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La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala canceló la condena a 80 años de cárcel que un tribunal había impuesto once días atrás al ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt por genocidio y delitos de lesa humanidad. Tras cumplir anteayer el último día de análisis de las acciones legales interpuestas por la defensa, los cinco magistrados de la CC concluyeron, en una decisión dividida, que durante las audiencias no se siguió el debido proceso, por lo que decidieron anular lo actuado desde el 19 de abril.
Montt fue hallado culpable de genocidio el viernes 10 de mayo pasado por el asesinato, durante su mandato de facto entre 1982 y 1983, de 1771 indígenas de la etnia maya ixil en el departamento Quiché, en el norte del país, en 15 matanzas documentadas. La condena llega a 80 años de prisión: 50 por el genocidio contra indígenas ixtiles y 30 por crímenes contra la humanidad.
Pero ayer las partes procesales fueron notificadas de una resolución de la Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal que ordenó suspender de forma provisional el juicio. “Anule todo lo actuado en la fase del debate a partir del 19 de abril de 2013; quedando anulado todo lo actuado en ese proceso con posterioridad a esa fecha, por ser que ésta en la que fue notificada el Tribunal Primero de Mayor Riesgo A”, declaró la resolución de la Corte.
La decisión correspondió a un amparo planteado por la defensa de Montt después de que el 19 de marzo el abogado a cargo de su defensa, Francisco García, fuera expulsado por el tribunal, con lo que el ex dictador quedó en indefensión. Entre otros alegatos que la defensa planteó ante la CC, se incluía una queja por la decisión del tribunal de continuar con el juicio pese al amparo provisional dictado por la Sala. El tribunal continuó adelante sobre la base de una resolución de la propia CC, que ordenó la reinstalación de García como abogado de Montt –hecho que se concretó–, pero sin pronunciarse sobre la suspensión del juicio.
El fallo de la Corte fue dado a conocer en horas de la noche de anteayer por el secretario del órgano colegiado, Martín Guzmán, quien se limitó a dar lectura a lo resuelto después de unas 10 horas de debate de los cinco magistrados que la integran. La decisión estuvo dividida, con tres votos contra dos aceptando los recursos que había presentado la defensa del general por supuestas irregularidades. Los dos votos en contra correspondieron a los magistrados Mauro Rodrigo Chacón y Gloria Porras. Según el diario español El País: “Los magistrados se habían visto presionados por los poderes fácticos, en esta ocasión representados por la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), que llegó a amenazar con movilizar hasta 50.000 paramilitares de la tenebrosa Patrulla de Autodefensa Civil (PAC) y de la todopoderosa patronal, aglutinada en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif)”.
Medios de prensa intentaron conocer la reacción de Ríos Montt, quien permanece desde el viernes pasado en el Hospital Militar de la capital, pero no se les permitió el ingreso.Tras anunciarse por la radio el fallo de la Corte, frente a la sede del organismo se hicieron estallar petardos en señal de alegría por parte de simpatizantes de la causa del ex dictador.
Por otro lado, la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Guatemala y Cooperativas (Congcoop) deploró la resolución de la CC. La entidad señaló como una actitud desleal a la democracia, la legalidad y la memoria de las víctimas del conflicto armado interno, la anulación de la sentencia de Montt. “Si bien se trata de un fallo esperado dada la influencia política y económica que opera sobre la Corte de Constitucionalidad, nada justifica esta acción”, declaró.
Otras asociaciones y ONG reaccionaron también a la decisión, como Amnesty Internacional (AI), que la condenó: “Este fallo judicial es un duro golpe para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto”, declaró, en un comunicado, Sebastián Elgueta, investigador de AI en Guatemala. Por su parte, el director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag), Nery Rodenas, declaró: “Es una burla al sistema de justicia, al pueblo ixil, a la comunidad internacional, a la vez que manda un mensaje muy claro: en Guatemala hay sectores que no pueden ser tocados”. En la misma línea, el presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, destacó el vacío de justicia en una declaración al diario español El País al declarar que la impunidad sigue siendo la única ley que rige en Guatemala.
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