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El mundo|Domingo, 27 de abril de 2014
EL ASESINATO DE UN JOVEN DESATA LA FURIA CONTRA LA POLICIA “PACIFICADORA” EN BRASIL

Batalla en las calles de Copacabana

Vecinos de la favela Pavao Pavaocinho, al grito de “¡Policía asesina!” y “¡Justicia, justicia!”, ocuparon la avenida Nossa Senhora de Copacabana, horas después del asesinato de Douglas Rafael da Silva Pereira, ocurrido en la noche del lunes.

Por Darío Pignotti
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Policías enfrentan a residentes de la favela Pavao Pavaocinho en Río de Janeiro.

Desde Río de Janeiro

Del morro y al asfalto. En Río de Janeiro decir “soy del morro” significa que uno es parte de los casi dos millones de personas hacinadas en alguna de las 700 favelas de calles irracionales que desembocan en el “asfalto”, nombre dado a las avenidas que unen, o trazan, una frontera entre las comunidades humildes y el resto de la ciudad.

Esos dos mundos socialmente distantes se cruzaron el martes cuando vecinos de la favela Pavao Pavaocinho, al grito de “¡Policía asesina!” y “¡Justicia, justicia!” ocuparon la avenida Nossa Senhora de Copacabana, horas después del asesinato de Douglas Rafael da Silva Pereira ocurrido en la noche del lunes.

La rabia de los cientos de manifestantes llegados desde lo alto del Morro Cantagalo (donde hay una vista panorámica de la playa) sacudió la rutina del barrio Copacabana, sobrevolado por helicópteros en apoyo del Batallón de Choque de la Policía Militarizada, mientras en los hoteles ubicados frente al mar se aconsejaba a los turistas, muchos extranjeros, que evitaran alejarse demasiado.

Durante algunas horas saltó a la vista la guerra invisible librada diariamente por las fuerzas de (in)seguridad contra los pobres, agravada paulatinamente desde 2008 cuando comenzaron a implantarse las Unidades de Pacificación Policial (UPP), cuya finalidad era erradicar el narcotráfico y garantizar el orden durante la Copa del Mundo que dará inicio dentro de 46 días y las olimpíadas de 2016.

Hasta ahora “no se logró que la población (de las favelas) vea a las UPP como algo suyo, que vean que las UPP están para protegerla...(la gente las ve) como fuerza externa de invasión”, observó Ignacio Cano, investigador del Centro de Análisis de la Violencia de la Universidad Estadual de Río de Janeiro.

El cuerpo de Douglas Rafael da Silva, bailarín de 26 años que integraba el elenco del popular programa Esquenta (calentate) de la TV Globo, fue encontrado el martes pasado dentro de una guardería infantil en el morro Cantagalo, de la favela Pavao Pavaocinho, donde había ido a visitar a su hija de 4 años.

Inicialmente la policía deslindó toda responsabilidad en el fallecimiento de Da Silva Pereira atribuyéndolo al golpe que habría recibido cuando cayó de lo alto de un muro, versión desmentida por una foto publicada en un diario carioca y diseminada en Internet, en la que se ve su cuerpo ensangrentado con un orificio de bala.

La imagen rudimentaria registrada por el celular que pertenecería a un vecino desmontó la mentira policial obligando al comisario a cargo de la investigación a reconocer que la víctima fue asesinada y admitir que los responsables podrían ser agentes de la Unidad de la Policía Pacificadora (UPP) establecida en la barriada.

La manifestación ocurrida en plena avenida Nossa Senhora de Copacabana el martes y la ostensiva represión policial que dejó un joven muerto (al parecer por una bala de fusil) fue presenciada por miles de residentes de ese barrio de clase media y decenas de miles de internautas que visitan los sitios creados para rebatir la desinformación metódica del grupo Globo.

“No voy a dejar que la muerte de mi hijo caiga en el olvido, agradezco mucho a los vecinos de la comunidad (Pavao Pavaocinho), si no fuera por ellos mi hijo hubiera ido a una bolsa de residuos” para hacerlo desaparecer como ocurrió con el albañil Amarildo de Souza en la favela Rocinha, advirtió la madre de Douglas, María de Fátima da Silva, furibunda, mirando de frente a las cámaras.

Si el asesinato del bailarín ocurrido el lunes pasado permitió una momentánea visibilidad de la guerra urbana, el comienzo de este aparente levante en las favelas, donde se percibe una mayor presencia de grupos organizados, comenzó a despuntar en 2013.

En julio del año pasado, incluso durante la visita del papa Francisco a Brasil, se realizaron nutridas movilizaciones, de las que participaron no sólo vecinos de las barriadas pobres sino también militantes universitarios, en repudio por el secuestro, tortura y desaparición del albañil Amarildo de Souza, ocurrido en la UPP de la favela Rocinha, próxima a las playas del sur de Río a la barriada Pavao Pavaocinho.

La enfermera María Fátima da Silva parece ser el emergente de esa multitud de cariocas hartos de vivir bajo el yugo de las UPP, que luego de erradicar (provisoriamente) la tiranía de los narcos transformaron a las comunidades pobres en zonas de excepción donde impera un Estado de Derecho de baja intensidad.

Posiblemente sea cierto que en la protesta por la muerte de Douglas Rafael hubiera miembros del grupo Comando Vermelho, que controla el narcotráfico en la zona, pero ese dato parcial no autoriza la versión dada a coro por la policía y el grupo Globo, de que el crimen organizado dirige a los manifestantes como títeres.

Durante el velatorio de su hijo, la señora Da Silva anunció que hará lo posible para denunciar el caso en el exterior y obtener el concurso de peritos imparciales para contrastar el laudo de los expertos de la policía, para lo cual recibió el apoyo de Amnistía Internacional. “Lamentablemente el índice de homicidios de jóvenes en las favelas es alarmante, la policía brasileña está entre las que más mata en el mundo según datos de la ONU”, señaló esa organización humanitaria.

“Amnistía Internacional Brasil pide no sólo que las muertes sean investigadas, esclarecidas y hallados sus responsables, sino que además se reconozca la necesidad urgente de cambios en las estructuras policiales que incluya el control externo de sus actividades”. De ese modo, el comunicado de Amnistía toca en un punto crucial: la impostergable supresión de la Justicia militar para juzgar delitos cometidos por la policía, un lastre institucional heredado de la dictadura que garantiza impunidad a los crímenes cometidos por los agentes.

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