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Desde Santiago
Cada cierto tiempo en Chile, sobre todo en épocas electorales, se habla de la desigualdad y la injusticia del modelo económico. Un modelo tantas veces elogiado por el FMI por su estabilidad económica y sólidas instituciones, pero en el que, por ejemplo, quien tiene un ingreso mejor accede a una salud de calidad y el que gana poco entra en listas de espera para ser atendido o deambula por clínicas pidiendo turno.
Afuera del Hospital Clínico de la Universidad de Chile del centro capitalino, una mujer que llevó a su madre de 86 años para que la atendiera un médico se secaba las lágrimas al contar que estuvieron toda la mañana esperando y que el especialista nunca llegó. No era la primera vez que les sucedía. “Es mucha la injusticia. El sistema público está colapsado y no te queda otra que ir al privado. Esperamos tres años para que la operaran de tiroides y nos cansamos”, dijo Laura Carrizo al señalar a Adelina, su mamá, que asentía a su lado.
Luis Clavijo, que padece un cáncer de pulmón, dijo que le cuesta mucho sacar turno para las consultas. “Hay exámenes que tengo que hacerme y hace meses que espero”, contó sentado en un banco del patio del hospital. También dijo que cuenta con una cobertura por invalidez que le otorga el Estado, por la que recibe los remedios de forma gratuita.
El sistema de salud presenta una oferta drásticamente dividida por nivel de ingreso. La gran mayoría de los chilenos puede optar por la derivación del 7 por ciento del sueldo para las privadas Isapres (Institución de Salud Previsional) y la estatal Fondo Nacional de Salud (Fonasa), de acuerdo con un modelo vigente desde 1981, heredado de Pinochet. El 82 por ciento de la población está inscripta en la Fonasa, pero muchas veces debe entrar en una lista de espera para hacerse una operación o un tratamiento, además de que algunas prestaciones se pagan aparte; mientras que un 15 por ciento paga un seguro privado.
El tema pesará a la hora de ejercer el voto. La favorita para los comicios del domingo, la candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, planteó iniciativas para fortalecer el sistema de salud público. La ex ministra de Salud de su gobierno, María Soledad Barría, señaló a Página/12 algunas de las propuestas. “Queremos invertir más recursos en médicos y especialistas en el sistema de urgencia. Vamos a crear dos fondos nacionales de medicamentos, uno de medicamentos asociados a enfermedades complejas de alto costo y otro de habituales, como para la diabetes. Planteamos crear cien centros de atención primaria, que son los que reciben el mayor afluente de pacientes, y veinte nuevos hospitales.”
Durante el gobierno de la médica socialista (2006-2010) se creó un sistema de guarderías estatales gratuitas, las “salas cuna”, destinadas a bebés de tres meses a dos años, que resultó una marca distintiva en un país en el que a partir de la dictadura caló hondo la noción de que hay que pagar por los servicios que se consumen.
Desde el oficialismo, el programa de la candidata Evelyn Matthei, segunda en intención de votos, promete “cien consultorios de excelencia con médicos especialistas, tecnología para la toma de exámenes y atención digna y puntual”. Matthei continuará las políticas económicas del gobierno de Sebastián Piñera en caso de acceder al sillón presidencial y en más de una oportunidad destacó que la inflación es del 3 por ciento anual y el nivel de desempleo inferior al 6 por ciento.
Carlos Ominami, ex senador socialista y padre del actual candidato del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami –tercero o cuarto en intención de votos, según los sondeos– critica la reforma de salud Plan Auge que se hizo durante el gobierno de Ricardo Lagos, porque estableció derechos básicos como el de acceso universal de la salud, pero no se ocupó de generar los recursos para llevarlo adelante. “Mientras el sector público se desangra, hoy día florece el sector privado. Los datos impresionan: dos tercios de los médicos chilenos trabajan en clínicas privadas, porque la salud se ha convertido en un negocio. Nos quedamos con la proclamación de derechos, pero gran parte de la población no recibe una salud de calidad.”
–¿Cuál es la propuesta de Marco Enríquez-Ominami?
–Crear un sistema de fondo solidario y un sistema de seguro público que garanticen una cobertura básica para todo el mundo. Es decir, que todos coticemos para una salud pública de calidad, y que el sistema sea solidario y no haya una salud para pobres y otra para ricos.
La salud es un asunto pendiente para las familias que tienen ingresos menores a 780 dólares al mes (el 57 por ciento de los hogares según la encuesta Casen de 2011). Consuelo Silva, investigadora de la Universidad Arcis, lo enmarcó en un problema más estructural. “La desigualdad es un fenómeno inherente al capitalismo chileno. En el actual modelo económico imperante en el país no ha existido una política de redistribución del ingreso, puesto que se asume que el mercado es el mecanismo que distribuye los ingresos de manera eficiente y óptima. Por eso se necesitan reformas en sectores clave de la economía como mercado laboral, en el ámbito de la educación y la salud, y los regímenes tributarios.”
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