Uruguay decidió dar dos evidentes saltos hacia atrás en materia de verdad y justicia. Sin previo aviso, y arbitrariamente, el máximo tribunal apartó a la magistrada Mariana Mota del juzgado donde tramitaba cincuenta causas por violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura entre 1973 y 1985 –el 40 por ciento de todas las causas– y, peor aún, determinó que eran inconstitucionales dos artículos de una ley que dejó sin efecto la amnistía o Ley de Caducidad, heredada de la transición a la democracia.
Hace poco más de un año, la coalición de centroizquierda gobernante Frente Amplio había aprobado la Ley 18.831, que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad y, como parte de una misma decisión, el Estado uruguayo había asumido el 21 de marzo pasado, en un acto público, su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, cumpliendo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman. En dicha sentencia, con fecha del 24 de febrero de 2011, la CIDH responsabilizó al Estado por el crimen de la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia García Iruretagoyena, y le solicitó que investigue y juzgue a los responsables.
Sin embargo, para cuatro de los cinco ministros de la Corte Suprema, la ley penal no puede aplicarse retroactivamente. Dice el fallo del 22 de febrero: “La aprobación e incorporación a nuestro derecho interno de los denominados ‘crímenes de lesa humanidad’ se produjo con posterioridad a la comisión de los hechos de la presente causa, por lo que las reglas que establecen su imprescriptibilidad no pueden ser aplicadas”. El ministro Ricardo Pérez Manrique votó en contra en soledad, siendo el único que no entró al Poder Judicial en dictadura. Y un dato que no deja de llamar la atención es que tres de esos cuatro jueces –Jorge Larrieux, Jorge Ruibal Pino y Jorge Chediak– habían usado argumentos a favor de los tratados internacionales en el caso del asesinato de Nibia Sabalsagaray, en 2009.
Tanto el Frente Amplio como organizaciones de familiares de detenidos y desa-parecidos y la central sindical PIT-CNT repudiaron la decisión judicial y el lunes pasado marcharon en silencio por el centro de Montevideo. La senadora y primera dama Lucía Topolansky, referente de los Tupamaros y del partido Movimiento de Participación Popular –el más votado dentro del Frente Amplio–, dijo que su formación impulsaría un juicio político contra los ministros de la Corte. Sus palabras sonaron más a una expresión de deseo, porque se sabe que al oficialismo no le alcanzan los votos para llevarlo adelante.
Por supuesto que los tres ex presidentes que ya se habían opuesto a la aprobación de la citada ley volvieron a alzar sus voces para defender con los mismos argumentos la postura del máximo tribunal. En un comunicado, Jorge Batlle, Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, dijeron: “No es posible agredir el principio de separación de poderes con la amenaza de citaciones inconsultas, infundados juicios políticos y el agravio constante de legisladores oficialistas a los miembros de la máxima autoridad judicial”. Una vez más, los tres adalides del conservadurismo más retrógrado de Uruguay recordaron que hubo dos pronunciamientos populares –1986 y 2009– a favor de que se mantenga la Ley de Caducidad que, a la salida del régimen militar, amnistió a policías y militares acusados de secuestros, violaciones y asesinatos durante la última dictadura. Dijeron en el comunicado: “Es inadmisible que se sigan despreciando dos consultas directas a la ciudadanía en clara violación de la soberanía popular”. Y luego, como una estrategia conocida de las derechas de nuestra región, alertaron sobre el peligro de desestabilidad, al afirmar: “Levantamos nuestra voz de alerta cívica ante el retorno de actitudes antidemocráticas que dividen peligrosamente a la sociedad uruguaya y que, de no superarse inmediatamente, arrastrarán al país a tiempos de confrontación que no deben repetirse”.
Destacados juristas y abogados señalaron que el fallo del tribunal supremo contradice la sentencia en el caso Gelman y el Pacto de San José de Costa Rica. El abogado uruguayo Pablo Chargoña dijo a esta cronista que las consultas populares no pueden estar por encima del derecho internacional. “La decisión de la Corte Suprema es un verdadero desacato a la sentencia de la CIDH, que obliga al Estado a perseguir y castigar los delitos de lesa humanidad. La CIDH descarta la incidencia de los referéndum porque los derechos humanos no son plebiscitables.”
Por estos días, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó su preocupación por el fallo en Uruguay, ante la posibilidad de que se cierre el camino a las investigaciones sobre casos de violaciones a los derechos humanos. “Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional”, dijo Pillay.
En opinión de Chargoña, Uruguay está hoy en situación de incumplimiento de la sentencia de la CIDH. Y dependerá de la actuación de los fiscales y jueces para que este salto hacia atrás no se profundice. “La inconstitucionalidad de la ley no implica que los juicios se paralicen si los fiscales y jueces aplican directamente la sentencia en el caso Gelman.” Dependerá también de la clase política uruguaya que no se continúe bajo la sombra de la impunidad.
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