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Desde Lima
Con licencia para matar. De esa forma calificaron los organismos de derechos humanos y diversos juristas la ley promulgada esta semana por el gobierno, que exime de responsabilidad penal a policías y militares por las lesiones o muertes que ocasionen estando en funciones. La Defensoría del Pueblo también rechazó la ley. Mientras la oposición de derecha, encabezada por el fujimorismo, tomó el protagonismo en defensa de la cuestionada ley, el ministro del Interior, Walter Albán, sorprendió al criticarla, aunque luego terminó justificándola. Esta ley fue aprobada en el Congreso a iniciativa de la bancada fujimorista y promulgada esta semana por el presidente Ollanta Humala. Su promulgación se da en un contexto en el cual crecen los reclamos al gobierno por el incremento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana, pero esta ley también abre las puertas para endurecer la represión contra las movilizaciones sociales.
En los dos años y medio del actual gobierno son alrededor de 30 las personas muertas a causa de la represión policial y militar durante diversas protestas sociales. Hay investigaciones judiciales abiertas por estos casos, pero ninguna condena. Se teme que con la nueva ley estas muertes se incrementen y la impunidad se institucionalice. Por lo pronto, 139 policías y militares denunciados por causar lesiones o la muerte a manifestantes durante movilizaciones sociales se acogerían a la nueva norma para frustrar las investigaciones judiciales y quedar libres de toda responsabilidad.
La nueva ley señala que “está exento de responsabilidad penal el personal de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional que, en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, causa lesiones o muerte”. Esta ley elimina el término “en forma reglamentaria” al referirse al uso de las armas por las fuerzas de seguridad, vigente en la norma anterior, que ya era considerada bastante permisiva con el accionar de policías y militares.
La eliminación en la nueva ley de la referencia al uso de las armas “en forma reglamentaria” fue criticada por el ministro del Interior, Walter Albán. “Esta modificación no era necesaria ni conveniente”, declaró el ministro Albán, quien admitió que la ley dictada por el gobierno al cual él pertenece “puede dar pie a pensar que habría total impunidad”. Por esas declaraciones, la oposición de derecha pidió su renuncia. Albán matizó luego sus críticas a la ley: “Hay que ser muy claros en decir que este ejercicio (el uso de las armas por las fuerzas de seguridad) no puede ser ilimitado; cualquier tipo de exceso tendrá que ser sancionado”. A pesar de expresar su de-sacuerdo con esta ley, el ministro del Interior justificó su promulgación señalando que “es una ley del Congreso” y que el Ejecutivo no la observó para que no se piense que se está limitando la función de la policía.
“Con esta ley, que elimina la referencia al uso de las armas en forma reglamentaria, policías y militares quedan en libertad de disparar sin respetar los protocolos sobre el uso reglamentario de sus armas. Se abre una puerta inmensa para que los excesos que las fuerzas de seguridad puedan cometer usando las armas queden en la impunidad. El espíritu de la ley es que esos excesos queden impunes”, declaró a Página/12 Carlos Rivera, abogado especializado en derechos humanos del Instituto de Defensa Legal (IDL).
“Es insólito que se esté dando más permisividad para el uso indiscriminado de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas armadas. Con esta norma el gobierno ha pasado a aplicar, como política nacional, el uso excesivo de la fuerza para controlar los conflictos sociales”, señaló Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
La Defensoría del Pueblo calificó esta ley como “contraproducente”. “La norma debilita la protección del derecho a la vida y a la integridad personal de la ciudadanía (...) pone en riesgo la vida de cualquier persona (...) contraviene parámetros internacionales”, señaló la Defensoría del Pueblo en un comunicado. “Con esta ley, ahora ningún policía ni militar podrán ser juzgados si matan o hieren a terceros”, advierte el decano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti. El presidente Humala no se ha pronunciado sobre las duras críticas a la ley que firmó esta semana.
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