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El nuevo foco de inestabilidad que experimenta Portugal tras la anulación de algunas medidas de ajuste y la validación política de las condiciones del rescate de Chipre centrarán la reunión de dos días que iniciarán hoy en Dublín los ministros de Economía europeos. Los ministros de la Eurozona, que celebrarán un Eurogrupo inmediatamente anterior al encuentro de los Veintisiete (Ecofin), esperan que su homólogo portugués, Vítor Gaspar, detalle los recortes alternativos que pretende acometer. El Eurogrupo espera estas definiciones portuguesas para tapar el agujero de 1300 millones de euros causado por la anulación, por parte del Tribunal Constitucional luso, de algunos ajustes del Presupuesto de 2013.
En concreto, el Tribunal anuló la semana pasada la supresión de una paga extra a funcionarios y jubilados y los recortes en el subsidio por desempleo y enfermedad. Lisboa debe actuar con rapidez si quiere cerrar con la troika –la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)– la séptima revisión del rescate. El desembolso del siguiente tramo de 2000 millones de euros del rescate y el alargamiento del plazo de devolución del préstamo de 78.000 millones de euros del programa dependen de su capacidad para convencer a la Eurozona y a la tríada de que con los nuevos recortes en sanidad, educación, seguridad social y empresas públicas podrá cumplir los objetivos fiscales establecidos.
El Eurogrupo y el Ecofin estudiarán cinco propuestas elaboradas por la troika con diferentes plazos –uno de ellos de siete años– para ampliar el tiempo de amortización del préstamo concedido a Portugal e Irlanda, aunque el acuerdo, si lo hubiera, como espera la CE, tendría carácter político, al tratarse de una reunión informal. La Eurozona también abordará la situación en Grecia, aunque no desbloqueará todavía el próximo tramo de 2800 millones de euros, dado que la troika está todavía en Atenas para verificar el cumplimiento previo de ciertas medidas acordadas y negociar otros aspectos del rescate al país.
Lo que sí habrá es un acuerdo político sobre el memorándum de entendimiento, que establece las condiciones del rescate de hasta 10.000 millones de euros a Chipre, para cuyo programa de asistencia financiera se ha elaborado el análisis de sostenibilidad de la deuda y un estudio de las actuales o potenciales necesidades económicas. El objetivo es que la aprobación formal se haga este mes con el visto bueno de los Parlamentos nacionales y que el primer desembolso se pueda otorgar en la primera mitad de mayo.
El borrador que se ha filtrado a algunos medios de comunicación revela que, mientras que inicialmente Nicosia tenía que aportar 7000 millones de euros al programa, ahora son 13.000 millones, lo que eleva el rescate total a 23.000 millones. El documento incluye las ya conocidas medidas en el sector bancario (la liquidación del banco Laiki y la reestructuración del Banco de Chipre), pero también otras desconocidas hasta ahora, como el uso de reservas de oro y la refinanciación de deuda. Por otra parte, las previsiones macroeconómicas son devastadoras, dado que la troika calcula que el PIB chipriota se contraerá un 12,5 por ciento entre 2013 y 2014 y la deuda se disparará al 121,9 por ciento en 2016.
Los ministros seguirán además trabajando en los detalles técnicos de la futura recapitalización directa de la banca, la cual, según prevé la Eurozona, solo entrará en juego al final del proceso de reestructuración y liquidación de entidades, una vez que hayan asumido pérdidas los accionistas, depositantes y tenedores de bonos.
En concreto, pretenden llegar a un acuerdo sobre el reparto de la carga y los activos heredados, es decir la contribución que tendrán que hacer los países que acudan al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para recapitalizar directamente su banca, y la posibilidad de que éste se haga cargo de los activos tóxicos y a partir de cuándo lo hará. El presidente del Grupo de Trabajo del Euro propone que la participación propia se sitúe entre el 10 y el 20 por ciento, lo que sirve como factor desincentivador para los países europeos. No estará en la agenda de la reunión la posible flexibilización de calendarios de déficit ni la propuesta del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, de aumentar las competencias del BCE para que puedan equipararse a las del resto de bancos centrales del mundo, que pueden actuar con menos limitaciones.
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