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La infanta Cristina de España, la segunda hija del rey Juan Carlos, será investigada por presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales. El juez instructor del caso Nóos, José Castro, encomendó ayer a la Agencia Tributaria una exhaustiva indagación sobre los supuestos delitos fiscales y de blanqueo de capitales en las actividades de la infanta Cristina, envuelta en un escándalo de corrupción junto con su marido, Iñaki Urdangarín. El llamado “caso Nóos”, sobre el supuesto desvío de seis millones de euros de fondos públicos a un instituto creado sin ánimo de lucro que entre 2003 y 2006 obligó a Undargarín a declarar dos veces ante el magistrado como imputado por el delito. En 2012, para justificar la no imputación de Cristina, Castro había dicho que carecía de sentido convocar a alguien como imputado a sabiendas de que, salvo que admitiera su responsabilidad, se debería sobreseer la causa. Sin embargo, el juez ha cambiado de criterio porque accedió a nuevos correos electrónicos que explican negocios y relaciones del yerno del rey y analiza documentos y testimonios que en 2012 desconocía.
El juez desafectó a la infanta del delito de corrupción, pero no así del delito fiscal. En un dictamen, el juez Castro, de Palma de Mallorca (Islas Baleares), pidió a la Agencia Tributaria que amplíe la investigación sobre supuestas irregularidades fiscales de la hija del rey, además de solicitar más datos sobre Urdangarín. El magistrado decidió incorporar a la causa varias declaraciones de la renta de la infanta y reclamó a la agencia que aclare cualquier contradicción en un informe emitido el 14 de enero sobre la intervención que haya podido tener la infanta en supuestas irregularidades fiscales y de blanqueo de capitales. En especial si ha podido hacer uso para la rehabilitación de su vivienda de Barcelona u otras atenciones personales y familiares de fondos derivados de una empresa llamada Aizoón, con la que Cristina y Urdangarín, duques de Palma, gestionaban su patrimonio.
“La cuestión no queda cerrada, de momento”, había indicado el juez Castro a principios de este mes. El magistrado había rechazado los recursos de los abogados de la infanta Cristina y Urdangarín contra su decisión de incorporar a la causa varias declaraciones del Impuesto de la Renta de ambos. La segunda hija y el yerno del rey Juan Carlos adujeron que investigar esas declaraciones de la renta vulneraba su derecho a la intimidad, pero el magistrado replicó que se trata de aclarar hechos de trascendencia y que forma parte de la instrucción del caso. El pasado 7 de mayo, el tribunal señalaba a Cristina como supuesta cooperadora omisiva de socio no administrador de los delitos fiscales de su esposo en Aizoón. El juez asumió entonces la invitación de la Audiencia de Palma para profundizar en la eventual defraudación mediante compras, obras e inversiones en bienes de la infanta con fondos de origen irregular. Los magistrados calificaron a Aizoón como una sociedad pantalla, que recibió dinero público y privado defraudando el Impuesto de Sociedades y el impuesto sobre la renta.
El juez reclamó a los inspectores del Ministerio de Hacienda más de media docena de indagaciones, análisis y cómputos tributarios, financieros y sobre los bienes y fondos de la infanta. Aludió, además, a la posibilidad de incorporar datos bancarios de otros países. Castro explicitó su intención de tener un refuerzo directo en líneas de investigación y análisis sobre las actividades económicas de la infanta y su sociedad familiar Aizoón. Por otra parte, solicitó a la autoridad fiscal que informe de las cuentas corrientes de las que la infanta sea titular o en las que aparezca como apoderada, así como de bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos de los que sea titular. Asimismo, pidió a la Agencia Tributaria que cuantifique la cuota supuestamente defraudada por Urdangarín en los ejercicios de 2007 y 2008 y que se incorpore al sumario del caso Nóos las últimas diez declaraciones de la renta de la infanta.
El marido de Cristina está imputado junto con su ex socio Diego Torres de haber presuntamente malversado seis millones de euros de fondos públicos a través del Instituto Nóos, una sociedad que presidió entre 2004 y 2006. Durante esos años, esta sociedad sin fines de lucro obtuvo cuantiosos contratos con las autoridades regionales de Baleares y Valencia para organizar o promover congresos relacionados con el deporte. Cristina fue miembro de la junta directiva de Nóos y poseía a medias con su marido la empresa Aizoón, también bajo investigación por haber supuestamente cobrado servicios inexistentes y que podría haber sido utilizada como sociedad pantalla por la pareja. La Audiencia pidió al juez Castro a terminar con la práctica de Torres de aportar por entregas una serie de correos para perjudicar a Urdangarín. Reclamó, además, que pida a la defensa de Torres que aporte todos los correos que estime oportunos para sus intereses en un plazo determinado e improrrogable. Pese a que el yerno del rey Juan Carlos siempre negó haber cometido delito alguno,las acusaciones en su contra y la amenaza sobre la infanta Cristina dañaron gravemente la imagen de la familia real española en un contexto de grave crisis económica y de incesantes escándalos de corrupción y fraude entre las elites política y económica del país.
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