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Integrantes del Comité sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reclamaron al Vaticano mayor transparencia y castigos más justos respecto de los casos de abusos sexuales perpetrados por sacerdotes en diversos países del mundo, luego de que representantes de la Iglesia reconocieran ayer, frente al órgano internacional, que existen abusadores “miembros del clero y personal de la Iglesia”.
Las exigencias se desarrollaron en el marco de las sesiones que organiza el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño en Ginebra. La jornada de ayer estuvo dedicada a evaluar cómo la institución religiosa cumple los compromisos asumidos al ratificar la Convención de los Derechos del Niño. Significó la primera participación de la jerarquía de la Santa Sede en un debate público referido a los abusos sexuales contra menores cometidos por sus sacerdotes en distintos países. También estuvieron presentes activistas que pidieron que se aclaren todos los casos de abusos y reclamaron amplias indemnizaciones para los afectados.
“¿Por qué no hacer un esfuerzo para ser más transparente?”, planteó Sara De Jesús Oviedo Fierro, vicepresidenta del comité de la ONU. Al mismo tiempo, reprochó la falta de acción de la Iglesia Católica contra aquellos clérigos que cometieron abusos a menores de edad. “Los castigos que se impusieron no parecen reflejar la magnitud o alcance de los delitos”, sostuvo Oviedo Fierro.
Hiranthi Wijemanne, de Sri Lanka, también integrante del comité, criticó que las investigaciones sobre los abusos se hayan llevado a cabo a menudo sólo dentro de la Iglesia y de forma confidencial: “¿Por qué sólo se denuncian ante las autoridades judiciales unos pocos casos, por qué no se hacen públicos?”.
Por su parte, el enviado del Vaticano ante la ONU, el arzobispo Silvano Tomasi, aseguró que la Santa Sede lucha en todo el mundo de forma decidida contra el abuso sexual de los menores para “eliminar los casos de abusos sexuales a niños por parte del clero y otro personal de la Iglesia”.
El arzobispo detalló que el Vaticano firmó todos los acuerdos internacionales para la protección de los menores y los aplica de forma consecuente, entre ellos el protocolo de la lucha contra la prostitución y la pornografía infantil. También explicó que el Papa dispuso la creación de una comisión para la protección de los menores de edad, donde se garantiza ayuda a las víctimas de abusos.
En tanto, durante su homilía de ayer en la tradicional misa matutina que celebra en su residencia, en la Domus Santa Marta, Francisco afirmó que hay que avergonzarse de los numerosos “escándalos” producidos en el seno de la Iglesia. Sin citar en forma directa los abusos sexuales a menores, el máximo pontífice argentino sostuvo que los responsables “no tenían una relación con Dios. Tenían una posición en la Iglesia, una posición de poder, y también de comodidad, pero no la palabra de Dios”.
Según Tomasi, “se encuentran abusadores entre los miembros de las profesiones más respetadas del mundo y, más lamentablemente, incluso entre miembros del clero y otro personal de la Iglesia”. A su vez, el jefe de la delegación enviada por el papa Francisco reflexionó que “no hay justificación para ninguna forma de violencia o explotación de los niños”. En las últimos décadas, el Vaticano sufrió fuertes cuestionamientos debido a que salieron a la luz un gran número de abusos sexuales que sufrieron menores de edad por parte de clérigos y otros religiosos. De acuerdo con el cardenal estadounidense William Joseph Levada, en los últimos diez años se informó a la Iglesia de 4000 casos de abusos.
En un escrito enviado al comité de la ONU en diciembre del año pasado, la Santa Sede argumentó que no es responsable de sus instituciones o empleados en otros países. Además, no remitió los detalles sobre los crímenes y su forma de actuar contra ellos que le reclamaron los 18 expertos del comité.
El órgano de la ONU considera que el Vaticano tiene una “responsabilidad moral” por lo ocurrido y criticó que algunos religiosos no fueran apartados del servicio religioso a pesar de sus actos de abuso. Hasta principios de febrero, evaluará la forma en que abordó estas cuestiones y desarrollará posibles recomendaciones que publicará más tarde.
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