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Desde Roma
El papa Francisco ha dado un paso más en materia de control de los abusos sexuales contra menores por parte de miembros de la Iglesia. Ayer, al concluir la reunión que desde el martes hicieron en Roma los ocho cardenales de la comisión asesora conocida como G8, el cardenal de Boston,
Sean Patrick O’Malley, dijo en un encuentro con la prensa en el Vaticano que Francisco había decidido crear una comisión especial, integrada por miembros de la Iglesia pero también por laicos, para que lo aconseje y elabore una serie de medidas tanto respecto de la protección de los niños como de aquellos que han sufrido abusos. Por ahora se saben pocas cosas y muy generales sobre la comisión, cuyos miembros y funciones específicas serán dados a conocer por el propio papa Francisco en un documento que se publicará en los próximos días.
El cardenal O’Malley, proveniente precisamente de la diócesis de Boston, donde los primeros escándalos de abusos sexuales salieron a relucir en 2001, dijo que la comisión continuará con las directivas ya emprendidas por el papa Benedicto XVI. El prelado hacía alusión particularmente a la “tolerancia cero” en esta materia de la que había hablado en su momento el actual papa emérito. Específicamente, este nuevo grupo de asesores deberá informar sobre el estado actual de los programas para la protección de la infancia, formular sugerencias para nuevas iniciativas en colaboración con los obispos, las conferencias episcopales y los superiores religiosos. También deberá proponer nombres de personas adecuadas para la puesta en práctica de estas normas, incluyendo religiosos y laicos. En otras palabras, explicó el representante vaticano, se trata de elaborar una serie de patrones de comportamiento para la protección de los niños y el desarrollo de normas precisas, organizar el control penal de las personas si es necesario, así como la evaluación psiquiátrica de los que están en contacto con niños y la colaboración con las autoridades civiles para denunciar los delitos, el apoyo a las víctimas y a sus familias, en colaboración con expertos como psicólogos y sociólogos.
Hasta ahora era la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidida actualmente por el arzobispo alemán Gerhard Ludwig Muller, la que se ocupaba del tema. Fue el ex prefecto de esta congregación, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, quien en 2002, durante el papado de Juan Pablo II, consiguió que los casos pasaran a sus manos y no que fueran sólo competencia de las diócesis, como era hasta ese momento. La Congregación para la Doctrina de la Fe se ocupa de recibir y analizar las denuncias, pero también elabora las medidas que la Iglesia toma en general para enfrentar el problema. La normativa para tratar los casos de abusos se endureció, sugiriendo entre otras cosas a las conferencias episcopales que los culpables fueran cedidos a la Justicia ordinaria. Todo esto podría cambiar a partir de esta nueva comisión y sus sugerencias, siempre en el contexto de los cambios que Francisco quiere llevar adelante en el Vaticano y en la Iglesia en general. Pero el cardenal O’Malley precisó que no cambiará la responsabilidad de la Congregación para la Doctrina de la Fe y que la nueva comisión trabajará en coordinación con ella.
En julio pasado el papa Francisco aprobó una serie de leyes penales para el Vaticano, entre ellas una que introduce penas más duras para quienes abusan sexualmente de niños o adolescentes. Las nuevas leyes no afectan sólo a los miembros de la curia vaticana, sino también al personal de las nunciaturas, es decir las embajadas de la Santa Sede en el mundo y las diversas entidades y organismos que dependen del Papa, aunque no estén radicados en el Vaticano. El Vaticano explicó que los delitos contra los menores ya eran condenables por la legislación vaticana, pero su definición era más general. Las nuevas normas son más específicas.
Mucho se ha hablado del silencio cómplice de altos exponentes de la Iglesia que nada hicieron por detener los abusos sexuales porque, según ellos, sacarlos a la luz la desprestigiaba. Mientras tanto miles de denuncias de pederastia en el seno de la Iglesia surgían en los países católicos del mundo, incluso de América latina.
Algunos sostuvieron, por otra parte, que ciertos casos fueron encubiertos por simple interés económico. Así se dijo del sacerdote mexicano Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, una congregación nacida en la década del ’40 del siglo pasado y que llegó a adquirir un enorme poder económico en México, Estados Unidos y varios países latinoamericanos. Las acusaciones de abusos sexuales contra Maciel nunca pasaron a mayores hasta que siendo Ratzinger ya papa lo suspendió y condenó al retiro. Así salió a relucir que Maciel no sólo había abusado de decenas de seminaristas de su propia orden a lo largo de su vida, sino que tenía varios hijos repartidos por el mundo y que se relacionaba con mujeres de alto nivel económico que luego le cedían a él o a su congregación parte de sus bienes. Al morir el sacerdote salieron a relucir los hijos que reclamaban parte de la herencia.
El G8 de los cardenales terminó ayer su segunda reunión en el Vaticano con el Papa, después de la primera realizada en octubre. La próxima está prevista del 17 al 19 de febrero, poco antes del consistorio (del 20 y 21 de febrero) donde el Papa nombrará a nuevos cardenales.
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