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Desde Santiago
La discusión partió hace más de 20 años. Cuando Chile aún se estaba acostumbrando y acomodando a lo que era volver a vivir en democracia, después de varios lustros sometido a los fusiles de los militares. Pero en esa época, cuando Augusto Pinochet, el peor de todos los milicos, aún vivía y se jactaba de su poder al frente de las fuerzas armadas, las cosas no eran fáciles. Menos permitir que los miles de compatriotas repartidos por el mundo y que bebían día a día el amargo vino del exilio, pudieran votar en las elecciones internas, desarticulando el avance político de la derecha, incluso visiblemente fiel al genocida por esos años. Pero, de esos días en que estos también chilenos no podían sufragar va quedando poco. Ayer, la Cámara de Diputados aprobó –con 84 votos a favor y 25 en contra– el proyecto de reforma constitucional que regula el ejercicio del sufragio de los ciudadanos que se encuentran fuera del país, una de las promesas de campaña de la presidenta Michelle Bachelet. El texto legal dispone que los ciudadanos con derecho a voto que se encuentren en el extranjero lo podrán hacer en elecciones primarias presidenciales, en las elecciones para presidente de la República y en los plebiscitos nacionales. Además, una ley orgánica constitucional establecerá el procedimiento para materializar la inscripción en el registro electoral y regulará la manera en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios fuera de estas fronteras.
Ahora, la iniciativa legal pasó al Senado, donde la Nueva Mayoría, el bloque que sustenta a Bachelet, tiene supremacía, por lo que su aprobación final no tendría mayores sobresaltos, pues sólo necesita 23 votos.
Tras la votación, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón, agradeció el contundente respaldo “a una discusión de más de 24 años que permitirá incorporar a aquellos que están fuera de Chile en las decisiones democráticas”. Rincón además agradeció en nombre de la presidenta Bachelet el apoyo transversal que tuvo la iniciativa. “Ha sido un respaldo contundente que expresa una discusión de más de 20 años, de lucha de hombres y mujeres que han estado fuera de la patria, a veces por elección, otras no y que no han podido participar en las elecciones en nuestro país, es un tremendo paso, más democracia consolida la democracia y esta Cámara de Diputados lo hace realidad”, insistió la ministra.
Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI) criticaron la medida, calificándola de “una mala decisión”. El diputado de ese partido Arturo Squella afirmó que el proyecto “genera injusticia y desigualdad con los chilenos que deberán sufrir las consecuencias de las decisiones que adoptan personas que quizá no han estado en Chile durante 30 o 40 años”. Squella aseguró confiar en que en el Senado “prime la sensatez y se vuelva al menos a una versión más ponderada del proyecto... Le pedimos al gobierno, que va a enviar un proyecto de modificación a la ley orgánica, que descarte la opción de que estos chilenos, que con dificultad muchos de ellos hablan nuestro idioma, puedan votar en la decisión de nuestras autoridades”. En la votación destacó también el voto a favor del diputado de Renovación Nacional (otro de los partidos de derecha) Gaspar Ortiz, luego de que su coalición se abstuviera de apoyar la indicación del gobierno y la UDI rechazara la reforma.
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