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El gobierno de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, acordó un plan de emergencia con autoridades del estado de Maranhao, al noreste del país, conmocionado por la ola de violencia que provocó la crisis en las cárceles, donde murieron 62 presos, varios de ellos decapitados. “Estoy siguiendo con atención la cuestión de la seguridad en Maranhao”, escribió la mandataria en su cuenta de Twitter, en lo que fue su primera referencia pública al problema. Rousseff envió el jueves a su ministro de Justicia, José Cardozo, a Maranhao para acordar con las autoridades del lugar la aplicación de un plan de 11 puntos, que incluye el traslado de los cabecillas de la cárcel de Pedrinhas, epicentro de la crisis.
La consecuencia de esa medida, señaló un comentarista de la cadena Globo, es que el Palacio del Planalto (Presidencia) puso en práctica una “intervención blanca” del estado, al referirse al monitoreo de la situación que realizará el propio Ejecutivo ante la crisis carcelaria, que aún no tiene carácter de intervención formal. Además del caos en los presidios, Maranhao enfrenta un cuadro de inseguridad ya que las bandas lanzaron, a través de células urbanas, ataques a ómnibus y comisarías que dejaron una niña muerta y cuatro heridos.
La situación de las prisiones del estado ya era un foco de tensión desde octubre del año pasado, cuando el gobierno estatal decretó estado de emergencia del sistema penitenciario. Tal contingencia derivó en el envío de la Fuerza Nacional de Seguridad y llamó la atención de la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que obligó a Rousseff a referirse públicamente sobre el tema. Por su parte, el ministro de Justicia y la gobernadora de Maranhao Roseana Sarney –hija del ex presidente y senador José Sarney, uno de los aliados políticos más poderosos del oficialista Partido de los Trabajadores– anunciaron medidas para contener la ola de violencia en el sistema carcelario del estado.
“Reuniremos defensores (del pueblo), si es necesario hasta de otros estados, ver caso por caso, preso por preso, si tiene derecho a una progresión de la pena. Hay casos de presos en Brasil que están cumpliendo pena más allá de su tiempo”, dijo Cardozo. También se pondrá en práctica un plan de inteligencia dentro de los penales y se creará un núcleo de atención a familiares de presos, medidas que ya se han puesto en práctica en otras regiones del país. Otro de los puntos es la puesta en marcha de un curso de capacitación de policías que están implicados directamente en acciones de seguridad y vigilancia de presos.
Por otro lado, Rousseff resolvió que las tropas federales permanezcan hasta febrero en Maranhao donde también se reforzará la Defensoría Pública para recibir denuncias de parte de los presos. La Procuraduría General analiza impulsar la intervención formal del estado del noreste, según el diario Estado de Sao Paulo. En ese sentido, el procurador Rodrigo Janot estudia solicitar a la Corte Suprema la intervención de los presidios de Maranhao luego de haber leído el informe elaborado por la gobernación de este estado, conmocionado por las decapitaciones.
No obstante, el procurador aún no determinó cuándo solicitará la intervención que también fue defendida por miembros del Consejo de Derechos de la Persona Humana, que celebró la reunión de emergencia donde se decidieron las medidas a aplicar, informó la Agencia Estado.
La ONU, OEA y Amnistía Internacional deploraron los hechos y días atrás demandaron a Rousseff para que adopte medidas urgentes. Según datos oficiales, las prisiones brasileñas albergan a unos 550.000 internos, lo que supera en un 30 por ciento su capacidad y supone la cuarta población penal del mundo en términos absolutos, por detrás de Estados Unidos (2,2 millones) y China (1,6 millones). La alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Navy Pillay, calificó el miércoles como terrible la situación imperante en Brasil.
En 2013 fueron asesinados 218 reclusos en las cárceles de 24 de los 27 estados brasileños, ya que las autoridades de las prisiones de Alagoas (uno de los más violentos), Bahía y Rondonia, no brindaron datos para el informe elaborado por el diario Folha de Sao Paulo. Asimismo, divulgó esta semana imágenes captadas con un teléfono celular en las que presidiarios decapitan a otros presos en la cárcel de Pedrinhas, ubicada en San Luis, la capital del estado de Maranhao, epicentro de la tensión.
La Secretaría de Derechos Humanos, que depende directamente de la Presidencia, consideró que la situación en Maranhao es “gravísima” y sostuvo que “la barbarie y la banalización de la vida son una afrenta al Estado democrático”. El Complejo Penitenciario de Pedrinhas representa el 28 por ciento de todos los asesinatos registrados en 2013 en Brasil, según el relevamiento que solo contempla muertes violentas, provocadas con armas de fuego, armas blancas o golpizas.
Pero el accionar de las mafias carcelarias no se limita a los crímenes internos pues cuentan con redes de complicidades, muchas veces afincadas en favelas, desde donde se lanzan operaciones de atentados urbanos. La policía sospecha que esas mafias de Maranhao están vinculadas al grupo Partido del Crimen, que nació en las cárceles de San Pablo.
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