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Desde Londres
A 18 meses de las elecciones británicas, las compañías privatizadas por el thatcherismo están en el centro de la agenda política. En un país con sueldos semicongelados y tarifas que aumentan mucho más que la inflación, la oposición laborista y los grupos de consumidores están impulsando un congelamiento de las tarifas de electricidad y gas que ha puesto al gobierno a la defensiva. Las compañías han respondido con un nuevo menú de aumentos tarifarios. La última ha sido British Gas, que este jueves ha anunciado un salto de los precios para gas y electricidad del 8,4 por ciento y 10,4 por ciento respectivamente, entre tres y cuatro veces el nivel de la inflación.
En la Cámara de los Comunes el primer ministro, David Cameron, y el líder de la oposición, Ed Miliband, protagonizaron el último round de un combate de semanas por el costo de vida simbolizado por la tarifa de los servicios. Miliband acusó a Cameron de estar de parte de los seis gigantes energéticos que dominan el mercado y el primer ministro señaló que el congelamiento de precios impulsado por el laborismo era inviable. Un día después, el anuncio de aumentos de British Gas volvió a generar furibundos cruces mediáticos entre el gobierno y la oposición.
Entre los políticos nadie ha hablado de nacionalización, pero la intervención estatal en el mercado ha dejado de ser una palabra tabú. Al respecto, el pueblo británico parece a la vanguardia. Un sondeo de ComRes a principios de septiembre reveló que tres cuartas partes de los encuestados pensaba que las tarifas eran excesivas y un 69 por ciento creía que la solución era la nacionalización de las firmas.
La privatización de la electricidad y el gas en los ’80 no cumplió con las promesas de un mercado eficiente que mejoraría exponencialmente el servicio y abarataría los costos. En un país que necesita calefacción por lo menos durante medio año, se ha acuñado un nuevo concepto para medir el impacto de los precios energéticos en la calidad de vida: fuel poverty (pobreza debido a los precios energéticos). Esta pobreza creció un 12 por ciento en los últimos dos años: hoy casi el 20 por ciento de los hogares se encuentra bajo la línea de la fuel poverty.
Según el regulador del sector Ofgem, hubo un aumento tarifario del 24 por ciento en los últimos cuatro años. Los márgenes de ganancia de las compañías saltaron del 3,2 por ciento en 2011 a un 7 por ciento hoy, equivalente a unas 95 libras (145 dólares) por cliente. La escalada tarifaria es tal que Ofgem deberá ahora recalcular estos porcentajes. La semana pasada uno de los gigantes, SSE, anunció un aumento del 8,2 por ciento que marcó la señal de largada para incrementos tarifarios similares del resto de los operadores, clara señal oligopólica.
British Gas ha sido la segunda compañía en hacerlo: se descarta que en las próximas semanas le seguirá el resto. Según el experto de un sitio de Internet para consumidores, MoneySavingExpert, el impacto para el inminente invierno será brutal. “Millones de personas se verán obligadas a elegir entre tener menos calefacción o menos comida”, indicó Martin Lewis al matutino Daily Express.
El efecto de estos aumentos y la baja calidad de los servicios privatizados en los ‘80 está cambiando el debate público. A fines de septiembre, el líder laborista Ed Miliband se atrevió a algo impensable hasta hace poco: proponer un congelamiento tarifario. La portavoz de transporte del Laborismo, Maria Eagle, añadió que si ganan las elecciones de 2015 podrían renacionalizar el servicio ferroviario. El descontento colectivo parece haber envalentonado a los organismos regulatorios. Ofwat señaló esta semana que bloquearía el aumento de un 8 por ciento de los precios del agua que buscaba Thames Water, que suministra servicio a unos 14 millones de hogares.
La coalición conservadora-liberal demócrata ha lamentado estos aumentos, pero se ha limitado a aconsejar a los usuarios a cambiar de compañías y buscar the best deal (la mejor oferta), mientras el gobierno implementa nuevas medidas para aumentar la competencia y transparencia del mercado. A casi tres décadas de las privatizaciones y con un retroceso en la calidad de vida sin precedentes desde el estallido financiero de 2008, los británicos no parecen tener la misma paciencia que a principios de siglo para esperar que “la mano invisible del mercado” solucione sus problemas.
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