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El mundo|Miércoles, 2 de octubre de 2013
Dijo que tiene pruebas de “la conspiración” de diplomáticos

Maduro volvió a acusar a EE.UU.

Mientras Washington le contestaba con dureza que sus funcionarios no habían quebrado la ley internacional, el venezolano reiteró sus graves cargos contra diplomáticos por financiar futuros actos de sabotaje.

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“Estados Unidos debe entender que no habrá relaciones cordiales hasta que haya relaciones de respeto”, dijo Maduro.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de continuar con actos de intromisión en sus asuntos internos, justificando la expulsión de tres funcionarios de la embajada estadounidense, acusados de conspirar contra el gobierno. Maduro dijo que tomó esa medida porque “sobran pruebas” de que los funcionarios diplomáticos se reunieron con la oposición venezolana para instigarlos y ofrecerles dinero para sabotear el sistema eléctrico. “El gobierno de Estados Unidos debe entender que no habrá relaciones cordiales ni comunicación hasta que haya relaciones de respeto mutuo, en términos de igualdad, en base al respeto al derecho internacional”, dijo en un mensaje dirigido al país. Agregó que el día que el presidente Barack Obama rectifique, se restablecerán los puntos de contacto entre Caracas y Washington para conversar sobre temas comunes.

“Esta es una injerencia que no vamos a permitir en nuestros asuntos internos”, remarcó Maduro. En el acto en la sede del gobierno, que fue transmitido en cadena, presentó lo que llamó pruebas contra los diplomáticos: imágenes, notas de prensa y fotografías de los funcionarios en reuniones con la ONG Súmate, que trabaja en el tema electoral. Además presentó la lista de un vuelo que tomaron, aparentemente de regreso a Caracas, desde la región sureña de Bolívar. Los diplomáticos, que tienen 24 horas para dejar el país, son la encargada de negocios Kelly Keiderling, el vicecónsul David Mott y la consejera Elizabeth Hoffmann.

En las fotografías se los ve saliendo de la sede de Súmate y abordando una camioneta con identificación diplomática. Los textos de la televisión oficial decían que se habían reunido con dirigentes de la oposición en Bolívar para generar una crisis de gobernabilidad, mediante acciones contra los complejos hidroeléctricos de la zona.

Maduro reveló que a los funcionarios se les hizo un seguimiento de casi seis meses, en el que se detectó su participación en eventos que violan las leyes internacionales. “No puedo permitir que ningún gobierno, en este caso Estados Unidos, se inmiscuya en asuntos internos. Más que inmiscuirse participa en un plan para desestabilizar, sabotear las empresas básicas (siderúrgicas y mineras)”, aseguró.

Por su parte, Xavier Lasso Mendoza, representante permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas, se sumó a la polémica al denunciar ayer, durante su participación en la Asamblea General, la actitud de Estados Unidos, al que calificó de “personaje Estado”. “Estados Unidos también se ha dado a la tarea de espiarnos y no distingue amigo de un enemigo. Todos lo sospechábamos, pero este espionaje global no conoce la más mínima decencia y respeto a la soberanía de todos los Estados”, criticó.

Washington, en tanto, rechazó haber participado en cualquier conspiración para desestabilizar al gobierno venezolano. La vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que según la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, el gobierno estadounidense puede tomar acciones recíprocas, ante la expulsión de sus funcionarios, aunque todavía están considerando cómo accionar. Asimismo, indicó que el gobierno venezolano entregó una notificación diplomática declarándolos persona no grata.

Keiderling es la funcionaria de mayor rango en la embajada desde que ambos países redujeran sus relaciones al nivel de encargados de negocios, a fines de 2010. La embajada venezolana en EE.UU. está encabezada por Calixto Ortega. Las relaciones entre ambos países volvieron a tensarse en los últimos meses, luego de que fracasara un intento de acercamiento en una reunión que iba a llevarse a cabo en junio, durante la asamblea de la OEA en Guatemala, entre los cancilleres John Kerry y Elías Jaua.

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