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Un fiscal turco acusó ayer a la policía de obstruir su investigación de personas cercanas al gobierno con relación al mayor escándalo de corrupción que sacude a Turquía en décadas, sumando presión sobre el premier Recep Tayyip Erdogan (foto), quien el miércoles renovó su gabinete debido a la crisis que afronta. Tres ministros tuvieron que renunciar al conocerse que sus hijos figuraban entre cientos de detenidos como parte de una megainvestigación por una red de sobornos que puso a Erdogan en el centro de la escena, como nunca antes en 11 años en el poder, y que además dividió profundamente al Poder Judicial.
Tras las renuncias, el jefe de gobierno, un islamista moderado que transformó fuertemente a la secular Turquía desde que llegó al gobierno, renovó su gabinete, con diez nuevos ministros, la mayoría diputados con escaso perfil público, aunque destacada lealtad y cercanía personal al primer ministro. El nuevo titular de Interior, Efkan Ala –defensor de la postura de “mano dura”–, estará a cargo de la seguridad doméstica de Turquía y es considerado especialmente cercano a Erdogan, quien calificó la investigación de los sobornos como un complot internacional sin ningún fundamento y que respondió echando o trasladando a unos 70 policías participantes.
El fiscal de Estambul, Muammer Akkas, denunció que también fue apartado del caso y que la policía se negó a cumplir órdenes suyas de realizar ciertas investigaciones. En un comunicado enviado a varios medios turcos, Akkas aseguró que el miércoles envió a la policía una orden de detener a 30 sospechosos, pero que las fuerzas de seguridad se negaron a cumplir con ella. Según el diario Today’s Zaman, la investigación de Akkas se refería a un nuevo caso de corrupción y soborno que habría afectado a altos cargos de la empresa pública turca de ferrocarriles y también a Bilal Erdogan, hijo del primer ministro.
El fiscal abrió un caso contra el jefe de policía y el gobernador de Estambul por insubordinación y colaboración con criminales, pero poco después fue apartado del caso por sus superiores. El gobierno y la policía no hicieron comentarios, pero el jefe de los fiscales de Estambul, Turan Çolakkadi, desautorizó públicamente a Akkas y aseguró que había sido apartado por tomar decisiones injustificadas por su cuenta y por filtrar el caso a los medios de comunicación. A su vez, insistió en que todos los fiscales deben comunicárselo a sus superiores para evitar el caos. Sin embargo, Çolakkadi prometió que este nuevo caso de supuesta corrupción se seguiría investigando.
Poco después, el Consejo General del Poder Judicial emitió una declaración en la que reclamó independencia judicial y condenó nuevas regulaciones gubernamentales que obligan a los comisarios de la policía a informar siempre a sus superiores cuando inician investigaciones. Lo que ya parece una lucha sin cuartel desatada en el Poder Judicial, con elementos favorables al gobierno y otros enfrentados a él, empezó el 17 de diciembre con la detención de medio centenar de personas, de las cuales 24 siguen en prisión preventiva.
Luego de descalificar la investigación, Erdogan la comparó con las protestas populares registradas hace algunos meses en varias ciudades, primero en contra de un proyecto urbanístico para el parque Gezi de Estambul y posteriormente para denunciar un sesgo autoritario que la oposición ve en el primer ministro.
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