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El 15 de agosto asumió Horacio Cartes la presidencia de Paraguay, como culminación de un proceso que se inició con un golpe de Estado institucional sobre Fernando Lugo, en el que al primer mandatario no se le respetaron los tiempos ni mecanismos de un verdadero derecho a juicio por parte del Parlamento y que continuó con el gobierno de Federico Franco, cuya gestión terminó envuelta en graves denuncias de corrupción.
La prensa en general tituló por aquellos días que el Partido Colorado regresaba al poder, hecho que ha terminado siendo parcialmente cierto.
Debemos considerar que Horacio Cartes es la expresión de una nueva derecha que se está gestando en nuestro continente, donde nuevas figuras y formas, surgidas de sectores conservadores, buscan adecuarse a los nuevos tiempos que corren en la región. Henrique Capriles, en la República Bolivariana de Venezuela, parece ser uno de los ejemplos más explícitos de esta situación.
En el caso de Paraguay, no será el Partido Colorado ni su aparato político quienes ocupen el centro de la escena, sino que el actual presidente está constituyendo con rapidez otro modelo de gestión.
Para ello adoptó dos medidas que dan la pauta de cuál es y será la orientación de su gobierno: la ley de militarización y la de alianza público-privada. La primera de ellas establece que el Ejecutivo nacional podrá enviar a las fuerzas armadas “para enfrentar cualquier forma de agresión externa e interna que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país”, lo que, obviamente, deja la puerta abierta para destruir toda forma de organización social y política organizada, es decir está instrumentada desde la perspectiva de la seguridad nacional, cuyas consecuencias los sudamericanos conocemos sobradamente. En los hechos, la represión al campesinado organizado del interior del país se ha agravado notoriamente.
El otro texto legal abre las puertas a los procesos de privatización, recortes de la inversión social y despidos de trabajadores; inclusive a la posibilidad de abrir a los capitales privados el 50 por ciento que la nación posee sobre las represas de Itaipú y Yacyretá.
Este es el basamento que está constituyendo un nuevo esquema de acumulación y donde diferentes actores sociales pasan a construir la agenda pública y es por eso que recibe las críticas del Partido Colorado, ya no por la pérdida de cargos que esperaba recuperar su burocracia, sino que ven surgir un modelo alternativo.
La histórica primera fuerza política del país se proponía imponerle a su candidato sus condiciones, pero este hombre –empresario reiteradamente vinculado con el narcotráfico y negocios poco claros–, que nunca había votado en elecciones presidenciales y a quien para afiliarlo hubo que forzar la carta orgánica del partido, ha empezado a construir un trípode de poder basado en las fuerzas armadas, los empresarios y los Estados Unidos.
La presencia, desde hace tiempo, de personal militar estadounidense, colombiano e inclusive israelí y la ubicación estratégica del país, con fronteras comunes con Brasil, Bolivia y Argentina, en este marco de militarización que se está produciendo, supone un dato preocupante en la geopolítca de la región.
Con una estructura productiva donde el 2 por ciento de su población detenta el 80 por ciento de la tierra –en la gran mayoría mal habida–, esta ecuación tripartita genera incertidumbre, pone a las fuerzas populares y progresistas de Paraguay en un enorme desafío y amerita una mirada profunda del resto de los países de la región.
* Presidente del Centro de Estudios del Sur.
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