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Desde Asunción
El gobierno paraguayo está evaluando la posibilidad de militarizar la zona de Tacuatí, unos 365 kilómetros al norte de Asunción, en donde un ataque este fin de semana del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) dejó cinco personas muertas. El izquierdista Frente Guasú está en contra de esta propuesta porque considera que no es la solución para detener a esta agrupación.
El ataque ocurrió el sábado en una estancia de propiedad del brasileño Renato Recender alrededor de las 15.30, en un campamento situado a orillas de un tupido monte que forma parte de la hacienda. Cuatro de las víctimas eran empleados de la estancia que estaban custodiando el lugar, y una quinta era un policía. El capataz Celso Acosta fue retenido por los atacantes y luego liberado con vida, pudiendo dar aviso a las fuerzas de seguridad. Fue el primer golpe que da el EPP en el gobierno de Horacio Cartes, quien asumió el cargo la semana pasada.
En la tarde de ayer, el flamante presidente se reunió con sus principales colaboradores y les pidió informes pormenorizados sobre lo ocurrido en el norte del país, prometiendo además apoyo incondicional a las fuerzas del orden. Al ser consultado sobre las medidas que tomará su gobierno con respecto a este ataque,
El ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, indicó que las fuerzas armadas “siempre están listas” para actuar. “No diremos cuándo ni dónde se emplearán (las Fuerzas Armadas), eso está por verse”, comentó el funcionario. A su turno, el titular de Interior, Francisco de Vargas, apuntó que se conformó un grupo de trabajo integrado por representantes de la policía, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Defensa y la Secretaría Nacional Antidrogas. El secretario de Estado dijo que hay posibilidades de recibir asistencia de países del exterior para enfrentar este problema, pero agregó que no se expondrán las estrategias que implementará el gobierno con este fin. Por su parte, el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, informó que el tema es una prioridad para el Ministerio Público, que está brindando apoyo a la policía para esclarecer el hecho. “Vamos a establecer mano dura contra esta banda criminal. Desde el Ministerio Público y todos los organismos del Estado, hay una decisión de terminar con este flagelo”, indicó.
Los senadores Hugo Richer y Sixto Pereira, del Frente Guasú, dijeron ayer que no están de acuerdo con la posibilidad de militarizar la zona de Tacuatí porque creen que la represión no solucionará el conflicto existente. En cambio, los legisladores proponen instalar un modelo de de-sarrollo en los departamentos de San Pedro y Concepción, que presentan altos índices de pobreza, promoviendo la creación de empleos, caminos, servicios de salud y educación.
Durante el gobierno del ex presidente Fernando Lugo (2008-2012), el Congreso aprobó en dos ocasiones la militarización de varios departamentos para luchar contra el grupo armado EPP, pero la medida no logró resultados en este sentido. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que estos operativos sirvieron para que los uniformados cometieran abusos contra la población y realizaran intervenciones irregulares en busca de dirigentes campesinos.
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