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El alcalde del municipio de San Miguel Tilquiapan, en el estado mexicano de Oaxaca, Celestino Vásquez Luis, fue asesinado anteanoche frente a su casa por desconocidos que le dispararon con armas de alto calibre. La policía estatal afirmó que las primeras investigaciones dan cuenta de que los asesinos fueron dos sicarios que utilizaron un fusil AK47 para matar al político del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El fallecido alcalde de la ciudad de San Miguel Tilquiapan, ubicada a 44 kilómetros al sur de Oaxaca, en la región de Valles Centrales, recibió cuatro balazos de parte de los dos hombres que lo esperaron en un automóvil.
Vásquez Luis fue cuestionado por actos de corrupción en su administración, lo que generó un conflicto a nivel municipal, porque grupos de pobladores habían desconocido la gestión del alcalde asesinado.
En el marco de la violencia y las desapariciones crecientes en México, Amnistía Internacional denunció también ayer que funcionarios públicos están implicados en muchas de las miles de desapariciones reportadas en México en los últimos seis años y pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto que los casos sean investigados y los responsables rindan cuentas.
En la presentación del informe “Enfrentarse a una pesadilla: la desaparición de personas en México”, la ONG denunció que las desapariciones son perpetradas por bandas del crimen organizado, pero también por un número importante de actores estatales. “Es un hecho que en muchos de los casos están involucrados actores del Estado, que pueden ser actores coludidos con el crimen organizado o que están realizando operativos contra el crimen organizado. Ambos son desapariciones forzadas”, dijo el investigador principal de AI para México, Rupert Knox.
Desde 2010, la ONG con sede en Londres documentó 152 casos de personas desaparecidas en siete de los 32 estados mexicanos, de los cuales en al menos 85 hay indicios suficientes de implicación de funcionarios públicos.
De acuerdo con cifras del gobierno de Peña Nieto, que asumió el poder en diciembre pasado, en México se reportaron 26.121 personas desaparecidas entre 2006 y 2012, en el contexto de la cruenta lucha del narcotráfico que vivió el país.
Asimismo, el actual gobierno adelantó que este registro será depurado porque supuestamente muchos de los casos son salidas voluntarias de hogares o migraciones. Pero Knox consideró que dicha revisión debe hacerse con una metodología que garantice una investigación en cada una de las denuncias. Ante esta situación, AI pide entonces a los gobiernos estatales y al federal que se aseguren que el delito de desaparición forzada se enjuicia cuando haya indicios de implicación de funcionarios públicos, incluso cuando se trate de autorización, apoyo o aquiescencia.
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