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La segunda vuelta fue la parte fácil, cantada. El problema para Michelle Bachelet empieza ahora. Las encuestas marcan que la población quiere por abrumadora mayoría cambios profundos de un modelo que por un tiempo maravilló al mundo, pero que ahora está desilusionando a los propios chilenos. El legado constitucional del dictador Augusto Pinochet traba decisivamente esas aspiraciones. A pesar de su abultada victoria en las urnas, no tiene en el Senado la mayoría que requiere para promover una transformación profunda. Página/12 dialogó telefónicamente con José Gabriel Palma, catedrático chileno de Economía de la Universidad de Cambridge, quien se encuentra en su país siguiendo el proceso político.
–Bachelet ha obtenido una victoria contundente. Ahora le toca gobernar con un Chile muy diferente al de su primer período de gobierno.
–En la primera vuelta, los partidos que apoyan a Michelle Bachelet obtuvieron una mayoría muy ajustada en senadores, lo que le permitirá manejar el día a día, pero le dificulta las pocas transformaciones que propone su programa y, menos aún, aquellas que todas las encuestas indican que quiere la gran mayoría de los chilenos, como en el cobre, pensiones, salud, reforma constitucional, etcétera. Es una gran traba que dejó la constitución de Pinochet, que no sólo le da una gran representación a las minorías sino que obliga a mayorías muy altas en el Senado en temas clave.
–De manera que Bachelet está en una situación de querer, pero no poder.
–Lo de “querer” está por verse. La evidencia de su primer período me hace ser escéptico. Y la falta de senadores le da la excusa perfecta para hacer lo mínimo. El problema que tiene es que la calle está cada día más militante. Los estudiantes, por ejemplo, están muy firmes con sus exigencias de educación universitaria gratuita y de alta calidad. Hay una encuesta del Centro de Estudios Públicos –que es de derecha, pero que busca ser imparcial– que señala que un 85 por ciento quiere cambios profundos en la redistribución del ingreso, un 83 por ciento la renacionalización del cobre, un 74 por ciento la enseñanza universitaria gratuita y el 67 por ciento una reforma tributaria fundamental. Pero Bachelet tiene un equipo económico muy neoliberal, que ella misma eligió, y que no está para nada de acuerdo con estas transformaciones. De manera que acá va a estar una de las claves. Hasta qué punto Bachelet va a poder usar su magia para hacer cambios tan pequeños que calmen los reclamos de la calle, pero no cambien nada sustancialmente. Lo hizo en su primera presidencia. Pero creo que ahora le va a ser mucho más difícil.
–Hay una propuesta de reforma tributaria, sin embargo, por la que las empresas van a pasar a pagar de un 20 a un 25 por ciento de impuestos.
–Chile tiene un régimen impositivo muy extraño en el cual, muchas veces, lo que pagan las empresas es sólo un avance de los impuestos personales de sus dueños, quienes lo puede descontar después de su carga impositiva. De esta manera, fuera de unas pequeñas complicaciones, este cambio es casi una suma cero desde un punto de vista de recaudación fiscal, pues viene juntamente con una reducción de la tasa marginal de los impuestos a las personas del 40 al 35 por ciento. Esta combinación define a Bachelet y a mucho de lo que ha hecho hasta ahora la Concertación, hoy Nueva Mayoría. Otro ejemplo: los royalties de las multinacionales del cobre. Durante la presidencia de Ricardo Lagos hubo una gran presión para que, vía royalties, quedara en Chile la renta minera. Lagos terminó pactando con las multinacionales para que pagaran un royalty que hoy no llega ni al 2 por ciento de sus utilidades, a cambio de nuevas granjerías tributarias. Esto es, se colocó un royalty sólo para decir que había uno. ¿Qué cambió? Nada. La renta minera sigue siendo apropiada por las multinacionales. En los últimos siete años, las mineras se llevaron de Chile cada año en utilidades más que toda la inversión que hicieron desde que llegaron al país. La cuestión es si Bachelet va a poder seguir haciendo este “gatopardismo” (aparentar cambiar todo para que nada cambie), o si esta vez las demandas sociales la van a obligar a intentar un cambio de rumbo. Y, de ser así, está el problema de que no tiene la mayoría necesaria en el Senado para ello.
–Mucho dependerá de cómo marche la economía. El precio del cobre cayó en un 30 por ciento del punto más alto del boom, y se espera que caiga un 12 por ciento más el año próximo. ¿Puede la economía forzar la marcha de los acontecimientos?
–A pesar de la caída del precio del cobre, éste aún sigue en un nivel histórico altísimo. Ahora, esta presión a la baja va a seguir porque hay una sobreproducción de cobre y una caída de la demanda de China. Pero el precio, insisto, sigue siendo históricamente alto. Lo asombroso es que, aun así, la cuenta corriente de la balanza de pagos pasó de un excedente de 3,2 mil millones de dólares en 2009 a un déficit de 9,5 mil millones en 2012, y para este año, a pesar de la desaceleración de la economía, se espera un déficit similar de un 5 por ciento del PIB. En cifras redondas, en 2012, Chile gastó casi 50 mil millones de dólares más de lo que podría haber hecho si el cobre estuviese en su precio normal histórico y su cuenta corriente en equilibrio; este “extra” equivale a tres mil dólares por habitante, o el PIB por habitante de Paraguay, Guatemala o El Salvador. Y no sólo el déficit de cuenta corriente ya es muy alto sino que también las reservas del Banco Central son bajas, y la situación fiscal ya es frágil. Si bien Chile todavía puede endeudarse, está muy mal preparado para una caída abrupta del precio del cobre. Si esto llegase a ocurrir, lo cual es perfectamente factible, la cuenta corriente de la balanza de pagos pasaría a tener un déficit del 18 por ciento, mucho mayor al que tuvo en 1981 y 1982, durante la gran crisis que sufrió el gobierno de Pinochet. En este caso tendríamos una nueva crisis económica y las promesas que hizo Bachelet en su campaña, incluso si hace lo mínimo, serán imposibles de cumplir, porque las promesas que hace un gobierno las tiene que llevar adelante el Estado y el Estado se verá desfinanciado.
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