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Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron ayer que, de acordarse la paz con el gobierno colombiano, participarán en política de manera legal a través del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (MBNC), el brazo político de la guerrilla, aún clandestino. “Aquí está el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, dispuesto a, si se alcanza la firma del acuerdo final, hacer un partido político abierto, legal, que recoja a las mayorías inconformes”, señalaron en un comunicado los negociadores de las FARC que, desde hace más de un año, participan en La Habana en el diálogo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. La delegación manifestó que el objetivo de este nuevo partido sería “proseguir la lucha por la democracia, la reconciliación y la justicia social”, según el texto.
“El Movimiento Bolivariano está listo para continuar su avance, por la Nueva Colombia, ojalá en un nuevo escenario signado por la paz; pero en todo caso ondeando el amarillo, azul y rojo de la emancipación, levantando ahora su voz por la Constituyente que rehaga el país”, añadieron las FARC en su declaración. El MBNC es considerado el brazo político de la guerrilla y fue fundado el 29 de abril de 2000 en la zona colombiana del Caguán, donde se desarrolló el anterior intento de diálogo de paz.
El año pasado, Iván Márquez, número dos de las FARC y jefe de los negociadores del grupo, indicó que la guerrilla impulsa partidos y movimientos políticos, entre ellos el MBNC y el Partido Comunista Clandestino. Las FARC y el gobierno colombiano negocian desde fines de 2012 en La Habana un acuerdo para poner fin al conflicto interno armado que vive Colombia desde hace más de medio siglo. Las delegaciones llegaron a acuerdos preliminares en reforma rural y participación política, dos de los seis puntos de la agenda convenida.
En la actualidad, la mesa de diálogo debate la erradicación de los cultivos ilícitos y quedan pendientes los puntos del desarme, reparación de las víctimas del conflicto y el modo de darle legalidad y vigencia a un eventual acuerdo de paz final. La delegación oficial, que encabeza el ex vicepresidente Humberto de la Calle, se abstuvo de hacer declaraciones sobre el MBNC.
Las FARC condicionaron la continuidad de los diálogos de paz a que el gobierno colombiano acepte una comisión de la verdad y se descarte la cárcel para sus dirigentes. El negociador rebelde Andrés París advirtió que el proceso de paz quedará suspendido si el gobierno colombiano se niega a conformar una comisión que investigue el origen del conflicto.
“Si no hay avance en esta comisión, ahí paran los diálogos”, expresó.
París aseguró además que se pretende mostrar a esa organización como la responsable de las víctimas que ha dejado un conflicto armado, que a su juicio surgió como respuesta a la “violencia estatal”.
Según el dirigente rebelde, “se prepara una base mediática para mostrarnos en el punto de víctimas como los responsables de los muertos y desaparecidos a lo largo de la guerra que por años ha afectado a Colombia”. París señaló que Santos intenta convertir la mesa de negociación de La Habana en un “tribunal de Nuremberg para juzgar guerrilleros”.
Consideró por ello que es necesario que aflore la verdad sobre preguntas como “quién inició el conflicto y quién tiene la mayor responsabilidad” en la guerra que ha vivido Colombia por más de cinco décadas. Las FARC descartaron de nuevo firmar un acuerdo de paz que signifique la prisión para sus comandantes. “No van a encontrar a las FARC suscribiendo el fin del conflicto y viendo a sus dirigentes en la cárcel”, sostuvo París.
En octubre pasado, durante las primeras conversaciones, hubo consenso en crear, siempre que se alcance la paz, unas condiciones especiales en una fase de transición para el caso de nuevos movimientos que se constituyan en partidos políticos. El acuerdo alcanzado establece que “se convocará en un evento nacional a los voceros de partidos y movimientos políticos para integrar una comisión que defina los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos que se declaren en oposición”. Esa comisión está pensada para facilitar “la participación de voceros de organizaciones y movimientos sociales, expertos y académicos” con propuestas para crear un Estatuto de la Oposición, según el documento.
En su momento, las partes anunciaron que el acuerdo sobre participación política “profundiza y robustece” la democracia colombiana “ampliando los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición, al igual que espacios de participación de política ciudadana”, con el objeto de promover el pluralismo, la inclusión política y la transparencia en los procesos electorales. En el caso de llegarse a un acuerdo definitivo de paz, esta resolución contempla cambios institucionales “para facilitar la constitución de partidos políticos y el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política para su constitución como partidos”.
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