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Su barco de papel tambalea en el mar. Mientras tanto, Mariano Rajoy intenta sacar con sus manos el agua de la embarcación. La semana judicial en el caso Bárcenas terminó con el ex tesorero apuntando sus cañones contra el Partido Popular (PP) y con el líder del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, sin encontrarle la vuelta a la moción de censura que busca impulsar en un Parlamento donde no cuenta con la mayoría. Para colmo de males, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) y el colectivo Manos Limpias solicitaron al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que cite a declarar al mandatario, en calidad de testigo, para que dé explicaciones ante la Justicia. Sobre los detalles de la causa, Página/12 conversó con Juan Moreno, uno de los abogados de la #QuerellaBárcenas, impulsora de la denuncia por el pago de sobresueldos en el PP, colectivo que aglutina a Izquierda Unida, Asociación Libres de Abogados, Asociación Justicia y Sociedad, Federación Los Verdes y Ecologistas en Acción.
“La Adade responde a una posición jurídica que no compartimos –dispara de entrada el abogado vía Skype–, pensando más en los medios de comunicación que en establecer una estrategia adecuada.” A juicio de Moreno, en su momento corresponderá que Rajoy comparezca ante la Justicia, pero probablemente como imputado. Para que eso ocurra –dice– es necesario incorporar al expediente nuevos elementos probatorios que “dejen bien atadas” las responsabilidades: registros de llamadas y la presentación de nuevos testigos. También la declaración ante el juez Ruz de Alvaro Lapuerta, ex tesorero del PP, cuya firma aparece en los márgenes de los papeles de Bárcenas. “Si Lapuerta se decide a hablar es el fin de Rajoy. Su declaración, unida a la de Bárcenas, generaría un escenario probatorio muy complicado para el presidente”, sentencia el militante de IU.
En los papeles de Bárcenas –o “contabilidad B”, como también se conoce el caso en España–, aportados por la prensa a la investigación que lleva adelante el juez Ruz, los abogados encontraron delitos contra la hacienda pública, fraude fiscal y falseamiento de las cuentas del Partido Conservador, además de irregularidades en concursos relacionados con la manipulación en subastas públicas. Evidentemente, señala Moreno, el PP sacaba un beneficio directo de la “burbuja del ladrillo” porque según se realizaban más obras, “se iba ampliando el pastel a repartir” y recibía un dinero que no sólo era para el partido, como entidad jurídica, sino que acababa en las manos de la cúpula. “Había un interés personal en que las empresas constructoras se vieran satisfechas con el papel que estaban desarrollando las administraciones públicas que controlaba el Partido Popular”, completa.
Para el análisis jurídico de la “contabilidad B”, los abogados cruzaron datos de licitaciones, de presupuestos de las administraciones regionales, de los papeles filtrados por el ex tesorero a la prensa y del dinero que esos gobiernos gastaron en infraestructura. En base a las contrataciones publicadas en el boletín oficial, determinaron que cerca del 95 por ciento de las constructoras que hicieron donaciones al PP habían sellado acuerdos con esa fuerza. La Ley orgánica española 3/1987 establece en su capítulo II, artículo 5, que los partidos no pueden aceptar o recibir aportes procedentes de empresas públicas ni de empresas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras o suministros para alguna administración pública.
Por otro lado, Moreno considera que existió una relación directa entre la fecha en la que Bárcenas anotaba un pago (además de la conformidad de Lapuerta, tesorero del partido desde 1992 hasta 2008), al momento en que las empresas hacían sus donaciones y las adjudicaciones. Es el caso de la autopista a Toledo, construcción que, según el abogado, Madrid no necesitaba. Como gerente del PP, Bárcenas fue sólo un intermediario hasta 2008. En su declaración de esta semana ante el juez Ruz, el ex tesorero reconoció haber recibido pagos de las empresas constructoras por pedido de la cúpula del PP. Las relaciones entre funcionario y pagador-constructor no se desarrollaban en el ámbito de Bárcenas sino en el de Rajoy (presidente del partido desde 2004), Angel Acebes (secretario general entre 2004 y 2008) y Francisco Alvarez-Cascos (ministro de Fomento hasta 2004), señala Moreno.
Desde la cúpula del partido les indicaban a los alcaldes de ayuntamientos y a los presidentes de comunidades autónomas que recibiesen a los constructores, tuviesen un trato cordial con ellos y escuchasen sus demandas. Previamente, estos constructores habían pasado por la sede del partido a entregar donativos. “Cuando eres alcalde de un municipio de 40 mil personas y te llama el presidente de tu partido lo sientes como una orden, más aún tratándose del PP, un partido extremadamente jerarquizado”, afirma el miembro de IU.
Algunos de los empresarios bajo la lupa por haber sido beneficiados por el PP son Juan Miguel Villar Mir, presidente de la constructora Obrascón Huarte Laín, personaje vinculado con el Opus Dei y señalado esta semana por Bárcenas como quien entregó 300 mil euros al partido antes de las elecciones generales de 2011; Luis del Rivero, ex presidente de Sacyr Vallehermoso, compañía que lleva adelante la ampliación del canal de Panamá; José Mayor Oreja, ex presidente de FCC Construcción y hermano del ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja, quien admitió ante el juez Ruz que su empresa había donado 60 mil euros al PP en 2011.
Sobre las responsabilidades políticas, Moreno rescata la figura de Francisco “Paco” Alvarez Cascos. Bárcenas señaló que el por entonces ministro de Fomento lo llamaba para indicarle que un constructor iría a visitarlo. Evidentemente, sabía que se trataba de una entrega de dinero, apunta el abogado. “Estamos hablando de siete millones de euros que se repartieron en varios años entre la cúpula más alta del partido. Había un ánimo personal clarísimo de estas personas para cobrar ese dinero”, sostiene y agrega que el funcionario y su gabinete diseñaron el plan de Infraestructura 2000-2007 por un monto superior a 100 mil millones de euros.
Moreno recuerda también que el ex titular del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato impulsó, siendo ministro de Economía, leyes vinculadas con la desgravación del precio de las viviendas y con la desregulación de la tierra. “Este señor aparece, desde 1996 hasta 2004, como una de las personas que ha percibido fondos por parte del PP, dinero que provenía de los constructores a los que él beneficiaba con la liberalización en el ámbito hipotecario y de la construcción”, afirma. Para Moreno, el ex hombre fuerte del FMI fue el cerebro de una política económica que en España giró alrededor del ladrillo, el cemento y la corrupción.
–El ex presidente José María Aznar no fue mencionado directamente en la “contabilidad B” del PP. Sin embargo, en los papeles de Bárcenas figuran dos iniciales llamativas: JM.
–El señor Bárcenas no supo asegurar si el JM que aparece en los papeles entre 1990 y 1991 es o no José María Aznar. Nosotros no dudamos de que Aznar tenía pleno conocimiento de esa contabilidad. Jaime Ignacio del Burgo, ex diputado del PP, aseguró en mayo, en sede judicial, que Calixto Ayllesa le dijo que necesitaba más dinero para asumir como consejero de Salud en Navarra. Allí la derecha estaba dividida entre la Unión del Partido Navarro y el PP. Ellos querían que esta persona fuera intermediario del gobierno en esa región. Del Burgo habló con Aznar para explicarle la situación de Ayllesa. A la semana, Bárcenas llamó a Del Burgo para que pasara por Génova a retirar dinero en efectivo. Esta semana, Bárcenas aseguró que el ex presidente conocía este sistema.
El abogado de IU vaticina que si el presidente del gobierno no da el brazo a torcer y admite su responsabilidad en los casos de corrupción que jaquean a su partido, España asistirá a una mala corrida donde el toro, representado en la figura de Rajoy, está encerrado en una serie de contradicciones, con un pueblo exigiendo su cabeza, y al que según avance la investigación judicial se le colocarán nuevas banderillas en el lomo, aumentando su capacidad de desangrarse en la plaza pública.
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